ANÁLISIS

El gobierno de Sebastián Piñera pospone por tercera vez la elección de convencionales que redactarán la nueva Constitución chilena

El Legislativo aprobó la propuesta del Ejecutivo de postergar una vez más el día en que se votará a quienes redacten la Constitución que sustituirá el legado de Pinochet

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Durante los más de treinta años de democracia electoral que siguieron en Chile al fin de la dictadura en 1989, la revolución constitucional había sido la iniciativa política más esperada por la sociedad y la más demorada por las autoridades sucesoras del general Augusto Pinochet Ugarte en la gobierno nacional. La República chilena vive hoy bajo y según un ordenamiento institucional y legal dejado en obligatoria herencia sin beneficio de inventario por el régimen militar que había 'guiado' y 'controlado' una transición que había ocurrido según sus reglas.

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado planificado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad puso violento fin a la 'vía chilena al socialismo' y derrocó a Salvador Allende, elegido presidente en 1970 como candidato de la Unidad Popular (UP), quien se suicidó cuando el fuego del bombardeo aéreo incendió el colonial Palacio de la Moneda, sede presidencial en Santiago. Los hechos relevantes para la historia constitucional chilena que llevan desde la toma del poder por la Junta Militar por motivos alegados de salvación nacional hasta la tercera postergación de la fecha de las elecciones de convencionales constituyentes por motivos de salud pública son llamativamente pocos.

En 1980, juristas conservadores redactan una Constitución a la medida de Pinochet, que la aprueba, y un plebiscito dudoso consagra su validez. Entra en vigor en 1981 y Pinochet ingresa a La Moneda, restaurado el Palacio del bombardeo, como presidente constitucional con mandato de ocho años. En 1988, un nuevo plebiscito, dispuesto por el mismo texto constitucional, le niega un segundo mandato a Pinochet, y entonces gatilla una cláusula de llamado a elecciones pluripartidarias. Los gobiernos electos se regirán -desde el democristiano Patricio Aylwin hasta el centro-derechista Sebastián Piñera- por esta Constitución, que incluían varias cláusulas transitorias, como la que aseguraba una senaduría vitalicia a Pinochet.

Se le harán reformas, poco más de medio centenar, hasta 2020, todas ellas parciales. De los 120 artículos originales se ha pasado a 147. Ni los partidos de centro-izquierda de la Concertación, ni la oposición de centro-derecha o derecha va a fondo en el asunto. Sólo una insurrección popular, en 2019, hace reaccionar al gobierno y a la clase política, que primero con convocan un plebiscito a celebrarse 2020 para medir la magnitud de la demanda constitucional -ganó el sí por casi un 79% en la votación con mayor asistencia de la democracia-, a partir del cual se convocan a elecciones para convencionales. Que son las que ya han sido tres veces postergadas. El plebiscito ya había sufrido una postergación, del 26 de abril al 25 de octubre de 2020.

No hay que deplorar que las tablas de sangre de crímenes, desapariciones, represión, inteligencia, degüellos y ejecuciones territoriales y extraterritoriales de todo competidor por el poder o que el optimismo sádico de los esplendores y miserias de la 'vía chilena al neoliberalismo' económico que sacrificaba todo en el altar de la competitividad y de las ventajas comparativas escriban de los capítulos menos edificantes -pero más ejemplificadores- en la crónica latinoamericana del último medio siglo.

El hecho de que el monopolio del poder quedara siempre entre los políticos tradicionales, en una casta profesional, tal vez haya influido en el que ningún gobierno tuviera el empuje y entusiasmo suficiente para movilizar el cambio radical, y que este viniera al fin de organizaciones y movimientos de base, grupos indígenas y colectivos feministas, alcaldes y otras organizaciones territoriales, grupos sindicales y de diversas artes y profesiones: 18 millones de "vándalos", según resumió la radio de la Universidad de Chile (pública), en un país de menos de 20 millones de habitantes: todos y todas.

Si bien todavía no se sabe cómo influirá la pandemia sobre cómo votará el electorado chileno en las presidenciales chilenas del 21 de noviembre, sí ha influido hasta ahora, y mucho, sobre la decisión de fijar las fechas de las jornadas electorales. Faltando menos de una semana para las elecciones de municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes que iban a celebrarse el sábado, el miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile debatía en comisión mixta puntos del pedido del Ejecutivo de Sebastián Piñera, fundado en un rebrote de Covid-19, de postergar su celebración en más de un mes. A pesar del debate pendiente sobre determinados puntos complementarios, en lo sustancial ya habían sido aprobadas como nuevas citas electorales los días 15 y 16 de mayo.

No es la primera vez, sino la tercera, que se fija una fecha para ellas.​ Originariamente previstas para el domingo 25 de octubre de 2020, fueron postergadas al 4 de abril debido a la pandemia. Al advertir que la fecha coincidía con las festividades religiosas de Semana Santa, fueron postergadas nuevamente en una semana, quedando fijadas para el 11 de abril. Entretanto, habían sido objeto de una nueva modificación. Debido a la pandemia, el 11 de marzo fue votada una ley que determinó que los comicios se desdoblarían en dos jornadas: el sábado 10 y domingo 11 de abril (ahora 15 y 16 de mayo), convirtiéndose en la primera elección en Chile que se realizaría en más de un día. Un punto que debaten ahora diputadas y diputados es si se declararán feriados los dos días para los trabajadores en relación de dependencia. 

Bajo el dominio colonial español, el capitán general Gabriel Cano de Aponte había gobernado Chile por 15 años y 10 meses (1717--1733). Cuando dejó la presidencia, Pinochet había batido ese récord de la historia nacional: había gobernado ocho meses más. Y su huella ha sido, hasta ahora, más indeleble y más invisible. En su régimen, las 25 provincias se transformaron en 13 regiones bautizadas sólo con números romanos. Es para ellas que, si la fecha no sufre un nuevo desplazamiento, se votarán gobernadores en mayo.

Para el oficialismo, demolido en su popularidad por las revueltas de 2019, cada día hacia adelante es una ventana de oportunidad para reponerse sobre la base de la exitosa masividad de la vacunación (algo diferente de exitosa vacunación masiva) y de una esperable recuperación económica. Ya se contabilizan más de 6,4 millones de personas vacunadas, casi la mitad con las dos dosis, y la vacunación progresa a una medida que coloca a Chile entre los más veloces del mundo. Según las autoridades epidemiológicas, no obstante, solo a partir de mediados de abril comenzará a verse el efecto, y el gobierno por tanto a recoger algún fruto. En el interior del país, hay récords de más de 7.000 nuevos casos diarios en las últimas jornadas y la capacidad hospitalaria está al borde del colapso.

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