Rosatti regresa el lunes a la Corte y un juez temporal queda a cargo de la causa por los supuestos chats de su vocero
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano.
Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro.
En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.
La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.
El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.
La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.
En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo.
Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.
Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos.
Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.
Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.
El teléfono y el caso
No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.
El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.
El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.
El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.
ED
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