Javier Milei confirmó su intención de impulsar una reforma laboral tras las elecciones legislativas de 2025. Según declaraciones públicas y borradores legislativos vinculados a su espacio, el objetivo oficial es “modernizar” las relaciones laborales para fomentar el empleo privado formal. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo de la CGT y una discusión abierta sobre su posible impacto estructural.
Aunque todavía no se presentó un proyecto definitivo en el Congreso, los textos preliminares —como el de la diputada Romina Diez— y las declaraciones de funcionarios como el secretario de Trabajo Julio Cordero permiten delinear los puntos principales de la iniciativa, que también toma elementos del DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia) y de la fallida Ley Bases.
1. Jornada laboral: más horas, menos extras
Uno de los aspectos más controversiales es la posible extensión de la jornada laboral legal de 8 a 12 horas diarias, algo que, según el borrador, se habilitaría mediante el artículo 197 bis. Este cambio permitiría, además, implementar “bancos de horas” para que las horas extras se compensen con francos en lugar de pagarse con recargo.
Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger negó que se planee formalmente ampliar la jornada, pero el texto impulsado por Diez sí lo contempla. Para especialistas del área laboral, como Joan Vezzato de Fundar, esta medida implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.
2. Indemnizaciones: de una vez a cuotas
El proyecto oficial también busca cambiar el régimen de despidos. Se permitiría pagar las indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, lo que abarataría el costo del despido para las empresas. Además, se avanzaría en el reemplazo del sistema actual por un fondo de cese laboral similar al que rige en la construcción, con aportes mensuales, aunque sin claridad aún sobre su financiamiento.
La CGT ya rechazó enfáticamente esta posibilidad, por considerarla un retroceso en derechos adquiridos. Empresarios, en cambio, señalan que estos cambios brindarían previsibilidad y facilitarían nuevas contrataciones.
3. Convenios colectivos: más empresa, menos actividad
Otra modificación sustancial es la posibilidad de negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo por actividad. Esta estrategia busca, según Cordero, adaptar los acuerdos laborales al tamaño y la localización de cada firma, y permitir aumentos por productividad.
Sin embargo, el proyecto también eliminaría la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios vencidos hasta que se firme uno nuevo. Esto podría dejar sin efecto beneficios como adicionales por antigüedad, zona desfavorable o títulos académicos, salvo que se negocien nuevamente.
Para los sindicatos, esto fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. Para las cámaras empresarias, en cambio, se trata de una medida necesaria para que el sistema laboral sea “más realista y competitivo”.
4. Vacaciones: más fragmentadas
El proyecto permitiría que las vacaciones se fraccionen en períodos más cortos, con un mínimo de una semana, en vez de tomarse en bloques más amplios como hasta ahora. La fragmentación flexibiliza la gestión interna de las empresas, pero reduce el descanso continuo de los trabajadores, una cuestión que también genera tensiones entre productividad y salud laboral.
5. Salarios: productividad por encima de paritarias
Finalmente, se propone modificar la lógica de aumentos salariales. En lugar de paritarias nacionales por rama, se plantean aumentos atados al rendimiento individual o por empresa. Esto implicaría la fijación de un piso mínimo, pero con escalas diferenciadas según la productividad de cada trabajador o unidad económica.
Para sectores gremiales, esto aumentaría la discrecionalidad y la presión interna, generando desigualdad entre trabajadores de una misma actividad. Para el Gobierno, en cambio, la medida apunta a incentivar la eficiencia y el mérito individual.
Posiciones enfrentadas
El Gobierno de Milei sostiene que la reforma busca reducir la informalidad y fomentar la contratación formal. La informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Para el oficialismo, el actual marco legal desalienta el empleo privado, especialmente en PyMEs.
La CGT, en cambio, rechaza de plano el proyecto, al que considera una réplica del DNU 70/23. Según Gerardo Martínez (Uocra), se trata de “una reforma que precariza” y que ataca los pilares de la negociación colectiva, las indemnizaciones y los derechos laborales básicos.
El empresariado valora varios de los cambios propuestos. La eliminación de cargas impositivas sindicales obligatorias y la previsibilidad en materia de despidos son, para muchas firmas, medidas esperadas desde hace décadas.
La oposición política mantiene posiciones divididas. Algunos sectores del radicalismo o del PRO podrían acompañar partes del proyecto, mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda y otras fuerzas expresaron su rechazo total.
Lo que viene
El texto final aún no fue presentado en el Congreso, pero se espera que el Ejecutivo lo impulse formalmente antes de fin de año, como parte de un paquete más amplio que incluiría también una reforma impositiva. El Consejo de Mayo, que reúne a sindicatos y empresarios, será clave para intentar acercar posiciones, aunque el conflicto parece inevitable.
La reforma laboral de Milei se inscribe en una disputa de fondo sobre el modelo de trabajo en Argentina. Sus efectos dependerán no solo de lo que diga la ley, sino también de su implementación y de la capacidad de organización de los actores involucrados.
JJD