Las “nuevas canciones”: aquí, allá y en todas partes

El martes 3 de noviembre, en la misma boleta, los votantes de California eligieron gobernador al demócrata Xavier Becerra, con alrededor del 64% de los votos contra el 36% del republicano Steve Hilton, y rechazaron la Proposición 40, que establecía un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los residentes con más de 1.000 millones de dólares. Con el escrutinio todavía abierto, el rechazo rondaba el 54% y el apoyo, el 46%. Fue, en rigor, una elección dentro de otra.

La propuesta había nacido un año antes en el SEIU-UHW, un sindicato de trabajadores de la salud que buscaba gravar por única vez a unos 200 multimillonarios para recaudar cerca de 100.000 millones de dólares y sostener a los hospitales afectados por los recortes federales. La reacción de los alcanzados fue inmediata. Varios de los hombres más ricos del planeta cambiaron de residencia antes de la fecha de corte, fijada el 1° de enero de 2026. Sergey Brin se instaló en Nevada y financió la campaña opositora, a la que también aportó Peter Thiel. Aun así, el sindicato reunió más de 1,5 millones de firmas, casi el doble de las exigidas, y consiguió llevar la iniciativa a las urnas.

El gobernador saliente, Gavin Newsom, y el electo, Becerra, se pronunciaron en contra. En la misma jornada se aprobó además la Proposición 42, impulsada por el mismo sector, que protege los patrimonios frente a futuros impuestos de este tipo. Al rechazo del presente se le sumó, así, un candado para el futuro.

Que el estado más progresista de los Estados Unidos, donde los demócratas casi duplican en electores registrados a los republicanos, haya votado para proteger la riqueza de 200 personas merece una explicación. Quienes no son multimillonarios votaron a favor de los multimillonarios, y las hipótesis para entenderlo son varias. Pudo pesar una campaña de cientos de millones de dólares, o el temor a que el impuesto alcanzara algún día la casa y los ahorros de cualquiera. Pudo convencer la amenaza de fuga, o simplemente la cautela ante una propuesta tan audaz. Hay, sin embargo, un dato que complica cualquier lectura simple: en esa misma boleta, cerca del 60% aprobó prorrogar el impuesto sobre los ingresos más altos. Los californianos aceptaron que los ricos paguen más, y lo que rechazaron fue hacerlo con una herramienta nueva, sobre el patrimonio y en un solo estado.

En ese resultado hay una oportunidad que pocos se animan a mirar. Hablarles a la vez a públicos que no se toleran es una de las tareas más difíciles de la política. Por un lado están quienes desconfían de cualquier peso emitido sin respaldo, porque saben que la inflación es el impuesto más cruel. Por otro, quienes desconfían de las fortunas que crecen mientras el salario se achica, porque saben que la desigualdad también corroe. Los extremos se ocupan a diario de presentarlos como mundos antagónicos, aunque tal vez la distancia entre ellos sea menor de lo que parece.

California da una pista en ese sentido. El mismo votante que eligió a un demócrata y aceptó que paguen más quienes más ganan se negó a un experimento que un solo estado iba a aplicar por su cuenta. Lejos de ser incoherente, ese voto fue sofisticado, porque rechazó una manera de buscar la equidad sin renunciar a ella y eligió la prudencia. El electorado suele ser menos binario de lo que suponen quienes le hablan.

Hay una síntesis posible entre la defensa firme del equilibrio fiscal y la defensa, igual de firme, del combate contra la desigualdad. En ella pueden encontrarse quienes repudian la emisión monetaria y quienes repudian la concentración de la riqueza, alrededor de una idea sencilla: un Estado que no gaste lo que no tiene y una sociedad en la que aporte más quien más tiene.

En la Argentina, cada mitad de esa fórmula suele presentarse como patrimonio de un sector. Unos levantan el equilibrio fiscal como piedra angular y otros hacen de la inclusión social una bandera irrenunciable, como si una excluyera a la otra. Sin embargo, ambas atraviesan a la derecha y a la izquierda, al peronismo y al antiperonismo, a los gobiernos nacionales y a los provinciales. Ningún gobernador puede pagar sueldos con las cuentas desordenadas, y ninguno gana elecciones con los hospitales vacíos.

Integrar esos dos mundos tampoco obliga a conformarse con un punto medio tibio. Supone sostener el orden fiscal como condición y entender la inclusión social como destino, porque sin equilibrio la equidad no dura y sin equidad el equilibrio no se sostiene en el tiempo. Quien logre unir las dos banderas podrá construir un espacio nuevo, donde se encuentren los que hoy solo se miran desde la trinchera.

Cabe entonces preguntarse si existe alguna manera de lograr ambas cosas, cuentas ordenadas y una sociedad más justa, sin mejorar la recaudación. Cuando el ajuste se hace solo por el lado del gasto, la tijera termina cortando siempre la misma tela, la de quienes menos tienen.

Europa muestra hoy las consecuencias. El 17 de octubre, entre 550.000 y 800.000 personas marcharon en Francia contra el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, mientras Italia, España, Bélgica y Portugal atraviesan sus propias protestas y hasta los Países Bajos registran huelgas. Las Naciones Unidas pidieron a los gobiernos que atiendan las causas, entre ellas la vivienda, los salarios y la desigualdad. Se trata de sociedades presionadas para reducir sus déficits, que en Francia y Bélgica rondan el 5% del PIB, y a las que se les exige equilibrio sin ofrecerles equidad. Cuando falta esa segunda variable, la gente sale a reclamarla.

A ese malestar se suma una transformación cuyos efectos todavía no estamos en condiciones de dimensionar: el reemplazo del trabajo humano por la tecnología. El trabajo es mucho más que una fuente de ingresos. Ordena el tiempo, organiza la vida familiar, define buena parte de la identidad de las personas y, para derechas e izquierdas por igual, ha sido hasta hoy la principal vía de dignidad y de realización personal. Si deja de ocupar ese lugar, ¿qué vendrá a dignificar a quienes ya no trabajen como hasta ahora? Se suele decir que gran parte del empleo se reconvertirá en otras tareas, y que los trabajos que exigen poner el cuerpo tardarán más en ser sustituidos que los que exigen poner la cabeza, que serán los primeros en ceder ante los algoritmos. ¿Se dedicarán entonces los reemplazados a coordinar, supervisar y controlar a las máquinas que ocuparon su lugar? ¿Cuántos podrán hacerlo, y cuántos quedarán fuera de lo que hasta ahora llamamos trabajo? Nada de esto está escrito. Se trata de una obra en desarrollo, cuyo resultado dependerá en buena medida de las decisiones que se tomen en los próximos años.

Mientras esas preguntas siguen abiertas, la política empieza a ensayar respuestas para que nadie quede a la intemperie, y una de las más debatidas es el ingreso universal. El Basic Income Lab de Stanford contabiliza más de 160 pruebas piloto en las últimas cuatro décadas. Irlanda volvió permanente en 2026 un ingreso básico de 325 euros semanales para 2.000 artistas, en el Congreso estadounidense se presentó un piloto de ingreso garantizado de 495 millones de dólares, y hasta los dueños de la inteligencia artificial, de Sam Altman a Elon Musk, hablan de ingresos universales. Al mismo tiempo, la jornada laboral tiende a acortarse. En Brasil, Lula impulsa el fin de la escala 6x1, que obliga a trabajar seis días con uno solo de descanso, y una semana de 40 horas sin rebaja salarial.

Menos horas de trabajo y más ingreso podría ser el horizonte, aunque nada garantiza que llegue para todos. Conviene, en este punto, distinguir dos palabras que suelen confundirse. Universal es lo que alcanza a todas las personas, y global, lo que alcanza a todos los países. Para tener sentido, el ingreso del futuro deberá ser universal, y un esquema así exige más recaudación si no se quiere romper el equilibrio fiscal. La dificultad es que, si la sustitución avanza y las empresas reemplazan sueldos por algoritmos, licencias y capacidad de cómputo, gastarán mucho menos y ganarán mucho más. Cada salario que desaparece es un aporte que deja de pagarse, un hogar que pierde su sustento y una ganancia que crece concentrada.

Por eso la recaudación tiene que pensarse con otra lógica, a partir de una estructura impositiva coherente con lo que puede pasar con el trabajo. Si la ecuación de costos de las empresas cambia, con menos salarios y más tecnología, también tiene que cambiar la base sobre la que se recauda. Hoy buena parte de los ingresos del Estado descansa sobre el salario, a través de aportes, contribuciones e impuestos sobre los sueldos, y esa base se achicará en un mundo con menos empleo. Hará falta un sistema capaz de alcanzar la riqueza que esa nueva ecuación tiende a concentrar, y si el ingreso debe ser universal, ese impuesto deberá ser global. Existen antecedentes en esa dirección, aunque todavía centrados en el patrimonio y no en las ganancias. El economista francés Gabriel Zucman propuso al G20 un piso del 2% anual sobre el patrimonio de unos 3.000 multimillonarios, que hoy pagan cerca del 0,3%, lo que permitiría recaudar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares por año. En Naciones Unidas, además, se negocia hasta 2027 una convención tributaria que incluye gravar a los súper ricos.

El problema, de todos modos, excede las cuentas públicas, porque lo que está en juego es la equidad. Más tecnología implicaría menores costos, menores costos traducirían en mayores ganancias y, con el tiempo, en súper ganancias concentradas. En el otro extremo quedan millones de personas que ya no podrán vivir de su trabajo como lo hicieron sus padres. Si la tecnología puede llegar a concentrar más riqueza que nunca, la respuesta más consistente es una estructura impositiva que apunte precisamente a esa riqueza. Recaudar sobre las súper ganancias para distribuir entre quienes quedan afuera es la condición para que el progreso no termine en exclusión. Ese mismo tributo cumpliría una doble función, ya que sostendría el equilibrio fiscal al financiar el ingreso sin emisión ni deuda, y reduciría la desigualdad al devolver a la sociedad lo que la máquina le quitó al salario. Equilibrio y equidad quedarían así unidos en una misma melodía. Para cantarla, toda la política, de un extremo al otro, va a necesitar nuevas canciones.

MS/MF