“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”, planteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el lunes y las alianzas del Frente de Todos volvieron a crujir. Varios dirigentes de organizaciones que nuclean cooperativas beneficiarias de programas sociales, algunos de ellos incluso funcionarios del Gobierno, salieron al cruce del planteo. Pero la situación escaló este jueves cuando se conoció que el Ministerio de Desarrollo Social hizo efectivo el traspaso de 188.222 beneficiarios del Potenciar Trabajo a distintos municipios del país. elDiarioAR consultó por esta medida a la cartera que administra los planes y desde allí explicaron que nada tuvo que ver con la mención de la vicepresidenta.
“Lo que se hizo fue avanzar con el Cambio de Unidad de Gestión para aquellos titulares del Programa Potenciar Trabajo que así lo habían solicitado en los últimos meses. El 29 de diciembre abrimos la posibilidad de pedir esta modificación a través de un formulario en nuestro sitio web y ahora estamos ejecutando esos pedidos”, informaron fuentes del Ministerio. “De hecho de los 188.222 traspasos que hoy dan cuenta algunos medios, el 30% ya se habían ejecutado”, detallan.
Las razones
Un informe realizado por la cartera que dirige Juan Zabaleta el 16/06/2022 da cuenta de las causas por las cuales las personas solicitaron este “Cambio de Unidad de Gestión”. La gran mayoría (62%) argumentó la “búsqueda de nuevas propuestas de actividades”, un 8% justificó el pedido por “mudanza” y el 30% restante seleccionó la opción “otros” que daba la opción a dejar una respuesta abierta. En la discriminación de esas respuestas se abre otro capítulo sensible para la relación entre el gobierno nacional y las organizaciones territoriales.
Según precisa el informe del Ministerio de Desarrollo Social, “alrededor de 7.700” titulares de programas Potenciar Trabajo lo hizo por “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”. El informe es todavía más minucioso: “cerca de 900 manifiestan recibir algún tipo de amenaza, más de 3000 expresan la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización, 1400 señalan la presión para asistir a marchas o movilizaciones y alrededor de 1700 titulares describen maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”.
Las 7.700 denuncias de “irregularidades”, que ahora son tratadas por un equipo especial del Ministerio de Desarrollo Social, representan un 4% de las personas que pidieron el cambio de Unidad de Gestión y apenas un 0,6% del universo de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Si bien el tema reviste enorme gravedad, la proporción contrasta con las generalizaciones por las que muchos dirigentes sociales acusaron una campaña de desprestigio.
Otro dato para destacar sobre los traspasos es que más del 50% pertenece a la Provincia de Buenos Aires. El dato podría generar especulaciones porque allí es donde el sector cristinista del Frente de Todos ocupa mayor cantidad de cargos ejecutivos. Incluso ayer la vicepresidenta tuiteó una foto con el intendente de Pehuajó en la que hablaba de un proyecto “para transformar los planes sociales en trabajo en esa ciudad”. Pero desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que el número “guarda una cierta proporción” con los beneficiarios de esa jurisdicción. La segunda jurisdicción con más traspasos fue CABA con el 6,2%, luego la provincia de Tucumán con el 4,8% y en cuarto lugar la provincia de Jujuy con el 4,4%.