Una ley para desmontadores y frackers

En medio de tantas arbitrariedades constitucionales, hablar de ambiente puede parecer una nimiedad. Pero como el clima y el territorio son los que permiten el desarrollo de la vida, sólo nos estamos refiriendo a nosotros mismos y a los derechos humanos.

Empecemos por la eliminación grosera de la Ley de Bosques Nativos, una verdadera conquista democrática. Visto en perspectiva, no sorprende que se hayan ensañado con ella. El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue señalado en 2018 por Greenpeace como deforestador. Su emprendimiento de 500 hectáreas está en el Departamento de Copo, en Santiago del Estero, una zona donde el monte nativo es tan importante, que hay un frondoso parque Nacional que lleva su nombre. Pero no sólo se reventó una biodiversidad única y hermosa con máquinas que escupen vapores de diesel sino que, además, se desalojaron cientos de familias humildes de sus tierras históricas.

En 2020, Greenpeace también denunció como deforestadores seriales nombres que por estos días suenan y resuenan en el poder y que contribuyeron para lograr la presidencia de Javier Milei: Paolo Rocca, Eduardo Elsztain y Eduardo Eurnekian. En la lista, aparecía también Jorge Brito, que murió poco después de la denuncia en un accidente en Salta. En esa misma provincia, la familia tiene un feedlot que se llama Cabaña Juramento, que es un desierto poblado de vacas que no dejan de comer bajo el más implacable sol. Cuando se termina con el bosque tupido del Chaco Seco sólo queda tierra que será productiva unos años. Luego vendrá la salinización o suelos erosionados y estériles.

Con todas sus debilidades, la ley de Bosques fue un triunfo de la sociedad civil que asistió espantada e impotente al avance de esas primitivas topadoras contra una maraña biológica de bosque que se formó durante miles de años en una llanura extensa que comienza al borde de la cordillera. Es la zona más biodiversa de la Argentina, lo que nos tendría que hacer estallar el pecho de orgullo. En cambio, se trastocó la narrativa de su magia por la de la necesidad de desarrollo. Este consiste en echar familias nativas (indígenas o criollas) y reemplazar un conjunto admirable de vida por vacas o soja.

Hay que decirlo: la deforestación no se detuvo nunca, sólo se disminuyó su ritmo. Los poderes provinciales han sido cómplices y corruptos para que esto fuera así. El ensañamiento fue particularmente cruel con el Chaco Seco, donde a pesar de que llueve muy poco, la vida ha tenido su mayor y única expresión. Si el Congreso le da la razón a Milei, desaparecerá lo que queda en zonas prohibidas para el desmonte.

La deforestación es uno de los mayores contribuyentes a la producción de gases de efecto invernadero de la Argentina porque los árboles añosos y de maderas duras del Gran Chaco son una aspiradora de CO2. Cuando los cortás, los gases regresan a la atmósfera. Pero esto no aparece mencionado en otro articulado sorprendente de la ley ómnibus o como quiera que se llame: el de los mercados de carbono.

Estos mercados están en una sección denominada Transición Energética, en la que, paradójicamente, no se mencionan ninguna de las tecnologías para que dicha transición ocurra. De hecho, el DNU 70, eliminó una herramienta de estímulo fiscal para la energía distribuída (que es la más democrática), aunque -de todos modos- estaba desfinanciada.

La redacción de este apartado deja más dudas que certezas, pero antes de ahondar en ellas, hay que decir que viene insertada después de una filípica enorme sobre la ley de hidrocarburos que se puede reducir a una sola palabra: “rentabilidad”. 

La expansión del gas y del petróleo, ya sea por fracking en Vaca Muerta o en el mar, sólo aumentará la huella de carbono en la Argentina, entre otros gases que calientan la atmósfera, y tendrán gran impacto en la sociedad, el ambiente y sus habitantes y, obviamente, el agua, ya sea dulce o la del océano. 

Tengo la enorme sospecha de que la mención de los mercados de carbono está para limpiar la imagen de esta industria y de darle más vida que la que debería tener a través del ejercicio de la simulación. Explico por qué: el Gobierno se propone repartir cuotas entre sectores de la economía que emiten. El que no usa todos su derechos de emisión, puede venderlos en el nuevo mercado. Y el que adquiere estos derechos puede decir que “compensó”.

Fíjense en ésto. La industria de hidrocarburos sabe que tiene que morir. Pero, mientras tanto, hace planes de papel para hacernos creer que hacen algo para disminuir su impacto. Para eso, divide la producción de emisiones en tres etapas o “scopes”: 1, 2 y 3. Las dos primeras, se refieren a sus propios procesos, del pozo, a las operaciones y el transporte. La última, a los consumidores. Ellos se hacen cargo de la 1 y 2. Pero la tercera queda en la cuenta del que quema el combustible.

En un mercado de carbono, las compañías petroleras pueden comprar las compensaciones que quieran y decir que no emitieron nada. Y que fue Magoya el que siguió contaminando la atmósfera. No ellos. Pero hay un problemita. Siempre lo hay: la naturaleza no funciona así. Estamos a punto de vivir en un mundo insufrible por estas patrañas llamadas “greenwashing”, que no cambian la física de la atmósfera, que es lo único que importa. El resto es contabilidad absurda e inconsecuente.

Por eso, negar el cambio climático no es incompatible con la creación de mercados de carbono. Todo lo contrario. Es una forma moderna de seguir haciendo lo mismo, cambiando sólo la imagen. La formulación en el proyecto de ley “no habla de qué manera vamos a transicionar a una matriz energética más limpia”, apunta Camila Mercure, asistente de Política Climática de la Fundación Ambiente y Estudios Naturales (FARN). La experta señala que el proyecto menciona una meta de cumplimiento a 2030, pero no dice nada de cómo se va a reducir. E ignora olímpicamente el compromiso a 2050, que es cuando la Argentina debería alcanzar su objetivo de carbono neutralidad.

Gabriel Blanco, ingeniero de la Universidad Nacional del Centro, ex negociador argentino y autor IPCC, señala un punto no menor: ¿quién va a fiscalizar esto? ¿Serán las propias empresas? Todo esto me genera enormes sospechas, sobre todo, como dice Mercure, no se dice nada sobre el rol que tendrá la sociedad en esto. 

Lo que la ciudadanía tiene que tener bien presente es que las emisiones no se compensan. Se cortan. Y que si este país va a profundizar los proyectos extractivos, lo único que conseguirá será aumentar su huella, no disminuirla. Fíjense que los mismos apellidos desmontadores aparecen ligados a la expansión del fracking en Vaca Muerta y la provincia de Santa Cruz. Esto es realmente de temer.

Lo que nos lleva al último punto: la ley de glaciares. Otra conquista de la sociedad civil. Fue vetada por Cristina Kirchner. Pero Miguel Bonasso y Daniel Filmus se la pusieron al hombro junto a la sociedad civil y finalmente se sancionó. La Corte Suprema la ratificó, muy a pesar de la provincia de San Juan y su principal sponsor, la Barrick Gold. Ahora, Milei quiere volar la ley para hacer minería en ambiente periglaciar (hoy prohibida) y, además, eliminar la ley de tierras para sacar el litio o lo que sea de territorios indígenas. ¿Ven? El ambiente somos nosotros. Son nuestros cuerpos. Y un puñado de empresas se los quieren apropiar. Al menos, que no los dejemos. Vamos a ver quién traiciona y quién gana.

MA/MG