Condenan a dos policías por un caso de gatillo fácil en Córdoba

El policía Lucas Gonzalo Navarro fue condenado a 11 años de prisión po el asesinato de José Antonio Avila. La familia pedía perpetua.

La mañana del 4 de julio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, José Antonio Avila (35) iba como acompañante en una moto a trabajar a la feria de Villa El Libertador, en la zona sur de Córdoba Capital, cuando los policías Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Gabriel Juárez quisieron controlarlos. El conductor se desvió hacia su casa, los policías los persiguieron. Avila y su amigo lograron entrar a la casa, pero desde afuera, el policía Navarro apoyó su pistola en la puerta y disparó. La bala mató a Avila. Los policías subieron a sus motos y se fueron. No llamaron a los servicios de emergencia, ni avisaron a sus superiores.

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Un tribunal cordobés condenó este miércoles al policía Navarro, quien disparó y mató a Avila, a la pena de 11 años de prisión. El fiscal había solicitado una condena a prisión perpetua.

Durante la última audiencia, haciendo uso del derecho a la última palabra el cabo Lucas Navarro les dijo a los jueces de la Cámara Tercera del Crimen: “Primero y principal quiero pedirle perdón a la familia por lo sucedido. Nunca tuve la intención de matar a nadie, nunca quise que las cosas terminaran de esa manera. Lo que pasó fue un accidente trabajando, como declaré y como lo dijo mi abogado”.

Johana Jaime, la viuda de Avila no aceptó las disculpas del cabo Navarro: “Yo al perdón no se lo acepto y mi familia tampoco. Hubiera actuado de otra forma si estaba arrepentido ¿Por qué no se arrepintió en el momento y llamó a una ambulancia e hizo lo que tenía que hacer?”, cuestionó la mujer. Y agregó: “Si vos tirás un tiro a la altura del pecho no es un accidente, sabés lo que estás haciendo”.

José Antonio Avila, “Beco”, como le decían sus familiares y amigos, vivía en barrio Santa Ana con su esposa Johana y dos hijos pequeños. Trabajaba con su hermano vendiendo ropa en la feria de Villa El Libertador, uno de los barrios más populosos de la ciudad de Córdoba, con más de 130 mil habitantes. Por la pandemia, con los comercios cerrados por la cuarentena, “Beco” buscaba la ropa en un depósito de la feria y salía casa por casa a vender.

Antes de la lectura de la sentencia, la viuda de “Beco”, leyó la carta escrita en hoja de carpeta que su hijo mayor le dedicó a Avila: “Papá, me gustaría tanto tenerte conmigo, que me hicieras pollo al disco, que fuéramos a tomar café con leche. Que veas cómo he crecido. Aprendí a leer, a sumar. Mi hermana va a jardín, si vieras lo grande que está. Papá, cómo te extraño. Cuánta falta me hacés en el colegio, siempre me llevabas. Estoy creciendo y entiendo menos lo que te hicieron. ¿Por qué papá, a vos?, si eras el mejor padre. No entiendo nada de lo que pasó. Te amo papá”.

Gatillo fácil

Hace 25 meses, la mañana del 4 de julio, “Beco” Avila y un amigo iban a trabajar en moto, en plena cuarentena estricta por Covid-19 cuando Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, dos cabos de la División Motocicletas de la Comisaría 18ª cruzaron sus motos para controlarlos y no dejarlos pasar.

El conductor de la moto evadió el control y fue hasta su casa. Mientras dejaba atrás a los policías, le dijo a Avila que estaba con salidas transitorias del penal de Monte Cristo -tiene un régimen de semilibertad- y que no había regresado, que lo podían meter preso. Al llegar a su casa, el conductor entró primero y Avila lo siguió. Unos instantes después llegaron al lugar los policías Navarro y Juárez. Golpearon la puerta y exigieron que los dos motociclistas salieran. Al no obtener respuestas, el cabo Navarro apoyó su pistola calibre 9 milímetros y disparó. Del otro lado de la puerta estaba “Beco” Avila, quién resultó herido en su pecho. Los dos policías se fueron del lugar y no avisaron las novedades ni al servicio de emergencias policial 101, ni a sus jefes de la Comisaría 18ª.

Los vecinos llamaron al 101 policial y la cuadra se llenó de móviles. La versión oficial que dio la Policía fue que se trató de un caso de violencia urbana entre vecinos, “un ataque entre conocidos”.

Johana Jaime, la viuda, contó que “el policía se acercó y nos dijo que mi marido ya estaba muerto dentro de esa casa. Nos dijo que el autor había sido el dueño y que se había mandado a mudar; que seguramente había habido una ‘diferencia’ tras un asalto y que los dos se pelearon. Me dijo que mi esposo era un choro y que seguramente lo habían matado de un tiro en una pelea por un vuelto”.

El fiscal Eugenio Pérez Moreno ordenó una investigación y los detectives de la División Homicidios a través de entrevistas a vecinos, los dueños de la casa y las filmaciones de las cámaras de la zona, lograron determinar cómo ocurrieron los hechos.

Navarro y Juárez fueron imputados por el delito de homicidio doblemente calificado, por el uso de arma de fuego y por la condición de policía de los sospechosos. Antes de que la causa fuera elevada a juicio, Pérez Moreno bajó la imputación contra Juárez al delito de encubrimiento agravado.

A principios de junio pasado, los policías Navarro y Juárez comenzaron a ser juzgados en la Cámara Tercera del Crimen, por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Ispani, María de los Ángeles Palacio de Arato y Leandro Quijada. A lo largo del juicio, Navarro declaró que “los sospechosos me cerraron la puerta en la cara y la puerta casi me corta un dedo, disparé para defenderme”, y que “no sabía que había herido a una persona, mucho menos, que había muerto”.

En un duro alegato, el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo cuestionó a ambos policías por el desprecio por la vida que demostraron, mantuvo la acusación y pidió una condena de prisión perpetua para el Navarro, mientras que para Juárez solicitó una pena de 5 años y medio de cárcel. El abogado querellante, Carlos Nayi, apoyó el pedido del fiscal.

Navarro fue condenado por el tribunal a 11 años de prisión por el delito de homicidio doblemente agravado; mientras que Juárez, quién llegó a juicio en libertad recibió una pena de tres años de cárcel por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de sus deberes de funcionario público, además de la inhabilitación durante cinco años para ejercer como policía. 

Tras la sentencia, los familiares de “Beco” Avila se mostraron disconformes: “No es lo que esperábamos, Navarro disparó y no le importó la vida de una persona”, se quejó su viuda. El fiscal Hidalgo y el querellante Nayi analizan apelar la condena.

El crimen de José Antonio Avila, en un caso de gatillo fácil, se suma a los homicidios de Blas Correas (17), asesinado en un retén policial el 6 de agosto de 2020 y de Joaquín Paredes (15), también asesinado por policías el 25 de octubre del mismo año en Paso Viejo, un pueblo del norte cordobés. Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, estuvo durante todas las audiencias del juicio por el crimen de Avila. 

GM/MG

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