Jaume Asens: “Pablo Hasel ha sido la chispa que incendió la indignación de mucha gente”

“La libertad de expresión también tutela la crítica que perturba y ofende, la que es ingrata o la que es hiriente. Esa es la grandeza de la democracia”. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Jaume Asens (Barcelona, 1972) defiende así la necesidad de derogar del Código Penal los llamados delitos de expresión, algunos de los cuales han provocado la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. El grupo que preside Asens ha registrado esta semana una petición para indultar al cantante, así como al también rapero Valtònyc, fugado a Bélgica para no correr la suerte de Hasel.

El diputado y dirigente de la máxima confianza tanto de Pablo Iglesias como de Ada Colau responde por teléfono a elDiario.es el jueves, un día después de que se hayan celebrado manifestaciones en diferentes ciudades en protesta por la entrada en prisión del rapero. En algunas de ellas se han producido fuertes disturbios, que para Asens no deben servir para esconder los motivos de las protestas. “Hasel ha sido la chispa que ha incendiado la indignación de mucha gente”, asegura. Y añade: “Se cierra la investigación sobre la corrupción de la monarquía y se encarcela a quien la criticó en sus canciones”.

Asens responde también sobre el proyecto para reformar el delito de sedición, el indulto de los presos independentistas y las muchas diferencias, cada vez más evidentes, en el seno del Gobierno de coalición. El presidente del grupo confederal defiende la abstención a la ley de igualdad de trato del PSOE: “Estábamos cerca de un acuerdo y el PSOE de forma unilateral registró su texto”. Sobre Catalunya, pide hacer un Gobierno de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo y para salir de la crisis.

Plantean eliminar algunos de los delitos por los que entra en prisión Pablo Hasel. En concreto, enaltecimiento del terrorismo o injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. ¿Por qué no debería ser delito el enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo? 

Las víctimas del terrorismo ya están protegidas en sus derechos en otros tipos penales como el delito de odio o de humillación a las víctimas. Pero este delito en la práctica sirve para restringir la libertad de expresión, tal y como se puede ver en las sentencias en las que se ha aplicado. Organizaciones como Amnistía Internacional señalan que ha servido para para perseguir opiniones. La persecución de quien, sin incurrir en la violencia, cuestiona asuntos centrales del orden establecido, es una derrota del principio democrático. La libertad de expresión también tutela la crítica que perturba y ofende, la que es ingrata o la que es hiriente. Esa es la grandeza de la democracia.

Nosotros lo que hacemos es cumplir con el mandato del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace tiempo que están señalando que esos delitos están desfasados y no se adecuan a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.

El encarcelamiento de Hasel ha provocado manifestaciones en múltiples ciudades de España, como Barcelona, Madrid o Granada. También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y policía, una mujer ha perdido un ojo en Barcelona y ha habido múltiples detenidos. ¿Cómo valoran lo ocurrido desde su entrada en prisión?

No nos gusta, evidentemente, lo que estamos viendo. Creemos que no es el camino adecuado. Pero que el relato no nos impida ver las razones de fondo que hay detrás de esa indignación. Se cierra la investigación sobre la corrupción de la monarquía y se encarcela a quien la criticó en sus canciones. Y esto se produce cuando hay muchos males acumulados. Hasel ha sido la chispa que ha incendiado la indignación de mucha gente, con el contexto del rey emérito; con un juez que cuestiona y amenaza la democracia diciendo quién debe estar o no en el Gobierno, mientras el CGPJ lleva dos años secuestrado por el PP, un partido que se ha financiado ilegalmente desde su fundación y que ha utilizado las cloacas parapoliciales para proteger su corrupción.

En un contexto de paro juvenil hay gente que sale a las calles a protestar. Y cuando eso pasa, igual que decimos que rapear no puede ser delito, manifestarse en solidaridad por Hasel no puede llevar a una joven a perder el ojo. Por eso también hemos pedido al Gobierno Junts y de ERC que revisen los protocolos de actuación y que se prohíban las balas de 'foam', tal y como planteamos en una moción al 2019. Es evidente el peligro de esas armas de fuego. No podemos poner solo el foco en los disturbios y que se exagere lo ocurrido para ocultar los problemas de fondo.

Uno de los elementos más polémicos a raíz de los disturbios fue el tuit de Pablo Echenique en el que mostraba su apoyo a los “manifestantes antifascistas”. ¿Considera acertado el tuit?

Yo creo que nadie duda de que a Pablo Echenique no le gustan las imágenes que se dieron. Las declaraciones de algunos partidos diciendo que el tuit era un aval a los disturbios son una interpretación que se aparta ostensiblemente de la literalidad del tuit. Puedes estar de acuerdo con lo que lleva a los jóvenes a salir a la calle a expresar su indignación, y estar en desacuerdo en como una minoría de esos jóvenes hace destrozos en el mobiliario público, en lo que claramente es un exceso en el ejercicio de un derecho fundamental como es el de manifestación.

Ustedes han pedido el indulto de Pablo Hasel y de Valtònyc. Él ha dicho en alguna ocasión que no quiere el indulto. ¿Por qué lo piden entonces en su nombre?

Él lo que ha dicho es que no iba a pedir el indulto, que él no se arrepentía, pero que si alguien quería pedir el indulto, ningún problema. Yo mismo me puse en contacto con su abogado porque no queríamos tomar esta iniciativa sin su consentimiento. Cuando hablamos con el abogado, nadie había presentado la petición. La podía haber presentado ERC o cualquiera de los partidos. De hecho, él no puede negarse si le dan el indulto. Yo he sido abogado de insumisos, de anarquistas y de personas vinculadas al movimiento antisistema, y muchas veces se ha producido este debate. Muchos insumisos fueron indultados por el PP sin que lo pidieran cuando se estaba tramitando la ley para derogar el delito. El PP falta a la verdad cuando explica que el indulto exige un acto de constricción o una arrepentimiento. Para nada, se puede leer en la ley que es de 1870. 

¿Es el indulto la herramienta más adecuada para este caso?

El indulto es un instrumento del Poder Ejecutivo para, en base de la política criminal que tiene cada Gobierno, suavizar o atemperar el rigor de una determinada condena por razones materiales, de equidad o de conveniencia social. Es coherente pedir el indulto mientras se tramita la ley para defender la libertad de expresión porque puede pasar que una vez se haya aprobado, haya cumplido ya su condena. Hay que adelantar los efectos de la ley, como se hizo con los insumisos. Si hay un convencimiento en el PSOE, como dicen en sus declaraciones, y en Unidas Podemos de que es una situación anómala, no debería haber ningún problema para que se otorgue el indulto. 

Esa propuesta de reforma del Código Penal coincide en el tiempo con un anuncio del Ministerio Justicia y de la Presidencia del Gobierno de una iniciativa similar. ¿Por qué se abre una doble vía para un mismo fin?

Cuantas más vías se abran para resolver esta situación, mejor. Pero el tiempo es importante. En el caso de los presos independentistas, el ministro de Justicia [Juan Carlos Campo] se comprometió a que en diciembre llevaría una propuesta de reforma del Código Penal y todavía no ha cumplido su promesa.

Cuando registramos nuestra propuesta lo comunicamos por conductos oficiales a nuestro socio. Y al cabo de un par de horas apareció el comunicado del Ministerio de Justicia, que es una declaración de intenciones que no nos parece mal porque va en la misma dirección que nuestra propuesta legislativa. Estamos en sintonía, pero nosotros queremos llevar más lejos la reforma. Cuando se tramite la ley, podemos discutir sobre la letra pequeña. Y si hay cosas que se puedan mejorar de nuestra ley, pues nosotros estamos dispuestos a a modificarla. No es una propuesta cerrada. El tiempo cuenta porque tenemos a un rapero ya en la cárcel.

Otra reforma que está planteada es la del delito de sedición. ¿Cómo se encuentra esa tramitación? ¿Está lista para ser llevada al Consejo de Ministros? 

Han pasado tres años desde que los líderes independentistas están en prisión y creemos que ya no puede postergarse más la reforma de la sedición. Es inaplazable. Es verdad que ha habido una pandemia que lo ha parado todo y que ha reordenado las prioridades de este Gobierno y del resto de gobiernos de Europa. Pero nosotros en 2017 pusimos ya una propuesta sobre sobre la mesa que han defendido las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, con los tribunales europeos o la ONU. De momento, solo hemos podido arrancar al PSOE declaraciones de intenciones y el compromiso público de abordar esta cuestión desde el Gobierno. Pero necesitamos hechos.

Ya han pasado las elecciones [en Catalunya]. Es posible que mucha gente piense que esta tardanza tenga que ver con cálculos electorales del PSOE, que ha ocupado buena parte del espacio electoral que ocupaba antes Ciudadanos. Pero no podemos esperar más. Hay que ser valientes y ponerlo sobre la mesa. Cualquier opción de desbloqueo del conflicto en Catalunya pasa por desjudicializarlo y por la libertad de los presos. No vamos a poder avanzar en la mesa de diálogo si los líderes de los dos espacios que gobiernan en Catalunya no están en libertad.

Además de estas dos, hay varias reformas del Código Penal en marcha. Hay otra que está tramitándose, por ejemplo, a través de la ley del solo sí es sí. El PSOE quiere aglutinar todas y acometer una única reforma del Código Penal. ¿Es posible hacerlo como plantean?

Yo comparto el deseo del PSOE. A mí también me gustaría poder hacer un abordaje integral, global, del Código Penal para modernizarlo y ponerlo al mismo nivel que los de nuestro entorno inmediato. Pero hay ciertas urgencias o necesidades imperiosas que nos obligan a tener que avanzar por fascículos. Si se hace un debate global va a tardar mucho, se van a mezclar muchas cosas que tienen poco que ver. 

Sería una buena idea englobar la reforma al delito de sedición y rebelión. El ministro Campo ha dicho que Europa le abrió los ojos en esta materia. Y que hay delitos como el de sedición que son auténticas antiguallas, reliquias del pasado, que se basan en una concepción predemocrática del orden público. 

¿Y la vía del indulto para liberar a los presos del procés?

De momento no depende del Gobierno porque está parado en el Tribunal Supremo. Me parece que el señor [Manuel] Marchena está bloqueando el trámite del informe que tiene que hacer. Todo el mundo sabe lo que piensa Marchena sobre la petición de indulto, porque ya lo ha dicho en las resoluciones sobre los terceros grados. Solo tiene que hacer corta y pega. Lo que no puede hacer es alargar o prolongar su decisión, porque es razonable que mucha gente piense que lo hace de forma deliberada

En las últimas horas se ha publicado que el Gobierno y el PP han retomado las negociaciones para la renovación del CGPJ. ¿Está cerca el acuerdo entre el Gobierno y el PP? ¿Están ustedes informados de estas negociaciones?

No, no, la verdad es que el ministro [de Justicia] no nos ha informado de estas supuestas negociaciones. No sé si son reales o no, si son negociaciones o contactos. Yo no comparto el optimismo que ha manifestado el ministro en alguna ocasiones. Creo que la voluntad del PP de bloquear y torpedear el funcionamiento de las instituciones es clara, que no hay una intención real por parte de Enrique López [secretario de Justicia del PP y consejero en Madrid] de dar el brazo a torcer. No podemos ser ingenuos y no podemos operar pensando que ese escenario va a producirse sí o sí. Hay que tener una alternativa y por eso defendemos que hay que seguir con la hoja de ruta que nos habíamos marcado para poner fin al golpismo judicial, a la situación de corrupción institucional, de subversión del orden constitucional que está haciendo el PP. ¿Alguien se imagina un Gobierno en funciones durante dos años, que se negara a disolverse y que siguiera actuando en contra del mandato de las urnas y de la Constitución? Diríamos que es un Gobierno ilegítimo. 

Hemos hablado de algunos elementos que muestran diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, dentro del Gobierno y dentro de de la alianza parlamentaria. Pero hay otros, como las leyes de igualdad, la ley de vivienda, la derogación de la reforma laboral, la ampliación del ingreso mínimo vital o más recientemente las ayudas directas a empresas. ¿Estas diferencias son manejables dentro del Gobierno? ¿Es posible cogobernar así?

La gente está normalizando que en España hay una Gobierno de coalición que está formado por dos partidos que no opinan igual en todas las cuestiones. Creo que no hay que ser hipócrita y reconocer que esos debates existen y que son la base para avanzar de forma conjunta. No hay otra alternativa que el pacto en política. A medida que van saliendo diferentes iniciativas en cumplimiento de nuestro acuerdo salen disonancias o diferencias que tiene que ver con con diferentes formas de interpretarlo. Pero estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas y creo que un elemento de discrepancia no debe impedirnos avanzar en aquello que estamos de acuerdo, porque esa es la política.

Pero la tensión en las últimas semanas se ha elevado varios niveles.

Cuando uno mira hacia atrás y ve todas las iniciativas que hemos adoptado vemos que son muchos los acuerdos. Claramente tenemos un problema cuando se traduce a la opinión pública en ruido. Y ahí tenemos que hacer autocrítica todos e intentar no cometer excesos verbales. Lo más importante es que cuando hay un acuerdo, todo el mundo acate este acuerdo.

Este martes se produjo un hecho novedoso, la abstención de Unidas Podemos a la ley de igualdad de trato del PSOE. ¿Existieron contactos con otros grupos para lograr una mayoría que rechazara la proposición de ley?

Yo no estuve en esas conversaciones, no sé si fueron tal y como se ha publicado. Pero no podemos desenfocar el tema. Hay que recordar que llevábamos siete meses trabajando para aprobar una ley de forma conjunta. Estábamos cerca de un acuerdo y el PSOE de forma unilateral registró su texto, sin el aval de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, cuando el Ministerio competente en esta materia es el de Igualdad. Y parece que eso podía obedecer a la voluntad de bloquear la ley trans y la LGTBI, lo que va en contra del acuerdo de Gobierno.

Eso ha generado un cierto malestar en nuestras filas porque no son las formas más correctas o más leales. Pero creo que hay que diferenciar los grupos parlamentarios del Gobierno. Son dinámicas que no están desconectadas, pero que obedecen a diferentes lógicas. Y cuando se presenta una ley de forma unilateral, sin contar con el socio de gobierno, pues me parece normal que el socio no se sienta vinculado con ella. Y menos si puede pensar que se ha presentado para para bloquear otras leyes.

En las recientes elecciones en Catalunya ustedes han aguantado la representación con ocho diputados, aunque se han dejado alrededor de un 40% del voto. ¿Cómo han evaluado esta pérdida de apoyo?

Obedece a un contexto de gran abstención. Mucha gente se ha quedado en casa y la práctica totalidad de los partidos han tenido menos apoyo. La participación ha sido de las más bajas de la historia. En porcentaje estamos en el mismo nivel de apoyo que en 2017.

El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha hecho una propuesta de formar un gobierno conjunto con Junts, la CUP y En Comú Podem. ¿Por qué la rechazan?

Lo primero que hay que reconocer es que en votos las elecciones las ha ganado el PSOE. Eso no significa que el señor Illa vaya a ser investido, porque quien reparte el juego es el presidente del Parlament en base a los apoyos que tengan los candidatos. Y ahora mismo es evidente que nosotros no sumamos con el PSC. No tiene sentido hacerle perder el tiempo a la gente con una investidura fake. 

Con eso quiero decir que hay que ir a otra fórmula, que tiene que ver con el mandato de las urnas. Hay una clara mayoría de izquierdas, absoluta. Y a favor del diálogo. Y eso significa que podemos hacer un Gobierno de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo y para salir de la crisis.

Con Junts hemos llegado a acuerdos en el pasado, no es exactamente lo mismo que Convergència i Unió a pesar de que arrastra algunos tics del pasado. No descartamos poder llegar a acuerdos con Junts, pero no podemos gobernar con ellos. Es algo que también dicen ellos. Ellos creen que estamos en una pausa del proceso independentista y no en una nueva etapa. No se pueden repetir las vías fracasadas del pasado y la única salida democrática a la situación de bloqueo que existe en Catalunya es el diálogo y el pacto. Junts ha votado en contra de la investidura del Gobierno de coalición. Ha votado en contra de la mayoría de cuestiones que se han planteado en la línea progresista en el Congreso. 

¿Y qué alternativa hay?

Nosotros apelamos a ERC y ya hemos tenido los primeros contactos con ellos, con la CUP y con el PSC, que son los partidos con los que tenemos más coincidencias programáticas. Más que hacer un frente nacional hay que hacer un frente de izquierdas que levante las banderas de la sanidad, la educación, el medio ambiente y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.