Violencia social, desindustrialización y muchas armas en la calle: la crisis en Rosario más allá de Los Monos

En Rosario se triplican los números del resto del país, con 15 crímenes cada 100.000 habitantes.

Los que estudian los altos niveles de violencia en Rosario se resisten a colocar en la centralidad del problema a las bandas narcos que operan ese territorio. Las estadísticas de crímenes en la última década sostienen su análisis y muestran que dos tercios de los asesinatos no tienen relación con los grupos que concentran la venta de drogas. Ese enemigo temible aparece como el gran blanco a combatir y no permite avanzar en políticas públicas certeras para reducir otra enorme cifra, que es la de la violencia interpersonal provocada por la marginalidad, el descreimiento institucional y una enorme circulación de armas. Señalan que apuntarle a Los Monos termina siendo “rentable” pero puede resultar una trampa terrible en la medida que no se observe lo que sucede en los barrios, que no tiene que ver con los sicarios ni con el narcomenudeo. 

Desde la década del ‘90, por la destrucción del modelo productivo, la expansión del negocio agroexportador y la concentración de riqueza en torno al puerto, enormes sectores de la ciudad y de la Provincia quedaron fuera de toda formalidad. Ese deterioro es contemporáneo con los crecimientos de las tasas de criminalidad. Según consigna La Capital, desde 2013 hasta mediados de 2020, hubo 1.298 homicidios y 5.204 heridos de bala. El crecimiento iniciado en 2013 duplicó la tasa de homicidio que existía hasta 2010. En 2021, según un informe oficial de la provincia, uno de cada tres asesinatos fueron por encargo. La constitución de grupos volcados al delito, que ya tenía historia de décadas anteriores, se multiplicó y se instaló en la geografía rosarina. 

A falta de poder acceder al mercado de trabajo, participar de una banda, de una junta, tener una arma, confrontar a otro grupo, aparece como una manera de construir identidad.  Son grupos que tienen enfrentamientos antiguos, con muchos muertos. Ellos no deciden recurrir al arbitraje estatal para resolver el conflicto por el desprestigio que la Policía y la Justicia tiene entre ellos”, explica el criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font. 

Para Font el fenómeno de Rosario “no es la narcocriminalidad, es la violencia que atraviesa las relaciones sociales en sectores populares”, que entre otras actividades, tiene la venta de drogas. “La economía de narcomenudeo en Córdoba, en CABA o en lugares del conurbano es tan expandida como acá pero no hay tasas de criminalidad tan altas”, agrega sobre una ciudad que triplica los números del resto del país, con 15 crímenes cada 100.000 habitantes.     

Esas bandas que se disputan el delito y el territorio son alimentadas desde el circuito ilegal de armas, otro condimento que suma a la problemática. Y esa enorme circulación de armas de fuego es alertada por todos los que estudian la evolución del delito en Rosario y Santa Fe. Una muestra de lo que sucede son las actuales investigaciones que implican a policías y armerías, que venden al mercado negro utilizando los carnets de legítimos usuarios. Este es un fenómeno que creció en los últimos tiempos pero que ya desde 2013, en pleno pico de asesinatos, la Procuración provincial alertaba por la enorme cantidad de pistolas policiales denunciadas como perdidas o los robos a los galpones judiciales donde estaban secuestradas armas vinculadas a delitos. En mayo, por ejemplo, se desarmó una organización de policías de la Unidad Regional II, que vendían pistolas, revólveres, fusiles y cajas de balas y las tenían en el barrio Saladillo, donde encontraron 10 pistolas 9 milímetros, un revólver 357 Magnum, nueve armas largas y 50 cajas de municiones.

En los barrios populares, el nivel de investigación y resolución de los casos es muy bajo, de entre el 50% y 60%, según el lugar, y los porcentajes de condenas varían entre el 30% y el 40%. “Las bandas a las que les matan a un integrante saben que el Estado muy probablemente no lo resuelva. Y en lugar de pelear contra eso, resuelven de manera directa, por mano propia. Esa desconfianza en el aparato represivo del Estado es uno de los motivos por los que allí no hay paz”, detalla el ex defensor general Gabriel Ganón. “En el último Estudio Mundial sobre Homicidios, de Naciones Unidas, se señalaba como causas de aumento de crímenes la concentración de armas, y la baja tasa de esclarecimiento y castigo. Bueno, como vemos, en Rosario todas esas variables están juntas”, agrega.

“Algunas de las bandas crecieron al amparo de la participación policial que se fueron haciendo fuertes en el negocio de la droga pero que antes eran bandas de pistoleros de la usura. Una robaba caballos y la otra levantaba autos en la provincia de Buenos Aires”. Esta última referencia que Font hace es sobre Los Monos y el clan Alvarado, que tuvieron un origen similar a otras tantas bandas pero, por esos vínculos que señala pudieron expandirse en el negocio narco, que estalló entre finales de los ‘90 y comienzos de 2000.   

La degradación policial es uno de los grandes temas en el debate de la violencia. Los casos de bandas que gozan de la colaboración o que directamente están integradas por medios de las fuerzas son repetidos, como sucede en la última causa contra el clan de Esteban Alvarado por el crimen de un financista. Allí se puede ver cómo los policías participan del encubrimiento entregando datos de la investigación a un líder narco. O el accionar de la cuestionadísima Brigada Operativa de la División Judiciales que actuó durante la gobernación de Antonio Bonfatti. El ex subjefe de ese grupo, Luis Quevertoque, fue condenado por investigar a Los Monos para beneficiar al clan Alvarado.

“Es una Policía que perdió control del territorio y que en gran parte de ese espacio convive o fomenta el delito. Hasta que eso no se resuelva, es muy difícil que lo que sucede con la violencia en Rosario se modifique. Es una Policía que ya no se cuadra cuando le pegan cuatro gritos, entre otras cosas porque perdió su organicidad. Y el último intento de una reestructuración terminó con el ministro de Seguridad eyectado. El poder político no está convencido de romper lanzas y pide que se resuelva desde afuera con la llegada de las fuerzas federales. Así se posterga siempre la decisión de tener un control político de la Policía”, analiza un alto funcionario de Seguridad nacional que pidió no ser mencionado en esta nota. 

“Recuerdo en 2012, que en una causa judicial se discriminaba cuánto se llevaban los policías de los puntos de venta de droga. En ese momento, la División Judiciales, se llevaba 24.000 pesos, la Brigada de Drogas, unos 22.000, la Comisaría, 13.000 y el Comando Radioeléctrico, unos 8.000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En otros lugares no hay corrupción? Claro que sí, pero el volumen y el involucramiento de los policías no se ve de esta manera en esos lugares”, refuerza Font. 

La falta de precisión respecto de cómo responder al problema de inseguridad también se puede ver en algunas decisiones recientes de la actual gestión. En el verano de este año, el encuentro entre el gobernador Omar Perotti y la ex ministra Sabina Fréderic, él le pedía más gendarmes y ella le recordaba que ya había más en Santa Fe que en cualquier otro lugar del país. “Era una demanda para patrullar el centro de Rosario, para satisfacer una demanda de los sectores medios. Vos tenés que tener en claro para qué los querés. Si es para el sistema de seguridad pública, para los patrullajes, o para combatir el crimen organizado. Si no lo tenés en claro vas a seguir fallando”, agrega el funcionario.

El periodista y diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, que investigó el narcotráfico en Rosario, también refuerza la visión de que la violencia en la ciudad no está generada de manera mayoritaria por Los Monos y el clan Alvarado. “Hay que ver el origen en la enorme desigualdad social, la destrucción de una ciudad que supo ser una ciudad obrera y que se transformó en una ciudad de intermediación de servicios. Y la solución que plantean es militarizar, una concepción de la doctrina de seguridad estadounidense. La mayoría de los crímenes son por conflictos interpersonales. Empecemos a pensar en destinar más presupuesto para deportes, cultura y educación. El plan de llenar de policías ya falló, no sigamos buscando ahí como si fuera la única solución”. 

En la misma línea, el fiscal Matías Edery, que hace un par de semanas condenó al líder de Los Monos, Guille Cantero, remarca la necesidad de recomponer tejidos sociales antes de pensar en castigos. “A largo plazo, darles a los pibes una salida alternativa al delito. Tienen que trabajar varias áreas del Estado pensando en mejorar las condiciones de vida en los lugares complicados. ¿Me decís que es utópico? Nosotros tuvimos un programa en el barrio Grandoli y Gutiérrez, allí trabajaron las fiscalías sacando armas, con Desarrollo Social acompañando y con Educación. En ese barrio, había habido 30 crímenes en dos años y al año siguiente del programa no hubo ningún tiro. El problema fue que luego se discontinuó”. “Por supuesto que también se deben hacer investigaciones criminales y escalar sobre el permiso estatal que gozan las bandas del crimen organizado, con los vínculos con las fuerzas de seguridad y la política. Y, por último, más a corto plazo, que la presencia policial en la calle le vuelva a dar sensación de seguridad a la gente”, sostuvo Edery. 

AM   

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