La CGT reactivará su estrategia para morigerar el contenido del proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar el mes que viene en el Congreso, por lo que en los próximos días visitará a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores, o bien impulsar cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.
En paralelo, la central obrera resolvió enviar sólo a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán el viernes próximo en el Senado para analizar algunos cambios a la iniciativa antes de que la Cámara alta comience a tratarla formalmente los primeros días de febrero.
“Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos en Senado. La semana que viene, se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, detalló un representante de la central obrera en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Desde este viernes funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.
Cómo viene la negociación
Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había postergado la idea inicial de debatir la reforma debido la dura resistencia de la CGT, que ese mes hizo una movilización masiva a Plaza de Mayo.
En tanto, referentes de la central visitarán varias provincias en los próximos días para reunirse con gobernadores y que escuchen de primera mano sus críticas a la iniciativa que la gestión de Javier Milei considera medular para la segunda mitad de su mandato.
“La idea es ir a cada provincia”, dijeron las mismas fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, aunque no está claro que vayan a tener tiempo de verse con todos los mandatarios provinciales antes de que el debate comience en el Senado.
Se trata de un movimiento similar a la ronda de encuentros que viene llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, pero con sentido contrario, ya que el funcionario busca sumar consensos y futuros apoyos a la “modernización laboral”.
La lista de rechazos
La CGT apunta a diluir el impacto de algunos puntos, como la ampliación de las actividades consideradas ‘esenciales’, lo que lleva a garantizar servicios mínimos durante los paros y, por ende, limitar el derecho a huelga.
Tampoco aceptan que quede tal como está el apartado de la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, dejando de lado los acuerdos sectoriales y licuando así el poder de las conducciones de los sindicatos.
También resisten los cambios en la llamada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados al gremio, algo fijado por convenio, y el Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.
El comunicado de la CGT sobre el proyecto del Gobierno
Rechazamos la reforma laboral regresiva y precarizadora como parte del plan de acción sindical en todos los frentes.
Defendemos el trabajo digno y con derechos como pilar de la justicia social.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores.
Se apoya en una matriz ideológica que concibe el trabajo como un costo a reducir y no como un derecho humano protegido por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Bajo el discurso de la modernización y la competitividad, se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales, e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad.
Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados. Su contenido compromete el financiamiento de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras, y profundiza aún más la dualidad del mercado de trabajo.
La sanción de esta ley lesionará derechos individuales como el fraccionamiento de vacaciones, la limitación en la base de cálculo para el despido y la posibilidad de que los salarios sean variables o modificables por decisión del empleador, sin respetar derechos adquiridos ni continuidad en el tiempo, rompiendo el principio de igualdad salarial.
Respecto a los derechos colectivos, que son los que fortalecen la vigencia de los derechos individuales y permiten su protección, la pérdida es aún mayor.
Se limita la acción gremial, se amplía sin límites el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical y se modifican las condiciones para la negociación colectiva. en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de la representación.
El movimiento sindical representa a todos los trabajadores: los que tienen trabajo y aquellos que no lo tienen.
Creemos en el justo equilibrio entre el capital y el trabajo y en la sinergia positiva que genera esta ecuación. por eso nos oponemos a una ley que transfiere recursos del sector del trabajo al capital.
El llamado “costo argentino” no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y las políticas económicas que desalientan la inversión productiva.
Una vez más, el gobierno elige a quién favorecer. atiende las demandas de sectores del capital financiero en procura de brindar señales a los mercados y no atiende las demandas del Pueblo trabajador.
Frente a un escenario de crisis, exigimos igualdad en el tratamiento para todos los sectores, en especial para los más afectados por el actual modelo económico de exclusión.
Nuestro país necesita un nuevo contrato social, sustentado en el diálogo real y efectivo, que amplíe derechos y garantice trabajo digno.
Con información de agencias.
IG