Se votaron los dos proyectos en paralelo: la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, tratada en el Senado de la Nación; y el presupuesto para el año próximo en la legislatura porteña, que prevé un gasto de más de 612 mil millones de pesos. Ambas iniciativas estaban conectados, y en el larretismo se encargaron de subrayar la relación de causalidad. A raíz del tijerazo, la moderación en la inversión para el 2021.
Alberto Fernández ya había recortado por decreto un 1,18% de los fondos que la Ciudad recibía por la coparticipación. El argumento del presidente fue que Mauricio Macri, también por decreto, le había concedido más recursos de los necesarios para financiar el traspaso de la policía federal a la Capital: en 2016, Macri había elevado la coparticipación del 1,4 al 3,5 por ciento.
El hachazo nacional representa más de 52 mil millones de pesos. Pero tras el proyecto aprobado hoy en el Senado podría llegar a ser mayor aún: 65 mil millones de pesos para el 2021, según calculan en la Ciudad.
En reacción a ese recorte, Horacio Rodríguez Larreta impulsó un presupuesto con ajuste en el gasto público, las obras y todos los contratos con los proveedores de la administración porteña. Por ejemplo, el más grueso: el de la recolección de basura. Ese punto viene garantía de pelea asegurada con el moyanismo.
El presupuesto fue aprobado en la Legislatura porteña con 39 votos a favor y 20 rechazos. La hoja de ruta porteña para el 2021, un año electoral, incluye nuevos impuestos.
En el 2021, se eliminará la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y se aplicará el Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad. En concreto, el gobierno porteño cobrará un 1,2% de impuesto a los gastos que se hagan con tarjeta.
La Ciudad ya le pidió a la Corte Suprema una medida cautelar para evitar el recorte previo, hecho por decreto. A la espera de un guiño de los supremos, planificó un programa de ajuste transitorio, para reducir los gastos en más de 32 mil millones de pesos. El ahorro proyectado incluye la suspensión o postergación de obras de infraestructura, entre ellas la mudanza de la cárcel de Devoto a Marcos Paz y la urbanización del Mercado de Hacienda.
“La aprobación de esta ley (la del Senado) significará la quita de otros $ 13.000 millones. Sumados a los $ 52.000 millones que ya significaba la aplicación del decreto presidencial, el perjuicio total para las finanzas de la Ciudad alcanzará para el 2021 los $ 65.000 millones”, planteó el larretismo en un comunicado.
Bajo ese discurso, a último momento el oficialismo sumó una Ley Tarifaria 2021 al paquete de proyectos sancionados. Se trata de una modificación que sube del 7% al 8% la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al sector financiero.
La aprobación de la llamada ley de leyes se alcanzó con 39 votos a favor del interbloque oficialista, las bancadas de UCR-Evolución, Socialismo, GEN y Consenso Federal. Los 20 diputados que rechazaron fueron del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de Autodeterminación y Libertad.
También avalaron, con la misma relación de votos a favor y en contra, que el Ejecutivo emita en el mercado local títulos de deuda por hasta 15 mil millones de pesos. Será para la cancelación de obligaciones con proveedores ya contraídas.
El larretismo a su vez abrió una puerta para evitar caer en el consenso fiscal impulsado por Macri en 2017. Los legisladores oficialistas aprobaron la salida del distrito de ese pacto. ¿Por qué? Al no firmar el nuevo acuerdo fiscal propuesto por el gobierno de Fernández, la Ciudad iba a caer en el viejo pacto de 2017, que la obligaba a una baja progresiva de impuestos.
El presupuesto 2021 contiene las mismas variables macroeconómicas que las nacionales: un repunte de la economía del 5,5%, un tipo de cambio de $102,4 hacia fin de año y una inflación del 29%.
Durante el debate, que duró más de cuatro horas, el diputado Leandro Santoro acusó al larretismo de “victimizarse y decirle a los porteños y las porteñas que no tuvo más remedio que hacer un ajuste que lo van a pagar los más humildes y los trabajadores. Eso es mentira y eso se llama ´macrismo explícito´: ajusta, genera recesión y le echa la culpa a los otros”.
Desde el oficialismo, el diputado Claudio Romero (presidente de la Comisión de Presupuesto) dijo que “no era el proyecto que queríamos, pero nos vimos obligados a hacerlo para mantener en orden las finanzas”, y consideró que “esta quita no es para Rodríguez Larreta ni para el espacio político, sino es al corazón de la autonomía” de la Ciudad.
El legislador Juan Francisco Nosiglia, del bloque UCR-Evolución, dijo que “este no es un presupuesto de contingencia, sino de emergencia” y puntualizó que “la quita alcanza alcanza los 65.000 millones de pesos para 2021, más de la mitad de la inversión en educación que la Ciudad prevé para ese año. Hoy sancionamos un código fiscal y una ley tarifaria que son la respuesta a esta situación”.
En el Senado nacional, la quita original proponía pasar a la Ciudad una suma fija anual de 24.500 millones de pesos en compensación por el traspaso de la Federal. Monto que se actualizará trimestralmente, a través de una fórmula compuesta en un 80 por ciento en base al índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y el 20 por ciento restante por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.
Pero el proyecto fue modificado en Diputados. Allí se incorporó que “el gasto anual que demande las transferencias” fuera acordado en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos“.
El alcalde no tiene expectativas respecto a esa mesa de negociación. De hecho, mañana o el lunes redoblará su apuesta en la Corte Suprema, con una nueva demanda contra la Nación.
AF