Violencia institucional y conflictos de baja intensidad: estar alertas en tiempos de retroceso

En la Argentina actual, la violencia institucional y política promovida por el Gobierno Nacional se despliega de forma sistemática. No es una excepción, sino una metodología que produce daños directos e indirectos, tanto individuales como colectivos. Se manifiesta a través de políticas de ajuste, recortes, eliminación de programas y regulaciones, y un agresivo endeudamiento con el FMI. Esta lógica de gobierno niega su responsabilidad democrática: representar incluso a quienes no lo votaron y respetar las reglas de convivencia institucional que juró honrar.

Esta forma de ejercicio del poder se inscribe en un contexto global donde las democracias se ven amenazadas por el avance del capital financiero especulativo, la naturalización de las guerras y el vaciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos. La nominación de Trump al Nobel de la Paz por parte de Netanyahu en medio del genocidio en Gaza no solo es una provocación: es la expresión de una época que relativiza el horror y una alerta acerca de cómo toda la diplomacia dedicada a la defensa de los derechos humanos que avanzó desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad está quedando obsoleta o directamente anulada, eliminando cualquier resquicio de posible aplicación.

Multipolaridad, soberanía y el desguace estatal

Frente a esta realidad, queda abierto un profundo debate respecto a la reestructuración de los organismos internacionales, el agotamiento del modelo que a la fecha supo proponer Occidente, así como las dinámicas que abre la multipolaridad y las iniciativas como los BRICS (recordemos que Milei rechazó la incorporación de Argentina) que formulan articulaciones comerciales más respetuosas de los procesos y reconocen las diferencias entre los Estados.

En Argentina se profundizan las desigualdades sociales y socioeconómicas y la pérdida de soberanía nacional frente a potencias extranjeras avanza a un ritmo desenfrenado (la agenda de Israel, Estados Unidos e Inglaterra frente a la cuestión Malvinas), una dinámica intrínseca al avance del endeudamiento y la “motosierra” que destruye toda regulación estatal frente al capital especulativo y los negocios de unos pocos intereses.

Un proceso acompañado por una creciente violencia institucional y política. Toda persona adversaria u opositora del ámbito político, social, comunicacional es tratada como enemiga, alguien a quien expresamente dicen que hay que aniquilar. Así lo vivimos luego de la última sesión del Senado Nacional que aprobó un aumento de las jubilaciones, ayudas para las personas con discapacidad y la aprobación de los proyectos de coparticipación impulsados por las gobernaciones. La respuesta en redes sociales de los voceros para-oficiales de la Libertad Avanza fue llamar a un golpe de Estado: tirar bombas y cohetes al Congreso con todos los legisladores adentro (por suerte, como no se ocupan de las legisladoras mujeres ni siquiera para mencionarlas, por ahí ellas se salvan de la matanza. Valga como ironía del destino que vuelve positivo que usen sólo el masculino).

Definitivamente, esta referencia no está para tomarla a la ligera ya que constituye un claro ejemplo de violencia institucional. Más si se toma en cuenta que en nuestro país tenemos el antecedente de los bombardeos a la Plaza de Mayo de 1955 por el que murieron más de 300 personas, ataque que alcanzó un colectivo escolar lleno que estaba de excursión por la zona.

Lawfare, conflicto de baja intensidad y disciplinamiento

Frente a esta desproporcionada pirotecnia verbal, hasta la fecha no hay respuestas acordes desde resortes estatales clave como el Poder Judicial, ocupado en su rama “partido judicial” en lo que se conoce como “guerra jurídica” o lawfare. O sea, usar el Derecho para socavar a quienes no se alinean con el poder dominante. A este concepto cabe sumarle el de conflicto de baja intensidad, que nos permite ver cómo, de forma paulatina y constante, se van expandiendo prácticas que selectivamente están orientadas al debilitamiento de la democracia y al asedio a los partidos populares como el peronismo. Estrategia que se ajusta, de manera planificada, con las expresiones neo-fascistas de la derecha y ultraderecha internacional.

En estos días vivimos claros y graves ejemplos de estos conflictos de baja intensidad: la condena y prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner -con la nota de color de colocación de tobillera electrónica- y las detenciones arbitrarias y carentes de garantías procesales de militantes peronistas. Tirar bosta y poner un pasacalle en una vereda se transformó en un hecho mucho más grave que amenazar con un golpe de Estado sangriento por parte de personajes influyentes de la esfera política del Gobierno nacional. En esta misma medida, el ataque al periodismo a través de expresiones extremas como fue la difusión de un video creado con inteligencia artificial con el objetivo de exponer y dañar a la periodista Julia Mengolini. Todo hace parte de un mismo clima de época que les permite ir corriendo el arco de lo decible en política para generar un ambiente cada vez más autoritario. Por supuesto, se suma gasear y apalear en las manifestaciones de todos los miércoles por una jubilación digna y romperle el cráneo a Pablo Grillo, reportero gráfico al que acabaron responsabilizado por el balazo que recibió y que fuera disparado por las fuerzas de seguridad nacionales.

Nada de “baja intensidad” para quienes lo sufren

Nombrar estos hechos como conflictos de baja intensidad no implica minimizar su impacto. Por el contrario: quienes padecen en carne propia estas violencias viven consecuencias devastadoras. Estigmatización, persecución judicial, exclusión del espacio público y daños subjetivos de alto costo político y personal.

Frente a esto, es urgente visibilizar, acompañar a las víctimas, reclamar la libertad de Cristina y denunciar el uso arbitrario del sistema penal como herramienta de disciplinamiento. La violencia institucional no puede ser el nuevo lenguaje de la política.

Reforma judicial y horizonte democrático

A la par, debemos seguir construyendo masa crítica en torno a la necesidad de una profunda reforma judicial con perspectiva feminista y popular. México acaba de dar un ejemplo con su reforma judicial: ésta posibilitó elegir a más de 800 integrantes de distintos niveles del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema y consagró la paridad de género (de nueve integrantes, 5 son mujeres y 4 varones) y que la presidencia sea ocupada por un abogado mixteco especialista en indigenismo, Hugo Aguilar. Algo que, como dijo la presidenta Claudia Sheinbhaum, sólo es posible por el voto del pueblo.

La salida es colectiva

Por más alejado que hoy veamos en Argentina lo que está sucediendo en países hermanos como México, es importante señalar temas que serán agenda urgente en tiempos de reconstrucción institucional. Para transitar hacia allí, requerimos volver a poner en el centro el papel de la política, pero la política que está al servicio de la ciudadanía y no la que se usa contra ella. Llevarlo a la práctica implica denunciar la violencia institucional y política y las estrategias del conflicto de baja intensidad. No podemos permitirnos el retroceso en las conquistas sociales que marcaron nuestro tiempo, que hacen al bienestar colectivo y que nos guían para reconstruir los temas pendientes.

Frente a la punición, el autoritarismo y la violencia institucional y política tenemos que profundizar la reflexión antipunitivista, que pone el acento en las respuestas comunitarias, colectivas, que recuperan el valor de la politicidad transformadora. Necesitamos cortar el proceso de extrema individuación a la que nos convoca el libertarianismo. Es evidente que el discurso de que ‘cada uno se salva solo’ fracasó. En este camino, se vuelve necesario articular una crítica que ponga límite a la violencia institucional y política y denuncie su uso impune, ya que el horizonte se vuelve más cercano cuando caminamos colectivamente, como bien nos siguen enseñando las Madres y Abuelas de la Plaza: con paciencia, tesón, amorosidad y mucha convicción. El tiempo donde el centro esté nuevamente puesto en garantizar el bienestar y los derechos de las mayorías llegará más temprano que tarde.

*La autora es Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires

MC