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El 90% de los usuarios que se quedará sin subsidios en las tarifas no llenó el formulario

La primera quita de subsidios comenzó a regir en septiembre, pero se reflejará en las boletas a partir de octubre

Delfina Torres Cabreros

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“Quiero agradecer a los 4 millones de argentinos que renunciaron a los subsidios, que mostraron la voluntad de acompañar el esfuerzo del Estado en llevar adelante un ahorro de recursos”, dijo a fines de agosto en el cierre del Consejo de las Américas el ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, “renunciar” no es el verbo que mejor se ajusta a la situación, al menos para un sector de ese universo. 

Según el detalle de quienes se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), casi el 90% de los usuarios que se quedarán sin subsidios en las tarifas no llenaron el formulario y fueron incluidos en el escalón más alto por default. 

La información surge de las casi 2.200 páginas del informe realizado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la Cámara de Diputados. Al 9 de septiembre se habían inscripto un total de 9.551.907 usuarios.  El 56% de esos usuarios, 5.439.870, quedaron dentro del segmento de menores ingresos, que perciben la tarifa social y no tendrán ninguna modificación en sus boletas de luz y gas en lo que queda del año. 

El 38,5%, 3.678.337 usuarios, corresponde al sector de ingresos medios, que no cobra la tarifa social pero tiene ingresos familiares menores a 3,5 canastas básicas. Es decir, menores a $389.543 según el último reporte del Indec, correspondiente a julio. A este universo de personas se le quitará la ayuda estatal gradualmente pero solo sobre la energía que consuman por encima del tope subsidiado (de 440 KwH mensual en el caso de la electricidad, por ejemplo, excepto en localidades sin gas de red). 

Solo el 4,5% de los inscriptos en el RASE, 433.700 usuarios, quedaron dentro del segmento de mayores ingresos, a quienes se les quitará 20% de los subsidios en septiembre, 40% en noviembre y 40% en enero de 2023. Un número que representa apenas el 10,8% de los 4 millones de usuarios que efectivamente deberán pagar la tarifa plena el año próximo. 

Es posible que una parte de los usuarios, ya previendo que por su nivel de ingresos quedaría fuera de los subsidios, haya decidido no completar el formulario, más allá de que el Gobierno indicó que todos debían hacerlo. Incluso se puede tratar de personas que prefirieron quedarse sin la ayuda estatal antes que dar información sobre sus ingresos y habilitar al Estado a hurgar en esos datos. Se podría hablar, en esos casos, de una renuncia implícita. 

Sin embargo, dentro del universo de los 4 millones de usuarios que deberán hacerse cargo de boletas mucho más abultadas hay personas que no llenaron el formulario por otros motivos y quedaron dentro del segmento de más altos ingresos aun sin cumplir con las condiciones formales. Son usuarios que tal vez no accedieron a la información necesaria para completar el trámite o no tienen acceso a un dispositivo móvil o internet y tampoco gestionaron un turno presencial en la Anses. 

“Se está trabajando en eso. Es cierto dentro de los 4 millones hay gente que no quiso anotarse y mucha que no sabía, no leyó, no supo cómo. A esas personas las vamos a detectar con los cruces de información con las provincias”, señalaron a elDiarioAR en la Secretaría de Energía. 

Según precisaron en el organismo que encabeza Flavia Royón, las provincias entregarán los padrones de beneficiarios de la tarifa social, que se cotejarán con las declaraciones juradas del RASE para observar errores y faltantes. 

“Es la primera vez que se implementa un sistema de este tipo y todo está en un proceso dinámico. La segmentación comenzó en septiembre y eso no quiere decir que sea a libro cerrado sino que se va a ir viendo y trabajando para perfeccionarla”, precisaron. Además, aseguraron que pondrán a disposición una “ventanilla de reclamos que sea de rápida respuesta”. 

Consultados sobre si, en caso de que corresponda, se les devolverá a los usuarios la quita de subsidios, en la Secretaría no dieron una definición. “Tenemos estas 3 semanas para unificar criterio y dar respuestas”, apuntaron. 

DT

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