A 50 años del plan Martínez de Hoz, un experimento fallido con enseñanzas aún vigentes

El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR