En tiempos de crisis es prioritario defender el acceso a la justicia de los sectores más vulnerabilizados

María tiene 29 años, vive en Moreno, tiene un hijo que se llama Matías, convive con un marido violento y nunca tuvo DNI. María trabaja unas horas por la mañana cuidando a una señora mayor en la Ciudad de Buenos Aires mientras Matías está en el jardín. Un mediodía de calor yendo a la estación de Once para volver a su casa vio un local con un cartel de Anses y decidió entrar a preguntar por qué no cobraba la AUH. 

Esta historia es verdadera y, también, repetida. En Argentina, miles de personas se enfrentan cada día a necesidades jurídicas como las de María y no saben qué hacer. Necesidades que aunque muchas veces no se identifican o reconocen afectan directa y brutalmente la vida cotidiana de las personas. 

Lo que María vio ese día fue un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), oficina que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Estos dispositivos brindan atención legal primaria para resolver cuestiones administrativas (tramitar un DNI, un subsidio) y jurídicas (asesoramiento e intervención en desalojos, derecho de familia, violencia de género) desde una perspectiva integral y centrada en las personas. Conforman la política pública a nivel nacional que de manera más sistemática y extendida busca trabajar en la identificación y resolución de estas necesidades. 

Desde 1990 los gobiernos nacionales en Argentina han sostenido políticas de este tipo, con diferentes características en cada período, hasta adoptar la forma de los Centros de Acceso a Justicia. La Dirección actual fue creada en 2008 y desde entonces todos los gobiernos que se sucedieron la continuaron con distintas improntas, pero manteniendo una política federal que permita trabajar para el acceso a la justicia de las personas más vulnerabilizadas. 

Según datos oficiales, entre el año 2016 hasta el 2022 los centros atendieron más de 1,3 millones de consultas. En su mayoría, personas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, y mujeres, que no podrían obtener respuestas administrativas y jurídicas y acceder a la justicia por otros medios.

Los CAJ son un punto de referencia en acceso a la justicia nacional y también son reconocidos internacionalmente. De conjunto constituyen un dispositivo de asistencia directa a los sectores de la sociedad que se encuentran en peor situación, un paso para que la justicia pueda ser para todas las personas y una necesidad ineludible en un contexto de crisis económica y social como el actual. Sin embargo, en la actualidad esta política se encuentra en riesgo debido a recortes presupuestarios y el despido de trabajadoras de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Además, si el gobierno nacional no amplía el presupuesto destinado a la actividad acceso a la justicia, dada la inflación interanual promedio de 250%, el mismo va a ser un 66% menor al de 2023. 

Aquella mañana, María entró al CAJ de Once para consultar por la AUH y encontró un espacio en donde una trabajadora social, una psicóloga y una abogada la acompañaron durante meses en un proceso que empezó con un DNI; siguió con la regularización del cobro de la AUH y continuó con una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica que le permitió dejar de vivir con su marido. 

La autora es abogada y coordinadora del programa Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).