CRUCE DE DEMANDAS

Represas de Santa Cruz: una jueza rechazó el intento de Electroingeniería de trasladar el caso medioambiental a Río Gallegos

Maqueta virtual del proyecto original de las represas de Santa Cruz.

El capítulo judicial en torno a las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic acumuló un nuevo fallo. La empresa Electroingeniería (rebautizada Eling Energía SA) tuvo un revés en su intento por frenar una demanda ambiental contra las obras y permitir el avance de la construcción de la megaobra en la provincia de Santa Cruz, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.

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La jueza Macarena Marra Giménez rechazó el pedido de la empresa Electroingeniería para litigar contra el Estado y el Ejecutivo en la Justicia federal de Río Gallegos, según un escrito de la magistrada del 6 de octubre último. 

El conflicto en los tribunales nació en 2016 tras una demanda de un grupo de organizaciones no gubernamentales por la carencia de un informe que evaluara el impacto ambiental de la represas en el río Santa Cruz y los más de mil glaciares de la zona patagónica, entre ellos el Perito Moreno. 

Las organizaciones Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados por las obras -como comunidades originarias de la zona- y la realización del estudio de impacto ambiental. 

En diciembre de 2016, la Corte Suprema intervino ante un recurso extraordinario de las ONGs, frenó momentáneamente las obras y ordenó una serie de medidas para obligar a las empresas a cargo de la construcción a adecuarse a la ley. La demanda tramita en los tribunales del fuero federal contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires. 

Además de Electroingeniería, entonces al mando del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, el proyecto está a cargo de la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) e Hidrocuyo SA.

Electroingeniería demandó a su vez al Estado nacional y al Ejecutivo ante un juzgado federal de Río Gallegos en diciembre último, como informó elDiarioAR el domingo. La compañía objetó en su demanda un informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El organismo oficial planteó que al evaluar el impacto ambiental de las represas se omitió información sobre el riesgo sísmico que podría provocar su construcción (debido a la presión que suman los embalses sobre el terreno) y sugirió a la Justicia que ordene un estudio para evaluar la peligrosidad de las obras, de acuerdo con los documentos consultados por este medio.

Electroingeniería considera que la situación genera “incertidumbre jurídica”, y que ese estudio demoraría todavía más las obras (entre tres y cinco años más) y que eso pondría en peligro nuevamente el financiamiento de los bancos chinos a la construcción de las represas (se espera un crédito de US$4.714 millones). El crédito original cayó por el vencimiento de los plazos en la ejecución de las obras, explicó ante la Justicia.

Al presentar su demanda en Santa Cruz y no en Buenos Aires, la compañía sostuvo que la Justicia de Río Gallegos es la más adecuada para analizar el conflicto medioambiental por las represas. El 3 de diciembre último, ocho días después de asumir en el juzgado de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez recibió la demanda de Electroingeniería, que consideró que “es el magistrado con base en el lugar -donde se van a construir las represas- quien, indudablemente, está en mejores condiciones de hacer mérito de las exigencias y necesidades de la región” y que la Justicia de Buenos Aires es de “aplicación sólo respecto de controversias que versen sobre la ‘interpretación o aplicación del contrato’”.

El juez federal Vázquez falló a favor de Electroingeniería y notificó al Estado Nacional el 20 de diciembre último, 17 días después de la presentación de la empresa, según el fallo consultado por elDiarioAR. El magistrado había sido designado en el juzgado cuatro semanas antes.

Sin embargo, los abogados que representan al Estado en el juicio medioambiental se opusieron a que la demanda tramite en Santa Cruz. También se opuso el fiscal porteño Miguel Angel Gilligan, que interviene en la demanda original.

La jueza Marra Giménez falló entonces contra el planteo de la compañía “a fin de preservar la unidad” de la problemática de fondo y para “evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias” entre la Justicia de Río Gallegos y la de Buenos Aires.

“Como lo indica la fiscalía, la empresa actora Electroingeniería SA persigue poner fin a la incertidumbre generada en torno a si la construcción de las represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sin previa Evaluación de Impacto Ambiental constituye una violación al artículo 41 de la Constitución Nacional, a los principios precautorio, de prevención, congruencia, sustentabilidad y equidad intergeneracional contenidos en la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente)”, dijo la jueza en su fallo.

Mientras la Justicia de Santa Cruz puso el acelerador ante la demanda de la empresa, en los tribunales porteños, el expediente marcha a otro ritmo. Después de seis años, las ONGs reiteraron recientemente su pedido para que los jueces porteños frenen las obras “hasta que se publique el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, la nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se convoque a una nueva audiencia pública para debatir los riesgos socio-ambientales del rediseño y la reubicación las estructuras de hormigón para el desvío del río”, de acuerdo al escrito en el expediente.

ED

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