Jorge Macri impone que los habitantes de CABA tengan prioridad en los servicios de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una medida que marca un cambio en el acceso a los servicios públicos: a partir de ahora, los residentes porteños tendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros al momento de solicitar turnos, cupos o vacantes en la administración local. La decisión fue formalizada mediante el decreto N°142-26, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La iniciativa amplía el alcance de la denominada “Prioridad Porteña”, una política que había comenzado a implementarse en marzo de 2025 dentro del sistema de salud pública. En esta nueva etapa, el criterio se extiende a la totalidad de los servicios que presta el Estado porteño, consolidando un esquema de atención que prioriza a quienes residen y tributan en la Ciudad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca ordenar la demanda y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de una restricción de acceso, sino de un mecanismo administrativo que establece un orden de atención basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, Jorge Macri fue enfático al justificar la decisión. Sostuvo que durante años los porteños asumieron costos derivados de falencias de otras jurisdicciones y aseguró que la medida pone fin a esa situación. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, afirmó el mandatario.

No obstante, el decreto establece límites claros para evitar situaciones de desprotección. En casos de urgencias o emergencias sanitarias, la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción de domicilio, garantizando el acceso universal en situaciones críticas.

El sistema de salud pública porteño es uno de los ejes centrales de la discusión. Según datos oficiales, durante 2025 se realizaron más de 30 millones de prestaciones, con un incremento del 30% en la oferta de consultas. Además, el área quirúrgica registró más de 12.000 intervenciones adicionales, reflejando una creciente demanda sobre el sistema.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad apunta a los denominados “tours sanitarios”, es decir, personas que residen fuera de la Ciudad pero utilizan sus servicios de manera habitual. Desde la administración consideran que esta práctica genera una sobrecarga que termina siendo financiada por los contribuyentes porteños.

La implementación de la medida estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que deberá coordinar con las distintas áreas de Gobierno la adecuación de los procedimientos internos. Sin embargo, algunas áreas, como la seguridad pública, quedarán excluidas de este esquema de priorización.

En paralelo, el Gobierno porteño elevó un reclamo a la provincia de Buenos Aires. Exigió al gobernador Axel Kicillof que asuma el costo de la atención de personas en situación de calle provenientes de su jurisdicción. Según indicaron, esta responsabilidad está contemplada en normativa nacional, aunque aseguran que no se cumple de manera efectiva.

La medida, que ya genera debate político y social, abre un nuevo capítulo en la relación entre la Ciudad y la Provincia, al tiempo que plantea interrogantes sobre el alcance y las consecuencias de priorizar el acceso a servicios públicos en función del lugar de residencia.