Alta tensión

Alejandro Rebossio Panorama económico rojo

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El mismo miércoles en que Martín Guzmán se reunía con funcionarios técnicos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos -principal accionista del FMI-, Cristina Fernández de Kirchner reclamaba a la superpotencia un “gestito” para que alargara los plazos y bajara las tasas de interés mientras el canciller Felipe Solá formalizaba la salida del Grupo de Lima, que había creado el anterior presidente norteamericano, Donald Trump, para echar a Nicolás Maduro del poder venezolano. Pero diplomáticos del gobierno de Joe Biden no se turbaron. Por un lado, daban por descontado que tarde o temprano la Argentina de Fernández saldría del grupo de países americanos al que se había sumado en tiempos de Mauricio Macri y que ahora Biden quiere revisar. Eso sí, el presidente norteamericano tampoco está dispuesto a dialogar con su par venezolano. 

Por otro lado, los diplomáticos estadounidenses tomaron el pedido de la vicepresidenta como un mensaje para el público interno, pero no para ellos. Señalaron que Guzmán no lo replicó e incluso ha reconocido públicamente que no se pueden cambiar plazos -diez años como máximo- ni intereses por cuestiones estatutarias del Fondo Monetario Internacional. Aún esperan, sí, que el ministro les detalle el plan económico para los próximos tres años, condición necesaria para aprobar el acuerdo que evitaría que en 2022 la Argentina caiga en default con el organismo, situación en la que sólo se hundieron unos pocos países como Grecia, Irak o Afganistán. En cambio, el ministro y el Tesoro avanzaron en consensos como que el acuerdo debe contar con un respaldo político amplio. Así lo planteó también CFK, que pidió apoyo de la oposición. En las huestes del Presidente advierten que el compromiso de Guzmán de pasar el eventual pacto por el Congreso fuerza a que el cristinismo opine. “Como opinan de todos los temas”, aclaran. “Necesitás un acuerdo con consenso político porque después hay que llevarlo a cabo”, agregan, y recuerdan que el respaldo opositor también resulta necesario porque un convenio por diez años significa que se prolongará durante tres gobiernos.

Guzmán no fue recibido por su par de Estados Unidos, Janet Yellen, que tiene muchas prioridades antes que la Argentina. Por ejemplo, ese día debía comparecer ante el Capitolio, donde fue sometida a un duro escrutinio de la senadora correligionaria Elizabeth Warren. Los demócratas parecen el Frente de Todos por sus tensiones internas. El ministro de Economía tampoco se reunió con David Lipton, asesor de Yellen y ex subdirector gerente del FMI que le otorgó en 2018 el megapréstamo a Macri, aunque a regañadientes. Sin embargo, en el Palacio de Hacienda quedaron satisfechos con la gira por Estados Unidos. Destacaron como un éxito el comunicado que el FMI difundió después del encuentro con su directora gerente, Kristalina Georgieva, el pasado martes. En ese texto sólo se mencionaron coincidencias y el organismo aceptó la tesis del ministro de que la inflación es un fenómeno “multicausal”, que no se soluciona concentrándose en cerrar la canilla de la emisión monetaria, como sostenía el acuerdo de 2018. “Es un logro haber alejado al FMI de las políticas de Macri y que haya coincidencia con nuestro plan de políticas macroeconómicas”, celebran en Economía. También festejan que el Banco Mundial le anunciara al ministro en vivo y a Fernández por videoconferencia desembolsos netos de fondos para la Argentina, lo que permitirá reducir aún más el financiamiento monetario del déficit fiscal. 

En el mundillo financiero creen que el FMI intenta evitar rupturas con la Argentina porque es su principal deudor. Cuando un banco le presta mucho a un mismo cliente, el problema también es del banco. En Economía sostienen que cuanto antes se acuerde, mejor, pero reconocen que eso depende de “la política”. Y las elecciones legislativas de octubre próximo juegan en contra, pues ya se sabe cómo son los pactos con el FMI. Una postergación de los vencimientos de deuda de este año con el Club de París y el Fondo serviría para reforzar las reservas del Banco Central y así financiar las importaciones en una economía que podría crecer más que el 7% prometido por Guzmán, incluso un 9%, según cálculos oficiales. Pero eso no ocurrirá. Gracias a la suba de las cotizaciones internacionales de la soja y el maíz, y por la decisión de Biden de que el FMI inyecte recursos extra -los derechos especiales de giro (DEG)- a sus miembros ante la pandemia, la Argentina planea pagar los vencimientos de este año con el Fondo sin necesidad de un acuerdo urgente, mientras intenta dilatar lo que le debe al club de países acreedores con el argumento del impacto del coronavirus en la economía.

Guzmán coincide con CFK con que la deuda con el FMI resulta impagable tal como está, es decir, con la obligación de abonarse casi toda en 2022 y 2023. En lo que difieren es en la posibilidad de cambiar las reglas de juego del Fondo. Él cree que no, pero admite que debe escuchar si la “líder de la coalición”, y no la diputada Fernanda Vallejos, por ejemplo, sostiene que, así como el megapréstamo a la Argentina de Macri se saltó los estatutos del Fondo, en cuanto a que financió la salida de capitales, también la solución a ese endeudamiento debería ocurrir por fuera de esos reglamentos. De momento, en los países centrales que dominan el FMI están poco dispuestos a ceder.

En la mira de Guzmán también están las audiencias públicas que mañana y pasado mañana se celebrarán para definir el aumento de las tarifas de electricidad. Allí quien tercia es el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que había sido funcionario del área cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. ¿Seguirá el ejemplo del gobernador bonaerense, que anunció este viernes un incremento de sólo 7% para la luz en el interior de su provincia? Las alzas de la electricidad y del gas se determinarán a fines de abril y Guzmán espera que se apliquen en mayo porque si se retrasan más terminarán dilatándose, campaña mediante, hasta después de los comicios. El ministro considera importante elevarlas para reducir los crecientes subsidios a la energía, subvenciones que, sin embargo, no impidieron que en el primer bimestre el Estado lograra el menor déficit fiscal financiero (después del pago de deuda) de los últimos seis años. 

En el Palacio de Hacienda también quieren apuntalar la inversión privada. Por eso preparan anuncios para facilitarla a los exportadores. También ultiman el anunciado proyecto de ley de promoción de los hidrocarburos. En el establishment reina el descreimiento respecto del Gobierno, pero en Economía destacan que en el cuatro trimestre de 2020 la inversión bruta interna fija (IBIF, que incluye la construcción y la compra de equipos de producción) creció 15% respecto del mismo periodo de 2019. “Lo importante es qué hacen con la plata y nadie invierte si no hay horizontes”, celebran en las filas de Guzmán.

El presidente de una cámara empresarial, la de los dueños de las principales fortunas de la Argentina, y el CEO de un fondo de inversión coinciden, sin embargo, en el desánimo. Uno de ellos relata que en las últimas semanas varios hombres de negocios se reunieron con Fernández y vieron a un Presidente que dejó de decirles lo que querían escuchar para mostrarse inalterado por la situación dramática que ellos le planteaban. También cuenta que un empresario que visitó a la vicepresidenta la vio en una posición tan dura como la que demuestra en público. Al establishment le preocupa la postergación del acuerdo con el FMI; la suba del riesgo país desde los 1.000 puntos básicos cuando se renegociaron los bonos en septiembre pasado a los 1.548 actuales -reflejo de la desconfianza en el repago de la deuda y causa de las dificultades de financiamiento para las empresas-; el retraso en la llegada de las vacunas; el impacto económico de la inminente segunda ola del Covid-19 -un integrante del gabinete económico descarta cierre de actividades económicas con el argumento de que allí no se producen los contagios-; las restricciones a las importaciones -hubo comunicados de quejas de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA)-; las correcciones de CFK a la política económica que traza Guzmán; los bloqueos de Hugo Moyano -aliado estrecho de Fernández- al correo Chazki, proveedor de Mercado Libre, o a los supermercados Walmart que compró Francisco de Narváez; el aumento del impuesto a las ganancias de las grandes empresas del 30% al 35% -incluso llega al 40% en caso de reparto de dividendos-; el aporte de los más ricos -cuyo plazo de pago se postergó del martes próximo al 16 de abril y que, pese a los recursos judiciales, aportará una nutrida recaudación, según se deduce de la fuerte venta de dólares bolsa y contado con liqui en los últimos dos meses-; los pedidos de información de precios, costos y stocks de la secretaría de Comercio Interior, Paula Español -grandes empresarios tachan la medida de “soviética”-; el inicio de la vigencia de la ley de góndolas a partir del próximo jueves -los supermercados se muestran reacios a cumplirla, pero las pymes celebran que las estén contactando para sumarse como proveedores-; la inminente renovación de Precios Máximos y Cuidados -estos últimos provocan más rispidez porque los productos rebajados se agotan rápido y escasean- y del acuerdo de la carne vacuna -los frigoríficos quieren reducir la cantidad de kilos ofertadas o que los compensen con menos retenciones a la exportación- y el proyecto de ley de defensa de la competencia, pero sobre todo le inquieta el ensanchamiento de la grieta política.

Entre lo poco que celebran figura el hecho de que Guzmán evitara la hiperinflación que pregonaban los economistas más agoreros, pero ahora adjudican la tranquilidad cambiaria a la suerte externa, es decir, a los altos precios de las materias primas y al reparto de DEGs del FMI. Ante la queja por los tributos, la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, le contestó a un grupo de empresarios que en la historia argentina las rebajas nunca condujeron al supuesto aumento de inversión que vaticinaban quienes las instrumentaron. Los hombres de negocios le retrucaron que esa reacción se debía a que temían que las reducciones fueran pasajeras, como aconteció con las retenciones o Ingresos Brutos en la era Macri. Asesorados por economistas como Carlos Melconian, grandes empresarios que se habían ilusionado con el ex presidente que ahora escribe libros y atiende por Zoom desde el dormitorio ahora están desesperanzados porque ven que la posibilidad de un cambio de gobierno está lejos. Por lo menos deberán esperar dos años. Se ilusionan con que Juntos por el Cambio dé una sorpresa en las legislativas. Por ahora las proyecciones lo descartan y eso se refleja en el precio de los bonos y, por ende, en el riesgo país. 

En el gabinete económico, entre tanto, están preocupados por la inflación. Reconocen que en marzo superará el 3% y lo juzgan como un “mal dato”. Algunos se preguntan si no fue un error de Guzmán atarse a la meta del 29% porque el dólar aumenta más lento, las tarifas subirán menos de lo presupuestado, el financiamiento del Banco Central al Tesoro se acota -sólo $ 70.000 millones en el primer trimestre, cuando estaban previstos 1,2 billones en todo 2021-, se esterilizan los abultados intereses de la bola de Letras de Liquidez (Leliq) con exitosas emisiones en pesos en un mercado local con cepo al dólar, los sindicatos se amoldan a la pauta oficial (hasta 33%), pero advierten que empresas de muchos sectores están aprovechando la reactivación para recomponer sus márgenes y así impulsan la inflación. Ya comenzaron las mesas de precios y salarios en alimentos y construcción, pero se dilata la de electrodomésticos y ni se habla aún de indumentaria, muebles y autos, cuatro rubros en los que se registran fuertes remarcaciones. Si bien Guzmán repite que la inflación es un problema principalmente macroeconómico, está empezando a pedir cada vez más colaboración de los empresarios. En 1989, uno de los tres ministros de Economía que Raúl Alfonsín tuvo ese año hiperinflacionario, Juan Carlos Pugliese, les dijo a los exportadores que no liquidaban divisas en plena devaluación: “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. Veremos si Guzmán cuenta con más recursos que las apelaciones cardíacas.

AR

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