Un shock de petróleo para las costas de Río Negro: la Legislatura votó casi a escondidas la derogación de una ley que prohíbe un oleoducto

Operando en total sorpresa y con efecto de shock, la legislatura de Río Negro votó la derogación de una ley provincial de 1998 que prohibe la actividad hidrocarburífera en el Golfo de San Matías, una zona de intensa actividad biológica marítima y costera, para favorecer a la empresa YPF, que quiere construir un oleoducto y un puerto cerca del límite con Chubut.

La medida tiene como objeto archivar en el fondo de la historia el artículo primero de la ley 3308, que impide taxativamente “la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos”. 

Como Río Negro tiene una legislatura unicameral, para que la medida quede aprobada tiene que pasar por una nueva ronda de votación, lo que podría suceder el 9 de Septiembre. Sin embargo, ya se está gestando la resistencia en los territorios, donde este proyecto, que no conoce de grieta política, se sintió como una puñalada por la espalda.

Río Negro tiene una larga historia de movimientos populares contra megaproyectos que puedan dañar el ambiente, ya que de la provincia vive, entre otras cosas, del turismo y de la pesca. En 2017, por ejemplo, el gobierno provincial tuvo que dar marcha atrás con la central nuclear Atucha III, que el entonces presidente Mauricio Macri había negociado con China.

Sin ir más lejos, la ley 3308, viene de las luchas contra un oleoducto que prometía ilusamente convertir a San Antonio Oeste en la nueva Comodoro Rivadavia. Ante la oposición masiva, los partidos políticos debieron dar un giro en el aire de 180 grados, y es así como el Golfo San Matías pudo convertirse en un destino turístico nacional, con Las Grutas a la cabeza.

En estas aguas, que giran de Sur a Norte contenidas por la masa territorial, nadan ballenas francas, orcas, toninas y lobos de uno y dos pelos, mientras que a sus costas llegan aves migrando de lugares lejanos como el Ártico canadiense, e incluso, Inglaterra. En el pasado, llegaban de a cientos de miles, pero el cambio climático, provocado por la quema de los mismos hidrocarburos que ahora se pretende expandir para la exportación, ha venido recortando esas poblaciones, poniéndolas en riesgo de extinción.

En estas aguas, que giran de Sur a Norte contenidas por la masa territorial, nadan ballenas francas, orcas, toninas y lobos de uno y dos pelos, mientras que a sus costas llegan aves migrando de lugares lejanos como el Ártico canadiense

El Golfo tiene además una profusa pesquería de merluza. En los últimos años, también apareció el langostino, un recurso que se está atrapando más allá de sus límites biológicos.

Mirta Carbajal, que bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen, que se dedica a la conservación y manejo de las zonas costeras desde San Antonio Oeste, dice que un evento de derrame en esta zona sería directamente letal para las aves playeras migratorias, que en el pasado lograban prácticamente oscurecer el cielo, en su ruta hacia Tierra del Fuego.

El proyecto de YPF pretende construir oleoducto y un puerto con una monoboya en Punta Colorada, muy cerca de Playas Doradas, un lugar paradisíaco en la costa provincial. El objetivo es poder despachar petróleo producido en la formación Vaca Muerta mediante la polémica técnica conocida como fracking, que consiste en hacer fuertes explosiones a miles de metros de profundidad, para sacar mediante la inyección de agua y químicos el combustible escondido en la roca de formación. Es un procedimiento caro y contaminante.

Aunque esa inversión se anuncia como multimillonaria, la fuente de financiamiento de YPF es todavía incierta, no sólo porque la situación macroeconómica de la Argentina es frágil sino porque en estos tiempos de aumento de tasas de interés internacionales y cambio climático es difìcil y caro conseguir dinero para proyectos que no tendrán extensa vida en el tiempo.

La gobernadora Arabela Carreras, que está alineada con el Gobierno Nacional, también sueña con convertir al puerto de San Antonio Este, desde donde hoy se despacha la fruta que viene del valle del Río Negro, en una terminal de liquidificuación de gas también de Vaca Muerta, un proyecto multimillonario, que en teoría le permitiría a la Argentina exportar gas. Aunque la idea la haga soñar, habría que ver quién invertiría en una obra onerosa y de patas cortas, justo cuando la economía debe llegar a cero emisiones. Los organismos multilaterales de crédito, que en el pasado promovían estos desarrollos, ya no invierten en estas cosas. Por algo, el dinero para el gasoducto Néstor Kirchner sale de los fondos jubilatorios.

Mientras la grieta se ensancha en la calle Juncal de Buenos Aires, el establishment político se aglutina en torno a proyectos que los territorios detestan, e incluso quieren ir más allá. La norma aprobada entre gallos y media noche el 25 de Agosto, por ejemplo, le confiere poder de policía ambiental a la Secretaría de Energía de la provincia, en vez de a los funcionarios idóneos del área. Lo mismo que sucede con los proyectos offshore que se pretenden realizar en las costas bonaerenses, en donde los supuestos controles caerían en manos inexpertas.

La forma en que operó la legislatura rionegrina tiene la marca registrada de otras provincias que depositan sus esperanzas en grandes proyectos extractivistas, entre ellos, Mendoza y Chubut. Ambas avanzaron para derogar leyes que restringían la mega minería y las dos tuvieron que dar marcha atrás por resistencia popular.

Por algo, a las organizaciones de Río Negro, que se enteraron un día antes de que el proyecto iba a ser tratado, ni siquiera les permitieron escuchar el debate dentro del recinto y las dejaron en la calle, esperando. Entre ellas, estaba Alicia Calendino, de Las Grutas. “Tenemos aguas tibias, olas que nos salpican en la cara. Somos felices habitando estas costas”, dice. “La actividad hidrocarburìfera no es compatible con el turismo sustentable”. Ella describe al Golfo San Matías como el más azul del continente y no quiere que se vuelva negro. Por el movimiento de las aguas, un derrame en el Sur llegaría a los balnearios más al Norte, donde hubo enormes inversiones en turismo.

Este mismo viernes, empezarán las marchas de resistencia. Los estudiantes secundarios lanzaron una convocatoria en San Antonio Oeste, y para el fin de semana se planean más actividades en torno a las acciones para pedir la ley de humedales, que se realizarán en varios puntos del país. “La gente está muy enojada”, dice Fabiana Vega, de los Autoconvocados de Viedma, indicando que un posible derrame podrìa afectar al área natural protegida de la Bahía de San Antonio y al parque Islote Lobos, que acaba de ser incorporado dentro del sistema de Parques nacionales.

Si se logra aprobar la medida, es posible que tenga que atravesar un trámite judicial, ya que es de carácter regresivo, viola los principios del Acuerdo de Escazú, que exige participación popular en la toma de decisiones y de la Ley General del Ambiente. Pero, como la presión política es muy fuerte incluso desde el Gobierno Nacional, que vende estos proyectos como única alternativa para pagarle al FMI, también significa un enorme riesgo.

En la zona de Punta Colorada hay un viejo puerto, ahora conocido como el Puerto Chino, desde donde se despachaban pellets de hierro de la mina que supo ser la más grande del continente. Se cerró durante el menemismo y luego se vendió a los chinos, que tampoco la pudieron operar por cara e ineficiente. El legado es un ambiente industrial en una zona que supo ser un paraíso, obsoleta y contaminada con polvo de hierro. ¿Una metáfora del futuro?

MA