“Abuso de posición dominante”: autoridades de WhatsApp dieron explicaciones en el Senado

La CNDC tiene una "investigación abierta" sobre las implicancias de los cambios en políticas de datos

Con la irrupción de la pandemia, la ya muy popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp adquirió un nuevo estatus en la Argentina: se volvió una necesidad básica. Las familias de menores ingresos gestionaron su vinculación virtual con las escuelas casi exclusivamente por ese canal, que además se volvió central para trabajar, mantener el contacto con los afectos en el marco del aislamiento obligatorio y, en el último tiempo, también fue una herramienta de gestión de salud. Por WhatsApp se pueden solicitar turnos de vacunación en ciertas jurisdicciones y acceder a los resultados de los hisopados, entre otras cosas. 

Whatsapp dijo ante el Senado que no bloqueará a usuarios que no acepten la actualización

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En este contexto, la aplicación —que desde 2014 pertenece al gigante tecnológico Facebook— anunció a principio de año un cambio en su política de privacidad, que generó una fuerte reacción entre los usuarios y obligó a la empresa a postergarla a mayo. Sin entender bien de qué se trataba, muchos se negaron a aceptar y migraron a otras plataformas como Telegram. Sin embargo, la centralidad de la herramienta forzó a la mayoría a volver. A este episodio se refirió este miércoles Pablo Bello, gerente de Políticas Públicas de Facebook para WhatsApp en América Latina, que expuso en la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.  

“La nueva política de privacidad se refiere exclusivamente a los chatbots, a quienes utilizan el canal API [interfaz de programación de aplicaciones], no es para interacciones regulares entre personas”, sostuvo Bello, para quien esto no fue comprendido correctamente por los usuarios. “No hemos informado bien a la ciudadanía sobre nuestros cambios de privacidad", reconoció. 

Según detalló, las conversaciones entre personas se mantienen bajo los mismos términos y conservan la protección del “cifrado de extremo a extremo”. Es decir, que solo las personas que interactúan acceden al contenido y WhatsApp no puede —no tiene capacidad técnica—ver la conversación. 

En la plataforma comercial que utilizan empresas e instituciones es distinto. En ese caso la aplicación permite gestionar varias conversaciones de manera simultánea a través de un único número de teléfono. En ese caso sí hay un tercero involucrado en las conversaciones, que es un desarrollador (en la jerga, un BSP: business service provider). La ampliación de los datos capturados rige para las conversaciones que suceden por esta vía.

Bello dijo que WhatsApp desarrolló junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad un chatbot para atención de casos de violencia de género, otro para la vacunación en la Provincia de Buenos Aires y otro para informar sobre los resultados de los tests de coronavirus que realiza el Gobierno porteño. Además, trabaja junto a la Cámara Electoral para desarrollar un “chatbot electoral”, algo que ya existe en otros países de la región. 

WhatsApp es gratuito para los usuarios, pero les cobra ese servicio a las empresas e instituciones y planea ofrecerlo próximamente a pymes. Como gran estrategia, ofrece utilizar la información recolectada para afinar la puntería de los proyectiles comerciales sobre un universo cada vez más grande de potenciales clientes. Según datos de Accenture citados por Bello, durante la pandemia el 71% de los consumidores argentinos usó WhatsApp para hacer compras. Bello dijo que el cambio de la política de privacidad implicó solo darle la información a los usuarios, pero que el cambio de fondo ya está operando y que las empresas que lo utilizan “han demostrado que es valioso”.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó a la Secretaría de Comercio Interior en enero, cuando se anticiparon los cambios en la política de privacidad, dictar una cautelar para suspender el cambio mientras se investigaban sus alcances. Rodrigo Luchinsky, presidente de la CNDC, también participó de la comisión este miércoles y dijo que hay una investigación en trámite que trabaja sobre dos hipótesis. 

Por un lado, la de “abuso de posición dominante explotativa”, lo que se explica como una "irrazonable recopilación de datos y la subordinación de prestación del servicio a aceptar esas condiciones". Por otro, la hipótesis de “abuso de posición dominante exclusoria”, es decir, el establecimiento de barreras de entrada para el ingreso de otros competidores.

“Esta es la primera oportunidad  para abordar una problemática generalizada en todo el mundo”, dijo Luchinsky, ya que no se indagó en los alcances que tendría en el mercado local de aplicaciones digitales la compra en 2014 de WhatsApp por parte de Facebook. 

Según datos que aportó Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigación, en la Argentina WhatsApp tiene una penetración que supera el 80% de los celulares y más del 90% del mercado de las aplicaciones de mensajería. 

Becerra detalló que la información personal que esta actualización autorizaba a compartir constaba de número de teléfono, nombre, perfil, pagos y transacciones financieras, contactos, actualización de estado, información sobre cuánto se usa WhatsApp y por cuánto tiempo, información de interacción con contactos, grupos y empresas, información sobre el dispositivo móvil, carga de batería, proveedor de internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo y dirección IP. En ese sentido, dijo que “la cesión de volúmenes importantes de datos importantes que podrían no ser imprescindibles para un servicio de mensajería puede ser preocupante” y que se puede entender “la reacción negativa en el marco de una cuestión más general”. 

“Dada la posición dominante y los efectos de red propios de la economía digital los usuarios no pueden elegir las condiciones en las que el servicio es prestado o el tratamiento que se hace de sus datos. No hay un servicio sustituto a WhatsApp hoy, por lo tanto hay que mirarlo con la particularidad que tiene”, dijo Becerra. De todos modos, llamó la atención sobre la complejidad del tema citando una paradoja: al tiempo que se busca revertir la extracción de información de usuarios, los mismos actores solicitan esos datos para avanzar contra acciones de bullying, grooming, acoso, discursos de odio, trolleo. “Esa complejidad tiene el tema —dijo—. No se puede minimizar al extremo el uso de los datos personales e identificar al mismo tiempo el acoso en línea, por ejemplo; es difícil de compatibilizar”.

DT

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