Porteño de 47 años, economista graduado de la Universidad de Buenos Aires y con doctorado en la Rey Juan Carlos, de Madrid, Adrián Ravier vive hace 15 en Santa Rosa, allí tiene a sus tres hijos, da clase en la Nacional de La Pampa y ahora encabeza la lista de candidatos a diputado por la Libertad Avanza (LLA). Desde el año pasado es director académico de la Fundación Faro, con la que el gobierno de Javier Milei difunde sus ideas bajo la conducción del ultraconservador Agustín Laje y recauda fondos de la mano de Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago. Por eso suele viajar a Buenos Aires. También porque enseña en la ortodoxa Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), así como en la ultraliberal Francisco Marroquín (UFM), de Guatemala.
–¿Qué cambio laboral concreto quieren llevar al Congreso?
–No tengo todos los detalles porque no estoy en la cocina de de las reformas estructurales que se están preparando, pero estoy bastante alineado con lo que piensa Milei. La reforma laboral principalmente trata de atacar la industria del juicio. Para una empresa, contratar una persona prácticamente es adoptar un chico, esa persona va a acompañar la vida de la empresa por mucho tiempo y en el momento en que se la quiera despedir porque se la deja de necesitar, prácticamente hay que entregar la empresa. Vemos muchas empresas y tienen necesidad de personal. Pero por una cuestión de costos y por una cuestión de demandas en las que la justicia siempre falla en favor del empleado, condiciona al empleador. Nadie entra a un lugar del que no puede salir. La idea de Javier Milei es que la ley laboral sea más flexible, que sea más fácil contratar, que se puedan sentar las partes para generar las mejores condiciones y de esa manera atacar la informalidad, que está muy alta, alrededor del 50% (N. de la R.: las estadísticas oficiales muestran un 43%). Y esto es porque la legislación va a contramano de contratar. Es decir, si un empleado hoy recibe $1 millón en bolsillo, el empleador está pagando $1.650.000 más o menos. Esa carga son más elevadas que en otros países. La idea es un poco reducir el costo laboral, no tanto lo que recibe el empleado en bolsillo, sino la parte bruta.
–Pero si hay menos contribuciones patronales, ¿cómo se compensa la reducción del financiamiento de la jubilación y la prestación médica de la gente?
–Se va a ir reduciendo la informalidad. Si hay más gente en blanco, va a haber más aportes al Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
–En la ley Bases hubo una pequeña reforma laboral que trató de reducir la industria del juicio quitando las multas al trabajo informal y también hizo un blanqueo laboral. Pero la justicia laboral puso otras sanciones por daños y perjuicios, y entonces el costo del juicio siguió siendo alto. Y el blanqueo laboral casi no tuvo impacto. Unos 200.000 puestos de trabajo registrados desaparecieron en estos casi dos años...
–No está claro que se esté destruyendo empleo. Cuando uno mira la tasa de desempleo sigue estando abajo del 7%. Hubo un proceso de ordenamiento complejo, en el que a personas que estaban contratadas por el Estado y no se les renovó el contrato. Son situaciones que en el corto plazo generan algún desempleo y a partir de ahí habrá que generar empleo. Lo que entiendo es que la legislación laboral no va a cambiar para las personas que hoy están trabajando bajo la legislación presente, sino que cambia para adelante.
–He escuchado gente que incluso está a favor de este gobierno, pero que trabaja hace muchos años en una empresa y teme que le reduzcan la indemnización si los echan...
–Entiendo que es para los nuevos. No se trata de perjudicar a ese empleado de 30 años de antigüedad.
-¿Será más barato despedir?
–Eso seguro. Tuvimos un ejemplo muy claro en la pandemia que en Estados Unidos fueron dándole licencia a muchos empleados y a los dos o tres meses volvieron a ser contratados, el desempleo que estaba en el 4% saltó al 14% en los tres meses más duros y luego fue bajando al 6% y al 4%. Eso muestra un poco la flexibilidad de la legislación laboral en los Estados Unidos, que permitió sostener a los restaurantes y a muchos negocios. En Argentina, un restaurante no podía despedir a las personas y en muchos casos tuvieron que cerrar.
–Cuando yo le decía que había 200.000 empleos menos, son estadísticas oficiales, que muestran menos empleados registrados en el sector público, el privado y el doméstico, lo que crece son los monotributistas y los informales..
–Le estamos pidiendo a Milei que la economía crezca después de 50 años de estancamiento. Desde los años 70 de repente tuviste un período muy cortito de crecimiento y rápidamente lo perdés por los fundamentos de esa expansión. Entonces le estamos pidiendo a Milei un milagro económico para que Argentina finalmente pueda crecer como tantos otros países. Y para eso era necesario la ley Bases original. Que el Congreso le haya dado el no llevó a aprobar una ley más recortada. Esa nueva ley dio soluciones a muchos problemas, pero no a todos. Y unos de ellos son la reforma tributaria y la laboral, entre otras, que ahora ya se están presentando o pensamos presentar a partir de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
–Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, han dicho que quieran bajar primero el impuesto al cheque, después las retenciones, pero también que las provincias eliminen Ingresos Brutos y los municipios, las tasas. ¿Cómo se compensarán esa falta de ingresos para sostener, por ejemplo, el gasto público provincial, que se concentra en educación, salud y seguridad?
–En esto sí te puedo dar un poco más de información porque lo he hablado bastante con Milei y este miércoles tuvimos en Buenos Aires una presentación del doctor (Manuel) García Mansilla, quien fuera nominado a la Corte Suprema, que hoy está trabajando en la parte técnica de esta reforma tributaria. Argentina tiene hoy 160 impuestos, según la Fundación Mediterránea, a nivel nacional, provincial y municipal. Un país normal tranquilamente podría operar con menos de diez. El mismo informe dice que con los ocho impuestos que más recaudan alcanzamos prácticamente el 90% de la recaudación. Esto quiere decir que podés eliminar 150 impuestos. Si nos pudiéramos sentar con las provincias, podríamos eliminarlos y más o menos mantener la recaudación. Además, hay un modelo que en el aula siempre le enseñamos a los alumnos, que es el de la curva de Laffer. Arthur Laffer recientemente estuvo en la Argentina y conversamos con él. Si uno reduce la presión tributaria, se incrementa la actividad económica y con más actividad, mejora la base imponible y la recaudación.
–¿Entonces el recorte tributario no va a tener que ser compensado con un ajuste de gasto público?
–La motosierra tiene que seguir. La parte más significativa ya se aplicó, pero todavía queda. El kirchnerismo llevó el gasto público del 25% al 48%. El presidente, cuando hizo el Pacto Fiscal, comprometió a las provincias a reducir el gasto al 25%, lo que genuinamente se puede sostener con una presión tributaria más normal. Ha habido una baja hasta el 31% o 34%, según la fuente.
–¿Y en qué rubros se podría recortar?
–Lo que queda va a ser que aumente el PBI de la mano de todas estas reformas, de las inversiones que vendrán. Y si aumenta el PBI y el gasto público se congel, también tendrías una reducción del gasto público sobre PBI. Lo que dice Milei es que a medida que la economía va creciendo, va mejorando la recaudación y cada punto de superávit fiscal que tengamos va a ser una reducción de la presión tributaria.
–¿Cuáles serían los primeros impuestos que bajarían?
–Los que quedarían que son los que generan recaudación, Ganancias e IVA. Hoy son muy significativo los derechos de exportación. Eso es un desafío muy grande poder eliminarlo. El planteo de Milei es ir logrando bajar retenciones poco a poco. La quita de retenciones te dispara la producción y después se recupera una parte de la recaudación vía Ganancias. Es muy importante que las provincias comprendan que Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo. Toto Caputo ha dicho en varias oportunidades que el IVA del 21% se dividiría en dos: un IVA nacional del 9% y un IVA provincial del 12%, y que las provincias tendrán la posibilidad de llevar ese 12 al 13, al 14, a un valor que les permita eliminar ingresos brutos.
–¿Y la reforma jubilatoria? ¿La idea es retrasar la edad de jubilación a los 67, a los 70 años o hacer un sistema de capitalización privado tipo AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones), como rigió entre 1994 y 2008?
–Primero te doy una respuesta como liberal, más allá de lo que pueda pasar por el Congreso. A mí me parece un disparate que el Gobierno le diga a una persona cuándo tiene que dejar de trabajar. Cada persona en un sistema de capitalización individual decide cuándo dejar de trabajar si uno aportó 20 años. Si alguno quiere seguir trabajando hasta los 80 años, ahora que los trabajos son menos forzados que en otro tiempo, también podría seguir trabajando con tranquilidad. Dicho eso, hay una moda de discutir la edad jubilatoria, dado que la esperanza de vida está incrementándose rápidamente y las cajas no dan abasto. Y entonces un aumento de la edad jubilatoria de 65 a 70 años podría reducir el gasto en jubilaciones y pensiones. Esos planteos siempre son gradualistas. Ahora hombres y mujeres podrían jubilarse a la misma edad. Entonces, en un año el hombre pasaría de 65 años a 66 y la mujer de 60 a 62. Al otro 67 y 64, 68 y 66 y converger en 70 años. Pero son ideas que realmente no sé si están hoy en los planes acá. Sin duda hay una reforma previsional que hay que plantear. La privatización de un sistema de pensiones hay que pensarla muy bien en la transición. Cuando Chile lo logró, tenían un 5% de superávit fiscal que permitía tener caja para pagar a los jubilados en el mientras tanto. Hoy lo veo lejano llegar a una reforma de este tipo. En gran parte en la década del 90, por no haber pensado bien esa transición, es que tuvimos los problemas que tuvimos. Las jubilaciones y pensiones que recibían los jubilados no eran las mejores, pero además eso significó un endeudamiento que después te llevó a una crisis de deuda hacia 2001. Cuando uno mira integralmente la cantidad de reformas que la Argentina necesita, uno pueda pensar que en estos dos años que quedan de gobierno una privatización del sistema de pensione no la veo en carpeta.
–¿Cuándo el tipo de cambio será libre en su flotación, sin banda máxima, que se permita que las empresas puedan girar libremente sus utilidades al exterior, que la gente pueda operar en el mercado oficial y en el financiero?
–Es lo que todos queremos. El gobierno de Javier Milei el día 1, al soltar el precio del dólar a su valor libre, que pasó de $400 a 800, terminó con la brecha cambiaria y unificó los tipos de cambio. Y si bien seguimos hablando del blue, del MEP o del contado con liquidación, ha habido una uniformidad en un momento. Después hay volatilidad en la transición de la difícil herencia recibida. Vamos transitando medidas que van desarmando la cantidad de restricciones. Incluso se levantó el cepo, al menos parcialmente. Pero en un escenario preelectoral, con toda la volatilidad que conocemos y el comportamiento sociológico de los argentinos de resguardarse en el dólar, se lleva a una creciente demanda que genera volatilidad. Si soltamos el tipo de cambio, sube y baja y eso hace muy difícil el negocio de los emprendedores, las evaluación de proyectos de inversión, porque es un precio clave de la economía. Entonces, hoy en lo preelectoral abunda un pragmatismo del que los liberales no nos sentimos nada orgullosos. Es algo pragmático para la situación muy puntual. Después de octubre, cuando ya las cosas estén más claras y si el resultado electoral genera cierta confianza, empezaremos a ver un dólar que se comporta con más libertad. Es muy importante también el respaldo del presidente de los Estados Unidos y el Tesoro. El dólar podrá quedar entre bandas, creo que es lo que pretende el Toto Caputo.
AR/MG