El aborto es legal en España desde 1985, año en el que se aprobó la ley que permitía hacerlo bajo tres supuestos. Después vendría en 2010 la norma que permitió el aborto libre, pero fue hace 40 años cuando abortar dentro de los límites marcados dejó de considerarse un delito. Desde entonces, las mujeres que interrumpen su embarazo ejercen un derecho que, aunque a medias, está reconocido. Y que ha provocado efectos a largo plazo que conducen a una mayor satisfacción en la vida de las mujeres, según un estudio publicado este julio en la revista The Economic Journal.
Al contrario de lo que los sectores ultracatólicos que libran una cruzada contra el aborto suelen defender, asociando el derecho a decidir con la desintegración social, la caída de la natalidad o el fin de las familias, la investigación revela que a largo plazo eso no ocurre. En cambio, el estudio dibuja un escenario en el que permitir el aborto se traduce, en la práctica, en mujeres más felices, matrimonios más prósperos y no en un descenso pronunciado de hijos, aunque sí un retraso en tenerlos. Y son estos, precisamente, valores y fenómenos sociales que se plantean como deseables por quienes se declaran antiaborto.
El estudio, realizado por cuatro investigadores españoles de la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto de Empresa y la Universitat de Barcelona, revela que aquellas mujeres que tuvieron acceso al aborto en España antes de los 21 años tuvieron menos probabilidades de tener hijos a una edad temprana, pero a la larga no dejaron de tenerlos. Además, la legalización redujo también los matrimonios precoces, pero al mismo tiempo estas mujeres se divorciaron menos a largo plazo que aquellas que no podían abortar.
“Lo que revela es que la legislación de 1985, es decir, mejorar el control de los tiempos de su fecundidad, tuvo consecuencias muy importantes para la vida de las mujeres jóvenes que se enfrentaban a un embarazo no deseado”, sostiene Libertad González, la economista experta en trabajo y salud de la Pompeu Fabra que ha liderado el estudio. Hay que tener en cuenta, además, que la de 1985 fue una ley restrictiva que solo permitía abortar en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la vida, y que esta es la evaluada por los investigadores.
Menos hijos hoy...
Para ello, el estudio aplica un enfoque de diferencias en diferencias –usado en estadística para valorar el efecto de una ley– y utiliza distintas fuentes, desde certificados de nacimiento y matrimonio hasta datos de encuestas de población activa. Por otro lado, compara mujeres con diferente acceso al aborto. Debido a que la aplicación de la norma fue –y sigue siéndolo– desigual y hay provincias en las que no hay centros que practiquen interrupciones, la investigación las divide en dos grupos: las que contaban con al menos una clínica en 1989 y las que no, que eran 23 de 50.
“Nos interesaba mucho entender los efectos en los dos planos, a corto y largo plazo, de ser mujer joven y tener la posibilidad de abortar de manera sencilla, es decir, tener cercanía a un centro que practicara abortos sin tener que ir a otra comunidad u otro país”, explica González. Así que lo primero que hicieron los investigadores fue estudiar el impacto de la ley de 1985 en los nacimientos inmediatos, para lo que miraron las tasas de natalidad mensuales por provincia desde 1980 hasta 1990. Lo que encontraron es que las regiones que contaban con acceso al derecho “experimentaron una caída más profunda de la fecundad a corto plazo” fundamentalmente en menores de 21 años, en concreto de un 6% con respecto a la tasa de natalidad media.
Lo mismo ocurrió con el número de matrimonios, que descendieron un 8,5%. “En consonancia con la fuerte caída de la fecundidad en las mujeres más jóvenes, encontramos evidencia de una disminución significativa de matrimonios en las provincias con mayor oferta de servicios de aborto”, subraya el estudio. Al mismo tiempo, también las bodas de parejas motivadas por el embarazo no deseado sufren una caída del 8,6% tras 1985 entre, de nuevo, aquellas mujeres menores de 21 años que vivían en las provincias que sí practicaban abortos en comparación con las que no.
Ello se corresponde también con mayores probabilidades de terminar la educación secundaria obligatoria antes de ponerse a trabajar, concluye la investigación, que revela que las mujeres que eran jóvenes cuando se aprobó la ley en aquellas provincias con acceso al aborto “pudieron posponer la fertilidad y evitar nacimientos en la adolescencia”, lo que les llevó a “cursar estudios a tiempo completo” con más frecuencia que aquellas que cuando se legalizó el aborto habían abandonado ya el instituto y tenían hasta 30 años. En lo que no ha encontrado evidencia el análisis es en que esto impactara en la posibilidad de ir a la universidad ni en las tasas de empleo o salario.
... Pero no mañana
Pero junto al descenso de nacimientos y matrimonios en los años inmediatamente posteriores, la investigación se pregunta qué ocurrió más tarde y si esto condujo a las mujeres a tener menos hijos a lo largo de su vida. Para ello usa diferentes encuestas españolas de fertilidad e incluye en la muestra mujeres que tienen hasta 63 años en el momento de las entrevistas. Así, haciendo diferentes grupos de edad, concluye que las jóvenes con acceso al aborto sí retrasaron la edad de su primer hijo –medio año más, en promedio– y también que el efecto negativo en la fecundidad se mantuvo a los 18 y 21 años, pero a los 34 y a los 44 el efecto se redujo considerablemente.
“Esto quiere decir que el aborto no afectó a la fertilidad completa. Las mujeres que tuvieron acceso temprano al aborto, al final cuado son más mayores han acabado teniendo el mismo número de hijos pero a más edad. Vemos que estas mujeres, que ya habíamos visto que evitan un matrimonio temprano, se casan pero más tarde y también tienen hijos, es menos probable que se acaben divorciando probablemente porque evitan también el matrimonio no deseado y construyen parejas de más calidad”, resume González sobre el hallazgo que apunta a que aquellas mujeres “afectadas” por la ley de 1985 registran tasas de divorcio un punto por debajo de las que no.
El estudio utiliza una doble comparación para asegurar la atribución de diferencias al aborto y por eso coteja cohortes de mujeres menores de 21 en provincias de fácil acceso a la interrupción del embarazo con aquellas que eran más mayores, pero también compara ambos grupos en regiones sin centros. “De esta forma podemos limpiar esos otros factores posibles que pueden intervenir porque las diferencias que se ven en la primera comparación no se ven en la segunda”, explica González, que cree que los resultados son importantes en un momento en el que “en varios países, como Estados Unidos, hemos visto un retroceso en el aborto” y globalmente arrecia una ofensiva antiderechos.
La investigación analiza también qué bienestar autopercibido declaran las mujeres y hasta qué punto tiene esto relación con la ley. Y para ello utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, de la que obtiene una muestra de 4.546 mujeres de entre 38 y 58 años. Los autores encuentran evidencia de que tener la posibilidad de abortar antes de los 21 “mejora el bienestar a largo plazo” porque estas mujeres “tienen menos probabilidades de sentirse tensas o deprimidas y más de sentirse tranquilas” además de reportar un mayor grado general de satisfacción con su vida.
En total, poder abortar mejoró en un 7,6% estos niveles, según el estudio. Un efecto que “probablemente” se deba a causas tanto directas como indirectas, interpretan los investigadores: algunas mujeres porque pudieron evitar un embarazo precoz gracias a la legalización del aborto, pero también otras que no se sometieron a la intervención “podrían haberse beneficiado en términos de su propia tranquilidad”, concluyen.