Informe de CAREF y ACNUR

Entre largas caminatas y desesperación, historias de familias que entraron a Argentina durante el cierre de fronteras

Una familia venezolana es asistida por el Ejército argentino cuando intentaba cruzar a Chile a pie

Lula González


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A principios de marzo de 2020, Estrella salió para Maicao-La Guajira (Colombia) con sus dos niños, de 2 y 7 años. Allí se reencontraría con Hugo su pareja (y padre de los niños), que llevaba un año trabajando en Perú. Desde Colombia, los cuatro juntos emprenderían el viaje hacia Argentina. Debido al cierre de transportes y de fronteras, Hugo se unió a un grupo de caminantes, y partió de Lima unos días después de iniciada la cuarentena. A fines de abril, luego de un mes de caminar, llegó a Maicao, a 3.800 kilómetros de Lima. “Llegó sucio, peludo, flaco, cansado. Parecía un indigente”. Durante todo ese viaje, solo se comunicó 2 o 3 veces con Estrella, porque no tenía teléfono. Permanecieron unos meses en Maicao, trabajando (Estrella vendía café en las calles; Hugo trabajó en la construcción) hasta que juntaron dinero para llegar a Cali, y luego a Ipiales, desde donde cruzaron hacia Ecuador. Una vez en Ecuador, recibieron asistencia de diversos organismos internacionales, hicieron una cuarentena y fueron alojados durante 45 días en un refugio. El dinero de la ayuda humanitaria les permitió comprar pasajes en omnibus hasta Tumbes y luego hasta Desaguadero (con los niños sentados en sus rodillas). Luego fueron hasta La Paz, y de allí hacia Villazón. El 24 de diciembre de 2020 cruzaron a La Quiaca. Lo hicieron por el lecho del río.

Esta es una de las 28 historias que recogió el informe denominado “Fronteras cerradas por pandemia-Familias en movimientos y sus tránsitos en Argentina 2021-2022” realizado por ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados) y CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes). Fueron también una de las 1.500 familias que consultó a CAREF por su status ya que no tenían sello de ingreso a la Argentina.

El informe da cuenta de los desplazamientos hacia Argentina de personas y familias migrantes y solicitantes de asilo que se encontraban en distintos países de la región (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Sus tránsitos, su ingreso al territorio y su situación posterior muestran los efectos regresivos de diversas y fragmentarias políticas y prácticas administrativas implementadas al calor de los contagios ocasionados por la pandemia por Covid-19. El trabajo ubica y analiza las trayectorias en el complejo marco de las organizaciones e instituciones involucradas en la regulación de los ingresos y en la protección de derechos de las personas en movilidad, y en las decisiones políticas y administrativas que no siempre lograron equilibrar la preocupación sanitaria con las necesidades de protección de personas y familias extranjeras.

Este prolongado cierre de fronteras afectó inicialmente a dos grupos. El primero estaba integrado por personas argentinas y extranjeras residentes en el país que habían salido de Argentina poco tiempo antes, por turismo o visitas -para esa fecha, aún no había concluido la temporada estival-. Varios miles de estas personas quedaron “varadas” en los lugares en que se encontraban al momento del cierre de fronteras, y fueron repatriadas en vuelos especiales en el curso de las siguientes semanas. En todos los casos, al ingresar al país eran testeadas para detectar el virus y debían realizar una cuarentena obligatoria de 15 días en instalaciones especialmente dispuestas para ello. El segundo grupo lo formaban personas extranjeras no residentes en el país, que se encontraban en tránsito hacia Argentina por diferentes motivos. Algunas de ellas porque deseaban reunirse con familiares ya establecidos; otras porque tenían necesidades de protección internacional ya que consideraban que su vida, su libertad o su seguridad estaban en riesgo en su lugar de residencia; y otras más debido a procesos y proyectos migratorios ya en curso que fueron afectados diversamente por la pandemia —generalmente hacia una mayor vulnerabilidad. En situaciones normales, todas estas personas extranjeras no residentes hubieran ingresado al país por cualquier paso habilitado (terrestre, aéreo, fluvial o marítimo) ya sea como turistas o como solicitantes de asilo. Y a la brevedad habrían iniciado su trámite de residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones o el procedimiento de asilo ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Los quince días de cierre de fronteras establecidos en el decreto original de marzo de 2020 se fueron prorrogando durante más de un año y medio, con algunas aperturas controladas en unos pocos aeropuertos ubicados únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien ciertos tránsitos estuvieron autorizados (transportistas, etc.) no se puso en práctica ningún mecanismo operativo ni administrativo estable que habilitara el ingreso al territorio por razones de reunificación familiar, humanitarias o de personas con necesidades de protección internacional, a diferencia de otros países de la región como Uruguay. En la práctica, el derecho a migrar y el derecho a buscar y recibir asilo quedaron suspendidos.

En diálogo con elDiarioAR, Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF habló acerca del estado de situación de la migración en Argentina

-El cierre de las fronteras y el contexto de pandemia en general, ¿desalentaron la migración?

Los cierres de fronteras y los confinamientos internos (que implicaron restricciones a la circulación dentro de los países) sin dudas representaron un obstáculo para la migración. Lo que no es tan claro es que hayan desalentado la necesidad de las personas a migrar. El contexto de pandemia afectó el trabajo de muchísimas personas, especialmente de quienes trabajan informalmente y quedaron por fuera de las ayudas que ofrecieron los distintos gobiernos. Puesto que muchas personas migrantes tienen este tipo de trabajos en distintos países de la región, su situación empeoró considerablemente durante la pandemia, entonces muchas personas consideraron volver a migrar hacia un nuevo destino (tal como Argentina o Chile). Entonces, si bien los cierres de fronteras dificultaron los tránsitos, los efectos económicos de la pandemia impulsaron a muchas personas a reemigrar —a muchas personas que, tal vez, de no haber habido pandemia, se hubieran quedado donde ya vivían—.

Durante la pandemia se observó que existen sectores que han lucrado con los ingresos irregulares (o por pasos no habilitados) de migrantes ¿Cómo funcionan estos circuitos? 

Los “gestores” y los “pasadores” han existido desde siempre. Sus servicios consisten en “resolver”, de maneras irregulares o directamente ilegales, dificultades respecto a “los papeles” o los cruces de fronteras internacionales. Estos personajes florecen cuando las fronteras son difíciles de cruzar legalmente o cuando los “papeles” son difíciles de obtener. Comparativamente, las fronteras de América del Sur no han sido difíciles de cruzar, especialmente para las personas nativas de países de la región. Usualmente (aunque no siempre) alcanzaba con que tuvieran vigentes sus documentos de identidad. Por este motivo nunca fueron fronteras mortíferas, por ejemplo, en comparación con el Mar Mediterraneo, con las fronteras de Centro América, o de México y Estados Unidos. La pandemia mostró lo rápido que se armaron esos circuitos clandestinos (que proveyeron transporte y cruces internacionales) y queda en el reino de la especulación el dinero que han movido. Muchos de esos circuitos clandestinos operaron a la vista de todos, incluidas las autoridades migratorias, las policías y las fuerzas de seguridad de los países de la región. Esto confirmó una vez más lo que se sabe desde hace muchos años: las restricciones a la movilidad (por el motivo que sea: sanitario, laboral, de seguridad, etc) siempre son terreno fértil para los negocios clandestinos y agravan los riesgos de quienes migran en condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Juan Carlos Murillo, Representante Regional de ACNUR para el Sur de América Latina respondió a elDiarioAR sobre de qué forma impactó el cierre de fronteras a nivel regional en la población migrante y solicitante de asilo.

“La pandemia de Covid-19 -explicó el funcionario internacional- ha profundizado las desigualdades preexistentes y aumentado la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes en la sociedad. Los efectos en las condiciones de vida, seguridad, dignidad y salud de las personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida han sido dramáticos. Todos hemos sido afectados de alguna forma durante la pandemia, pero las personas refugiadas y otras personas desplazadas por la fuerza, se han visto afectadas de manera desproporcionada y enfrentan problemas particulares de protección, especialmente por las limitaciones a la libre circulación y los cierres de frontera que los países del mundo establecieron. Durante el pico de la emergencia sanitaria, 100 países aplicaron medidas restrictivas para la admisión de solicitantes de asilo, exponiendo a mayores riesgos a personas que ya se encontraban en una situación de peligro. Después de más de dos años, y tal como lo ha señalado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, es necesario que los Estados levanten estas restricciones de la manera más urgente, para que las personas puedan buscar seguridad y protección internacional”.

En esa línea Gabriela Liguori profundiza: “Los cierres de fronteras y los confinamientos internos (que implicaron restricciones a la circulación dentro de los países) sin dudas representaron un obstáculo para la migración. Lo que no es tan claro es que hayan desalentado la necesidad de las personas a migrar. La movilidad se sostuvo por motivos basados en la necesidad, tanto sea de supervivencia como de protección. El contexto de pandemia afectó el trabajo de muchísimas personas, especialmente de quienes trabajan informalmente y quedaron por fuera de las ayudas que ofrecieron los distintos gobiernos. Puesto que muchas personas migrantes tienen este tipo de trabajos en distintos países de la región, su situación empeoró notablemente durante la pandemia y muchas personas consideraron volver a migrar hacia un nuevo destino (tal como Argentina o Chile). Entonces, si bien los cierres de fronteras dificultaron los tránsitos, los efectos económicos de la pandemia impulsaron a muchas personas a reemigrar —a muchas personas que, tal vez, de no haber habido pandemia, se hubieran quedado donde ya vivían”.

-¿Qué lectura tenemos sobre el cierre de las fronteras como política sanitaria?

Es indudable que los Estados actuaron frente a la pandemia suponiendo que el cierre de fronteras era una medida adecuada para el cuidado de las comunidades en territorio. Sin embargo, los hechos nos demuestran que era posible sostener la política sanitaria con un ingreso cuidado en las fronteras. Los corredores seguros implementados en los aeropuertos, por ejemplo, podrían haber sido parte de la política migratoria y sanitaria y extenderse a las fronteras terrestres, pero esto no ocurrió. ¿Quiénes se vieron afectados? Quienes migraron por tierra como “caminantes”, atravesando múltiples situaciones de riesgo a raíz de la falta de presencia estatal destinada al cuidado de esta población. Hablamos de familias completas, mujeres con niños, adultos mayores, personas con discapacidad. En muchos casos urgidos por reunificarse con su familia, o por cuestiones médicas que debían ser atendidas con urgencia o requerían del cuidado de un familiar. Los dispositivos de asistencia humanitaria que, en las fronteras terrestres, sostuvimos las organizaciones de la sociedad civil junto con organismos internacionales permitieron generar mecanismos seguros de recepción, alojamiento para cumplir con las cuarentenas, articulaciones con el sector salud para hacer los hisopados (y eventualmente brindar asistencia médica) e incluso traslados hasta el lugar de destino. Sin estos canales seguros y cuidados para recibir a quienes llegaban -a pesar del cierre de fronteras- el impacto para esas familias y para las comunidades que residen en las zonas de frontera hubiera sido mucho más delicado. Las acciones que dieron lugar a estos corredores terrestres seguros deberían haber sido asumidas por los Estados con el apoyo de la sociedad civil. Llevadas a cabo centralmente por la sociedad civil, demostraron que los cuidados sanitarios y el derecho a la movilidad pueden ir de la mano. Sostiene la Directora Ejecutiva de CAREF.

La presentación del evento se puede ver por las redes de CAREF, este lunes 6 de junio a las 17 horas.

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