Amnistía Internacional alerta sobre la criminalización de una médica que cumplió con la ley de aborto legal en Salta

elDiarioAR

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Amnistía Internacional emitió una acción urgente para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz, una médica de Salta que garantizó el derecho a la interrupción del embarazo. A través de esta iniciativa de alcance mundial, la organización llama al Fiscal de Tartagal, que dé marcha atrás con la imputación penal contra la profesional.

La acción urgente es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Por lo general, cuando Amnistía Internacional registra que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate. La organización considera que el caso de Tartagal responde a esas características.

La historia

Miranda Ruiz es médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En esa ciudad asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo. En septiembre de 2021, la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega impulsó una investigación penal en su contra a raíz de la atención brindada a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. En el marco del dicho proceso, la médica fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión.

Como surge de la prueba producida en el expediente, Ruiz actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Su intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y respaldada por la dirección del hospital, lo cual también consta en la historia clínica. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso y autoadministrado.

Ante este caso, Amnistía Internacional ha sumado a toda su comunidad global para exigir al fiscal a cargo de la investigación, que desestime la imputación penal frente a la inexistencia de delito; y al sistema de justicia que se abstenga de judicializar a profesionales de la salud que garantizan el derecho al aborto dentro del marco legal.

“La criminalización contra Miranda Ruiz no puede continuar porque actuar en el marco de la ley para garantizar derechos no es un delito. El derecho a decidir y acceder a un aborto requiere que las personas que necesiten acceder a la práctica y los profesionales de la salud que la garantizan puedan actuar sin temor a ser perseguidos penalmente” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

PP

Amnistía Internacional emitió una acción urgente para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz, una médica de Salta que garantizó el derecho a la interrupción del embarazo. A través de esta iniciativa de alcance mundial, la organización llama al Fiscal de Tartagal, que dé marcha atrás con la imputación penal contra la profesional.

La acción urgente es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Por lo general, cuando Amnistía Internacional registra que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate. La organización considera que el caso de Tartagal responde a esas características.

La historia

Miranda Ruiz es médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En esa ciudad asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo. En septiembre de 2021, la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega impulsó una investigación penal en su contra a raíz de la atención brindada a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. En el marco del dicho proceso, la médica fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión.

Como surge de la prueba producida en el expediente, Ruiz actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Su intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y respaldada por la dirección del hospital, lo cual también consta en la historia clínica. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso y autoadministrado.

Ante este caso, Amnistía Internacional ha sumado a toda su comunidad global para exigir al fiscal a cargo de la investigación, que desestime la imputación penal frente a la inexistencia de delito; y al sistema de justicia que se abstenga de judicializar a profesionales de la salud que garantizan el derecho al aborto dentro del marco legal.

“La criminalización contra Miranda Ruiz no puede continuar porque actuar en el marco de la ley para garantizar derechos no es un delito. El derecho a decidir y acceder a un aborto requiere que las personas que necesiten acceder a la práctica y los profesionales de la salud que la garantizan puedan actuar sin temor a ser perseguidos penalmente” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

PP

Amnistía Internacional emitió una acción urgente para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz, una médica de Salta que garantizó el derecho a la interrupción del embarazo. A través de esta iniciativa de alcance mundial, la organización llama al Fiscal de Tartagal, que dé marcha atrás con la imputación penal contra la profesional.

La acción urgente es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Por lo general, cuando Amnistía Internacional registra que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate. La organización considera que el caso de Tartagal responde a esas características.