La reunión duró 45 minutos y quedó opacada por la suba récord de contagios y muertes. Se concretó porque estaba pautada de antemano. Pero a tres días para que venza el DNU presidencial con las restricciones a la circulación, la atención de los presentes estaba más enfocada en acordar el escenario que se viene en el AMBA relación a la pandemia. “Fue cordial”, coincidieron los voceros de los tres varones reunidos en la Casa Rosada: el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, los ministros Martín Guzmán y Eduardo “Wado” de Pedro. Aunque más que cordial fue una competencia larvada por ver quién mostraba un mayor espíritu dialoguista.
Lo cierto es que no existía mucho terreno para avanzar y alcanzar un acuerdo sobre la quita de fondos coparticipables a la Ciudad: Rodríguez Larreta se aferra a un pronunciamiento favorable de la Corte Suprema, mientras el gobierno nacional pretende una salida negociada, en la que la Ciudad acepte el recorte aprobado por ley. Para eso cuenta con el apoyo de todos o casi todos los gobernadores y sus ministros de Economía, nucleados en la Comisión Federal de Impuestos (CFI).
En concreto, se pactó la conformación de equipos técnicos para seguir pingponeando el monto fino de los recursos que la Ciudad necesita para financiar los servicios de seguridad transferidos a la Capital. Pero ambas partes están lejísimos de un acuerdo político, tal como pretende la Corte Suprema. Según la ley aprobada, la CFI debe dar una opinión técnica sobre el fondo a girar para cubrir los gastos de la policía. El larretismo no tiene expectativas sobre la mirada que podrían dar los ministros provinciales: “De los 24 gobernadores, hay 19 peronistas: tenemos la cancha inclinada, peor que River con la Conmebol”, metaforiza un funcionario porteño (futbolero).
El lunes pasado, hubo un encuentro muy discreto y previo al de este martes entre Rodríguez Larreta, Guzmán y De Pedro. Por la Capital, participaron el Secretario de Justicia y Seguridad Marcelo D'Alessandro y el subsecretario de Finanzas Abel Fernández. Por Nación, la Secretaria de Provincias Silvina Batakis. Prepararon el clima para el cara a cara del alcalde con los ministros albertistas. Pero tampoco hubo avances contantes y sonantes.
“El presidente Alberto Fernández se comprometió durante la campaña de 2019 a construir un país más equitativo y federal. En ese marco, la decisión del Gobierno nacional fue subsanar un acto discrecional realizado por el gobierno anterior y ponerle fin a los privilegios”, afirmó Wado de Pedro a la salida de la reunión en La Rosada.
Los representantes de Alberto Fernández en la puja por los fondos ratificaron la vigencia de la ley aprobada en diciembre del año pasado. El proyecto contemplaba un ámbito de diálogo bilateral por un plazo de 60 días tras su aprobación. Pero esa instancia fue rechazada por el gobierno porteño.
Martín Guzmán resaltó que “consideramos que el diálogo es fundamental para construir un federalismo de concertación. Nuestra voluntad es trabajar de forma cooperativa para resolver el diferendo”. Agregó que “independientemente del reclamo de CABA desde el Gobierno nacional estamos mes a mes ejecutando los actos correspondientes para el cumplimiento de la ley 26.606”.
De Pedro le puso pimienta política a las declaraciones de rigor: “A diferencia del gobierno de Mauricio Macri que apeló a la discrecionalidad para duplicar la transferencia de recursos sin el respaldo de una ley, el Gobierno nacional trabaja como ordena la Constitución, construyendo un verdadero federalismo con equidad que es el camino que trazó el Presidente”, concluyó.
La puja comenzó en septiembre del año pasado cuando Rodríguez Larreta presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional. Fue después de que Alberto Fernández fijara la quita por decreto. Algo que después se consolidó en una ley aprobada en diciembre. El alcalde calcula que el recorte supera los $65.000 millones, más del 10% del presupuesto porteño para 2021, una cifra que el oficialismo nacional pone en duda.
La ley promulgada devuelve la transferencia de fondos a los tiempos previos a la presidencia de Mauricio Macri. Desde su aprobación, Nación le gira mensualmente a la Ciudad los fondos ajustados para que el larretismo solvente a la policía. A principios de 2016, Macri le había concedido generosamente y por decreto una suba porcentual de 1,4 al 3,7 en el reparto de recursos nacionales.
Según estimaciones de La Rosada, Macri le cedió 200 mil millones entre 2016 y 2020. De ese total, el albertismo calcula que 86 mil millones fueron en exceso.
Pese al gesto dialoguista, el larretismo considera que la quita de fondos es inconstitucional: “esta instancia no significa que la Ciudad renuncia a la demanda ante la Corte Suprema como tampoco una convalidación de la Ley 27606”, aclararon cerca del alcalde. Los representantes de ambos sectores en pugna volverán a reunirse el próximo miércoles 26 de mayo, bajo paraguas de los supremos. Todavía lejos de llegar a un punto medio sobre los pesos recortados, Rodríguez Larreta prefiere apostar a la Corte. Tiene en su favor el antecedente sobre las clases presenciales y la autonomía de la Capital.
AF