Mientras el Gobierno ajusta los detalles para enviar al Congreso su proyecto de Ley de Modernización Laboral que busca reformar el mundo del trabajo y alista al Congreso, que ahora le es más favorable, a aprobarla lo antes posible, y en medio del paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE, organizaciones sociales y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lleva adelante este martes “acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos de la zona metropolitana y del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector”.
De acuerdo a los organizadores, la jornada se realiza “en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional.
Alejandro “Peluca” Gramajo, Secretario General de la UTEP, señaló en las últimas horas que “no existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por si sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001, que terminó con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”.
Para el dirigente social, “lamentablemente no estamos lejos de esa situación, teniendo en cuenta el endeudamiento de las familias para poder comer, no solo con tarjetas y billeteras virtuales, sino con los prestamistas narcos en los barrios populares. Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción que deje de importar esclavitud de otros países”.
Según Gramajo, “una cosa que tiene que tener en cuenta cualquier legislación laboral que se pretenda terminar con la informalidad es que existe un trabajo hoy en la Argentina que es el de la economía popular, el que se inventan cientos de miles de personas para poder vivir, y que no está reconocido y le faltan derechos. Por eso creemos necesaria la creación de un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.
Desde la UTEP denuncian que desde que asumió Milei en diciembre de 2023, “el Gobierno congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en $78.000 en el marco de la devaluación más grande de la historia argentina”. Además, reclaman que ese Salario Social Complementario está “desacoplado de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que ya de por sí es de extrema indigencia ($328.400 según la última actualización unilateral por parte del gobierno). Ahora busca desenganchar la AUH de la fórmula de movilidad previsional de ANSES para evitar su actualización automática en el marco del aumento inflacionario”, sostuvieron.
Según denunciaron las organizaciones, el Gobierno “pretende avanzar con una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, pero lo único que busca es que los trabajadores sigan retrocediendo en derechos y profundizar aún más la exclusión”.
Asimismo, señalaron que la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares “afecta directamente la urbanización y el acceso a derechos básicos. La apertura a las importaciones está destruyendo unidades productivas textiles, obligando a miles de trabajadores a volver a producir en sus casas en condiciones de hacinamiento. La importación de cartón golpea a las familias cartoneras, y algo similar ocurre con la agricultura familiar debido al ingreso de alimentos importados”, remarcaron.
A esto se suma la violencia institucional que, según destacaron, “estigmatiza, persigue, decomisa y detiene constantemente a los trabajadores y trabajadoras del espacio público”. Para los dirigentes de la UTEP, “la desfinanciación de los espacios sociocomunitarios no solo desarticula a las familias en las barriadas, sino que abre el camino al avance del narcotráfico, que se convierte en prestamista de última instancia para la comunidad”.
Frente a este escenario, las organizaciones remarcan la necesidad de contar con “un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular que regule, formalice y amplíe los derechos de quienes integran este sector”.
En la jornada de este martes, exigen “un aumento y la continuidad del Salario Social Complementario que el gobierno amenaza con cortar en abril; la actualización automática de la AUH, que se pretende desacoplar; un bono de fin de año para la Economía Popular y los trabajadores informales; y obras para los barrios populares”.