Casanello: “El proyecto Bien Restituido no sólo va a permitir desbaratar las bandas criminales, sino reparar a la sociedad”

Un proyecto de ley logró lo que parecía imposible: el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, desde Unión por la Patria (UP) hasta La Libertad Avanza (LLA). El proyecto de ley Bien Restituido es una iniciativa de un grupo de ONGs que busca la reutilización social y económica de bienes decomisados al crimen organizado y el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada en favor de la sociedad civil. Lo que plantean es un cambio total del sistema actual porque parte de un nuevo concepto: que las ganancias ilícitas se transformen en lícitas y se vuelvan a favor del desarrollo de la comunidad afectada por esos crímenes. Así, el producto de actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas hasta delitos ambientales y la corrupción serían aprovechados por la sociedad lesionada por los criminales.

“Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema”, afirma el juez federal Sebastián Casanello, uno de los impulsores y asesor jurídico de la iniciativa, en diálogo con elDiarioAR.

El proyecto de ley fue motorizado por la organización Libera, pionera en la restitución de bienes de las mafias en Italia, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina. Tiene, además, el apoyo de unas 50 organizaciones de la sociedad civil, desde Cáritas Argentinas, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). También de las tres centrales obreras, la organización Scholas Occurrentes, la Unión de la Economía Popular (UTEP) y cuatro asociaciones de jueces y fiscales.

En 2022, durante la presentación del proyecto, el Papa Francisco envió su apoyo a través de una carta, en la que sostuvo que el proyecto era para el Estado argentino “una oportunidad de volver a mirar a la gente creando oportunidades allí donde no existían (porque el crimen organizado suele ocupar los espacios donde las instituciones están ausentes o funcionan mal)”. 

Luego de tres años de trabajo y un concurso ganado ante la Unión Europea (UE), el proyecto de ley fue presentado el 2 de mayo último en Diputados, con una mesa que incluyó a los diputados Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D´Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).

–¿Cómo nació este proyecto de ley? 

–La idea original es de Emiliano Cottini y Lucas Manjón (Libera), dos grandes referentes de la sociedad civil. Ellos se enteran de la convocatoria de la Unión Europea (UE) dirigida a proyectos de la sociedad civil. Nosotros estábamos trabajando, estudiando el modelo italiano, y ellos vieron ahí la oportunidad de presentarse al concurso de la UE y formular un proyecto que viniera de la sociedad civil y que intentara generar una política pública de restitución de bienes recuperados. Me lo cuentan, a mí me parece muy interesante y di mi visión siempre como un operador judicial y desde mi punto de vista de la técnica jurídica. Lo interesante es que la idea venía de la sociedad civil en busca de una política pública porque vos podés tener proyectos en la sociedad civil que repercuten de manera indirecta en el Estado, pero este era un proyecto que salía de la sociedad civil y buscaba que se consolide una política pública de uso social

–¿Por qué estudiaban el modelo italiano de recuperación de bienes?

–Porque es el más importante a nivel mundial. Es reconocido por el GAFI, de donde surgen todas las políticas para perseguir el lavado de activos. Una de esas políticas es recuperar los bienes, pero si vos pensás en recuperar los bienes del crimen organizado tenés que pensar en cómo los vas a administrar. Cuando se discute entre los países cómo administrar eficientemente sobresale Italia como país líder con un sistema virtuoso de administración de bienes recuperados. El mundo entero lo está viendo. Nosotros lo conocíamos desde hacía varios años por la vinculación que teníamos con Libera. En vez de ser algo que viene desde arriba y busca ser impuesto, obedece un poco a una demanda ciudadana. Y eso es lo robustece.

–Durante la presentación del proyecto, dijo en el Congreso que el sistema actual es obsoleto. ¿Cómo funciona?

–Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes. Hay provincias que tienen regímenes de administración de activos recuperados. Pero lo que hay es una ley vieja, de 1974, con modificaciones y parches posteriores, que tiene como objeto principal la subasta. La regla es la subasta porque el objeto secuestrado está concebido como un problema que hay que intentar solucionar lo antes posible. Y la mejor manera es subastar, ponerlo a la venta y convertirlo en dinero. Si bien tuvo buenas modificaciones a lo largo de las décadas, es una ley en la que no se advierten las oportunidades que puedan tener los bienes recuperados. Una década después, Italia da el primer paso señalando que la manera de desmantelar las organizaciones criminales que tienen esta dimensión económica era ir detrás de los activos de esas organizaciones, de la ganancia ilícita. Y luego da el segundo paso: una vez que se recuperan todos esos activos, que los puedan administrar desde la sociedad civil organizada. La ganancia ilícita no sólo incluye los objetos o efectos vinculados al delito, sino sus productos. En 2018, de manera muy concreta, la Corte Suprema ilumina el potencial que tienen los bienes recuperados en la reconstrucción del tejido social y en su importancia en el impacto en la ciudadanía. Hubo también iniciativas en el Poder Ejecutivo en la última década. 

–¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué propone de diferente este proyecto?

–Creo que primero hay que construir un sistema racional de administración de activos y tener una ley moderna actualizada que dé respuestas integrales a qué hacer con todos los activos que se están recuperando de la criminalidad. De ese modo se van a evitar los márgenes de discrecionalidad que ha habido y la porosidad que hay hoy. Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema. La racionalidad es una palabra sumamente importante en el Estado de Derecho, en un Estado moderno, porque supone que uno lo que busca es seguridad jurídica, estabilidad, reglas de juego claras: qué es lo que debe hacerse con los bienes recuperados; quiénes los tienen que administrar; cuáles van a ser las obligaciones y responsabilidades de estas personas que lo van a manejar.

–¿Por qué se necesita una ley?

–Si no están claros los principios, el operador judicial (jueces, fiscales) no va a aplicar verdaderamente bien la herramienta. Un sistema racional de administración de activos permite inventariar, documentar, establecer de antemano lo que hay que hacer con cada uno de los bienes que se recuperan. También tiene que tener una orientación ideológica: establecer por qué esto es importante. Esto es importante porque eventualmente va a permitir no sólo desbaratar las bandas criminales, sino reparar a la sociedad en su conjunto. El mundo, no sólo la Argentina, está considerando que la visión centrada en la reparación de las víctimas de los grandes delitos es sumamente importante. Eso nos obliga a pensar la criminalidad organizada como una criminalidad que genera muchas víctimas. No confundir con que no tienen víctimas porque muchas veces no hay nombres y apellidos. Son delitos con víctimas y son muchas las víctimas. La extensión de la jurisdicción (de la Justicia) no se agota en establecer penas, sino que va a buscar solucionar el conflicto porque hay víctimas. Si busca solucionar el conflicto, va a tener en cuenta la reparación. 

–Cuando habla de criminalidad organizada, ¿hasta dónde abarca este concepto?

–Italia lo circunscribió a las mafias. La criminalidad organizada en lo que define la Convención de Palermo, justamente, el instrumento de donde se derivan las líneas directrices sobre cómo encarar el fenómeno de la criminalidad. El crimen organizado supone una dimensión económica y es increíblemente sofisticado, funciona como una empresa, con racionalidad. Por eso es sumamente importante que la respuesta estatal sea racional. La racionalidad significa que va a funcionar como una empresa. Lo que busca es maximizar ganancias, y para eso va a tener un planeamiento y una proyección de lo que es su negocio, los va a cumplir a rajatabla y va a incorporar lo último, como las empresas modernas. El narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, los crímenes ambientales, variables que generan un enorme daño social.

–¿Se podría aplicar a delitos ambientales?

–Sin duda, por ejemplo en casos de empresas que en sus cálculos económicos eligen contaminar porque su objetivo es la obtención de ganancias. Una manera de pensarlos es desde la criminalidad organizada. Uno puede pensar en un campo donde había un bosque nativo que fue talado como explotación, violando las leyes que lo prohíben y que buscan conservar la biodiversidad, y puede ser incautado y convertido en una reserva de biodiversidad administrada por la comunidad junto con el Estado. Bueno, ese es un ejemplo de uso social de un bien recuperado de un delito ambiental.

–Dijo en su discurso en el Congreso que el uso social no es asistencialismo. ¿En qué se diferencia?

–Que el uso social no es asistencialismo significa que los bienes recuperados no se regalan. Cuando hablamos de que la administración de bienes recuperados lo hace la ciudadanía de la mano del Estado, el privado está continuando esta tarea que tiene el Estado de solución del conflicto. Es como la última pata de la solución del conflicto. No es una indemnización.

–¿No sustituye la indemnización, van por lados diferentes? 

–No es una indemnización, es darle la confianza sobre ese bien recuperado a la sociedad civil organizada. Siempre de la mano del Estado porque va a tener que hacerlo, de hecho, siempre con presencia estatal, ya sea del control estatal o de asistencia estatal. Quien administre está cumpliendo una función pública, va a tener que rendir cuentas. No es asistencialismo, es empoderamiento. Uno está llamando a la comunidad para que participe de la solución de conflictos del Estado. Por eso es que el proyecto escucha las iniciativas de la ciudadanía. La ciudadanía organizada no puede ser cualquiera.  

Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes.

–Cuando uno ve el modelo italiano, ve incluso fábricas recuperadas de la mafia administradas por organizaciones como Libera. ¿Cree que eso es posible en Argentina?

–Aún en Italia la recuperación de unidades productivas es la parte más difícil. Uno tiene cosas mucho más a la mano, más fáciles de realizar, y otras cosas más difíciles. Lo más ambicioso son las unidades productivas y es algo que ya en este momento hay que prestarle mucha atención porque la criminalidad organizada genera grandes ganancias que se transforman en inversiones que, a veces, se transforman en unidades productivas. Y también porque cada vez más se está hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas). La corrupción lo tiene incorporado hace años en términos de temas de lavado de activos y todo ese tipo de criminalidad asociada a la persona jurídica, al crimen que comete la persona jurídica. Entonces hay que pensar: ¿conviene liquidar la empresa y convertirla en dinero bancario? ¿O reconvertirla? Darle un uso social y legal, transformarla en un símbolo de la superación del delito por el Estado de Derecho, un símbolo de la civilidad que se impone frente a la intimidación. Esto es lo que sucede con una empresa que fue inversión de ganancia ilícita o es manejada de manera ilícita por capitales ilícitos y se transforma y se convierte en algo distinto, en algo virtuoso. Entonces esto también está previsto en el proyecto de ley y se prevé en la medida de lo posible, su continuidad resignificada, porque detrás hay puestos de trabajo, etcétera.

–Es un cambio importante…

–Es un cambio total de paradigma. A nosotros nos sorprendió que el proyecto llegara hasta estas instancias. La Unión Europea tiene un régimen muy estricto de selección de proyectos. Eso a nosotros nos obligó no sólo a hablar de racionalidad, sino a ser muy racionales en todas las etapas durante estos últimos tres años que lleva realizando el proyecto. Cuando fuimos a buscar el mapa completo, nos dimos cuenta de que en la Argentina, de manera desordenada, había muchas iniciativas de tribunales, fiscales y jueces que preveían que determinados bienes podían ser aprovechados por la comunidad a través del uso social. La sensibilidad ya estaba. Nosotros estamos visibilizando que eso tiene que convertirse en un sistema racional. Una política de Estado. El cambio de paradigma ya se estaba produciendo. Además la ley prevé que esté todo publicado en la web. En Italia también hay un proceso detrás de cómo transparentar utilizando las nuevas tecnologías. 

–El consenso de distintos sectores sociales, políticos y religiosos fue central en el camino de este proyecto de ley. ¿Cómo se logró ese consenso?

–Desde el comienzo tuvimos en claro que esto tenía que ser una construcción colectiva y verdaderamente plural o no se hacía. Lo primero que hicimos, por ejemplo, hace dos años fue la primera etapa de concientización. Hablamos con los operadores judiciales. Eso también es muy inusitado y creo que es muy valioso que en esta iniciativa no se buscó imponer desde arriba del Estado ni sorprender a la ciudadanía y a los operadores del sistema. A través del diálogo con la sociedad civil organizada se formaron alianzas, al igual que en el Congreso. Son parte de este camino. 

ED/DTC