Declaran dos testigos centrales en la causa contra Macri y Caputo por el acuerdo con el FMI
La jueza federal María Eugenia Capuchetti escuchará en los próximos días a dos testigos clave en la causa por la firma y destino de los fondos del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, que tiene entre sus imputados a Luis “Toto” Caputo, futuro ministro de Economía de Javier Milei.
Los citados son dos funcionarios de la Gerencia de Control de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN), Santiago Cámpora y María F. Ibáñez, informaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente. Deben declarar este miércoles 13 de diciembre y el próximo lunes 18 de diciembre. El informe había sido presentado ante el juzgado en abril último y las testimoniales se ordenaron antes de que Caputo regresara a la escena pública.
En diciembre de 2020 el fiscal federal Franco Picardi imputó a Macri, Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris (presidentes del Banco Central de la República Argentina, BCRA); a Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda de la Nación), Gustavo Cañonero (exvicepresidente del BCRA), Verónica Rappaport (exvicepresidenta segunda del BCRA), Enrique Szewach (exdirector del BCRA) y Mauro Alessandro (subgerente general del BCRA) por su presunta participación delictiva en la firma y ejecución del acuerdo con el Fondo. Fue luego de una denuncia presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Están imputados por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración pública.
El préstamo otorgado a la Argentina por parte del FMI fue suscripto el 12 de junio de 2018 entre el entonces Ministerio de Hacienda y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entonces, Caputo era aún ministro de Finanzas y asumió dos días más tarde, el 14 de junio, como presidente del Central. Ejercería el cargo hasta octubre de ese año, cuando renunció. Caputo sostuvo entonces que dejaba el cargo “por motivos personales”, pero más tarde trascendieron versiones que sostenían que debió dar un paso al costado a pedido del FMI.
El caso
En junio de 2018 se había habilitado un endeudamiento a 36 meses por unos U$S50.000 millones, cifra que se amplió en octubre de 2018 a US$57.000 millones. Los montos efectivamente desembolsados fueron de casi US$45.000 millones. El informe de la AGN es pieza central en la causa, ya que cuenta con el análisis de supuestas irregularidades e incumplimientos por parte de los exfuncionarios en el préstamo más importante en la historia de Argentina y del FMI. Es, además, el primer informe del organismo sobre un acuerdo con el Fondo.
“El financiamiento superó ampliamente el monto máximo definido en condiciones de acceso normal”, dijo el organismo de control. Sin embargo, “no consta en los expedientes ni se mencionan en el Acuerdo suscripto antecedentes de análisis en relación con el otorgamiento excepcional a la Argentina”.
Sobre las implicancias económicas del acuerdo, la AGN estimó que “el préstamo con el FMI representó un 8,8% en 2018 y un 14% en 2019 de la deuda directa” y el 50% de la deuda multilateral.
Sobre Caputo, uno de los puntos centrales de su imputación es por su decisión como presidente del Banco Central de intervenir en el mercado de cambio por fuera de las subastas con fondos del préstamo, hecho que habría terminado provocando su renuncia.
En su querella, el gobierno de Fernández había resaltado que en los estatutos del propio FMI se establece la prohibición de que “los empréstitos tomados por los Estados sean utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales especulativos; pese a lo cual el dinero del Fondo se utilizó para dicho fin”.
El Ejecutivo también estableció en su denuncia que “recién se tomaron medidas de control de cambios una vez que los grandes especuladores financieros” tenían su dinero a salvo en el exterior.
El préstamo ingresado por el FMI “fue utilizado para el mantenimiento de una gravosa y dañina especulación financiera con fuga de capitales a tasas que promediaron el 75% en dólares con las LEBAC que luego fueron reemplazadas por las LELIQ”, aseguró el Ejecutivo.
Irregularidades
De acuerdo con el informe de la AGN que los testigos deberán explicar ante la jueza y el fiscal, “el préstamo con el FMI no fue autorizado ni suscripto por autoridad competente de acuerdo con la normativa aplicable a la gestión del crédito público, ya que fue firmado por el Ministerio de Hacienda, que no tenía asignadas normativamente las funciones relacionadas al crédito público”.
Además, “no surge de la evidencia cuáles son las versiones definitivas del Acuerdo (existen múltiples versiones del texto, sin poder determinarse cuál es la definitiva)”.
“Dos de los desembolsos del préstamo efectuados en 2018 no fueron ingresados al presupuesto vía Decreto o Decisión Administrativa, que representa el 30% de los fondos del préstamo”, afirmaron los técnicos de la AGN.
Se observó una salida de capitales considerable y continua, alcanzando el máximo de la década.
“Una parte de los recursos provenientes del Acuerdo se aplicaron al pago de servicios de la deuda, gastos y honorarios”, resaltó la AGN. “Otra porción se aplicó al pago de obligaciones de comercio exterior relacionadas al mercado energético, todos ellos conceptos presupuestarios”.
“Parte del primer desembolso se mantuvo depositado en una cuenta especial en el BCRA (Cuenta de Fortalecimiento de Reservas) durante 2018 (U$S7.500 millones) hasta octubre de 2019, cuando fue aplicado también al pago de servicios de la deuda y gastos (uso presupuestario)”, surge del análisis de los expertos.
El proceso tampoco fue eficiente en relación con la rendición de cuentas y la trazabilidad del uso de los fondos, concluyó la AGN. De hecho, los técnicos afirmaron que “la trazabilidad de los fondos se informó a través de planillas en formato Excel, de operatoria manual”.
¿Qué deudas pagaron con los fondos del FMI? Se detectó que el 71% de los fondos fueron utilizados para cancelar servicios de deuda emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el propio gobierno de Macri.
Durante el período del acuerdo con el Fondo “se observó una salida de capitales considerable y continua, alcanzando el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019)”, afirmaron los expertos de la AGN.
¿Hizo algo el gobierno de Macri para evitar la sangría de los fondos del FMI? “La implementación de medidas para evitar la salida de capitales se dio en septiembre de 2019, una vez realizados los 5 desembolsos de los fondos del préstamo del Fondo, resultando tardía”, sostiene el informe de la AGN.
ED/DTC
0