De regreso a la actividad privada, la mesa judicial de Macri pasó a la defensiva y afloran divergencias

Se convirtieron en blanco de denuncias penales en los tribunales federales; los investigan por supuestas presiones a jueces y fiscales que fallaban contra los intereses del Gobierno de Mauricio Macri; los acusan de presuntamente “decidir el curso” de las causas contra la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, y de agitar la llamada “guerra judicial”(lawfare) contra sus enemigos políticos. 

Casi todos los exintegrantes de la denominada “mesa judicial” están lejos de los cargos y dicen haber vuelto a la actividad privada. En los tribunales federales tienen pendientes dos expedientes judiciales que concentran las principales acusaciones en su contra. Uno de ellos los inquieta en particular: la que instruye la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que tiene pendiente el análisis de un informe sobre el teléfono celular de Macri, según pudo reconstruir elDiarioAR del diálogo con los varios de los exfuncionarios de la mesa judicial, allegados y fuentes judiciales de las causas. La jueza tiene el informe en una caja fuerte del juzgado a la espera de que la Cámara Federal de Casación la autorice a abrirlo, confirmó una fuente cercana a la magistrada.

La mayoría de los hombres de la mesa judicial son de extrema confianza de Macri: lo asesoraban ya desde sus tiempos de ejecutivo de Socma, en Boca Juniors o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Durante la presidencia -contó uno de ellos a este diario- nos reuníamos cada 15 días en la Casa Rosada a la vista de todos. Los periodistas acreditados nos cruzaban en los pasillos y nos consultaban. No hay nada que ocultar”.

El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año

Todos niegan las acusaciones y definen las denuncias del kirchnerismo y de jueces y fiscales como “delirios” y “fábula” de quienes buscan “victimizarse”, “justificar el avance judicial” contra los exfuncionarios de Fernández de Kirchner acusados por corrupción y “garantizarse la impunidad” en las causas que prosperaron durante el Gobierno de Macri. 

En un primer grupo están quienes han reconocido en distintas oportunidades haber integrado la mesa judicial, pero que sostienen que su único fin era elaborar las ternas de jueces para que Macri eligiera cuáles serían sus candidatos que enviaría al Senado para ocupar los juzgados y fiscalías vacantes. Son el exministro de Justicia Germán Garavano; el exjefe de asesores del entonces presidente, José Torello; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; y el exrepresentante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. Se les sumaba el diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. 

“El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año”, dijo uno de los exfuncionarios de la mesa. “Había y sigue habiendo muchas vacantes en juzgados y fiscalías, y nos juntábamos para acelerar ese proceso. Analizábamos los perfiles de los candidatos que había que presentarle al Presidente. Averiguábamos por nuestro lado sus antecedentes, referencias de contactos en común”, añadió.

Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves.

Por otro lado, están los señalados como integrantes presuntos de la mesa, que niegan haber participado de reuniones vinculadas a la selección de jueces, fiscales o cualquier actividad del gabinete judicial: Gustavo Arribas, exjefe de Agencia Federal de Inteligencia (AFI); Daniel Angelici, expresidente de Boca; y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entonces integrante del directorio de YPF, quien niega haber participado de la mesa judicial y haber sido uno de los “alfiles” de Macri en los tribunales. 

“Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves”, confió un exfuncionario de Macri que defiende la “mesa de los martes”. “Los martes se reunía la mesa que analizaba las ternas de jueces, y los jueves se convocaba a otra mesa donde participaban Macri, Arribas y (el entonces jefe de Gabinete, Marcos) Peña con algunos de los funcionarios de la mesa judicial, pero no todos”, sostuvo. “Ahí se definían los temas más estratégicos”, agregó. 

“Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista, el Código Penal y el registro de organizaciones sospechadas de terrorismo”, dijo un exintegrante de la mesa ante la consulta. El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) solicitó recientemente permiso en dos expedientes en los que se lo investiga para viajar a Brasil a atender sus negocios privados. Tiene tres procesamientos por presunto espionaje ilegal, cargos que siempre ha negado.

Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones

“En una de las denuncias que presentamos incorporamos información que recibimos en la Comisión Bicameral de Inteligencia de parte de la interventora de la AFI”, Cristina Caamaño, dijo el diputado Rodolfo Tailhade. “Es la copia de unos 18 correos electrónicos hallados en la secretaría privada de la AFI convocando a Arribas a las reuniones de la mesa judicial”, afirmó.

“El Tano (Angelici) jamás participó de las reuniones y por su relación con miembros de la Justicia daba una mano para ayudar, nunca para hacer daño”, agregó sobre el rol del dirigente radical abocado al negocio de los bingos y otros rubros. Angelici mantenía una relación fluida con Mahiques, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. En contraposición, su enemiga pública y también figura clave de Cambiemos Elisa Carrió tenía diálogo con algunos miembros de la mesa judicial y era especialmente escuchada por Torello, Tonelli y Rodríguez Simón, dijo uno de los integrantes. 

Carrió fue motivo de uno de los quiebres internos en 2018, cuando parte de la mesa se opuso a elevar la terna del fiscal Ignacio Mahiques para ocupar un juzgado federal. El magistrado había concursado con éxito y junto a Gerardo Pollicita había liderado la acusación contra Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. “Le bajaron el pulgar tras las quejas de Carrió porque el padre de Ignacio -el juez de Casación Carlos Mahiques- había absuelto a (Carlos) Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, contó un exmiembro de la mesa judicial. “El hermano del fiscal, Juan Bautista, integraba la mesa y hubo muchas discusiones porque él sostenía que el único motivo para no llevarle a Macri el pliego de su hermano era lo que les había pedido Carrió”, contó el exfuncionario.

Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista.

El rediseño de la Justicia tras la salida del kirchnerismo, las formas elegidas para relacionarse con el Poder Judicial y las distintas líneas políticas de sus integrantes dividió las aguas en la mesa judicial, según admitió un exfuncionario que presenció esas reuniones periódicas pero sostuvo que la incapacidad para contener los designios del expresidente era el principal motivo de discusiones. “Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones, porque algunos miembros de la mesa sobreactuaban y salían a denunciar a los jueces, se querían llevar el mundo por delante y muchas veces no había forma de hacerles entender que con los jueces no funciona así”, afirmó el exfuncionario.  

Esa supuesta “sobreactuación” se traducía en denuncias de los miembros de la mesa contra jueces en el Consejo de la Magistratura. “Aunque no todos estaban de acuerdo, había una tendencia a denunciar a los jueces por el contenido de sus sentencias”, agregó el aliado de Macri al tanto de las reuniones. Ese es uno de los puntos de la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, según confirmó una fuente directa del expediente.

Picardi investiga las supuestas presiones a jueces de distintos fueros (laboral, penal y civil). En el expediente ya declararon por escrito algunos de los magistrados cuyos casos se hicieron públicos y se solicitó a Jefatura de Gabinete los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2018 para intentar reconstruir los movimientos de los exfuncionarios denunciados de supuestamente presionar a jueces y fiscales, según confirmó a este medio una fuente judicial que intervienen en el caso.

El recién asumido presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, dijo este viernes que “en otros tiempos” a través de ese cuerpo “se dirimían cuestiones políticas” y se lo utilizaba para “presionar jueces y disciplinarlos”. “Estoy totalmente convencido de eso, es más, estoy haciendo un análisis de todas las denuncias contra magistrados porque creo que utilizaban la comisión del consejo (de Acusación) para presionar jueces y para disciplinarlos”, dijo Molea en una entrevista a Radio El Destape. “El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri”, dijeron muy cerca de Molea ante la consulta de este medio.

En agosto de 2020, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público citó a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino, uno de los principales frente judiciales de Macri y su familia. Fue luego de que el procurador interino Eduardo Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, abriera un sumario administrativo contra la fiscal por supuestos maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía. 

Boquin expuso que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y los dictámenes que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri. La primera denuncia fue presentada en enero de 2018, dos meses después de la asunción de Casal y la salida de Alejandra Gils Carbó, según un escrito presentado por Boquin. Cerca de Casal negaron que el objetivo de la Procuración sea “perseguir” a Boquin por su función en la causa. Su caso llegó, como otros, hasta el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán.

Desde el llano

Torello, como jefe de asesores de Macri en la Presidencia, oficiaba como coordinador de la mesa judicial. Cuatro años después en su entorno dicen que está alejado de la función pública, dedicado a los negocios privados que atendía antes de asumir en el gobierno. “Sólo da una mano” cuando lo convocan por algo puntual porque “su corazón está ahí”, junto a Macri, dijo una persona cercana al exfuncionario. 

Rodríguez Simón y Saravia Frías regresaron a sus estudios jurídicos para ejercer como abogados particulares.

Otros dos integrantes de la mesa asumieron cargos en territorio porteño: Clusellas es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del oficialismo; y Mahiques es el fiscal general de la Ciudad. Tonelli sigue siendo abogado y Santiago Otamendi, exnúmero dos del Ministerio de Justicia, quien eventualmente participó de las reuniones, es juez del Tribunal Superior porteño.

El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri.

Tras su salida del Gobierno, el exministro Garavano volvió a la profesión. Tiene un estudio jurídico, atiende a clientes particulares pero también monitorea las causas judiciales de Macri y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado en causas clave para el expresidente: el caso Autopistas y el expediente por la obra del Paseo del Bajo (en ambos hay empresas de sus familiares denunciadas por supuestas irregularidades en la obtención de contratos durante su gobierno). En el caso del Paseo del Bajo, además, está denunciado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También sigue de cerca la causa de Servini contra Macri y otros supuestos miembros de la mesa judicial que habrían intervenido en el caso Oil Combustibles, afirmó una fuente cercana al exministro. Cristóbal López acusó al expresidente de haberlo “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo Indalo participaran en una supuesta “campaña” contra Fernandez de Kirchner, tras el final de su Gobierno, y luego haber denunciado a la petrolera del grupo, Oil Combustibles, tras la negativa del empresario. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. 

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 pero la Cámara Federal porteña ordenó achicar el periodo de cruces y circunscribirlo a determinados hitos del caso.

La jueza debió acatar la orden. La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial) entregó en diciembre el informe final, pero Servini aún no pudo analizarlo, ratificó una fuente judicial del caso. El informe está en una caja fuerte del juzgado a la espera de que Casación resuelva un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su gobierno orquestaron a través de una “mesa judicial” el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

ED