La amenaza de desalojo también pende sobre los inquilinos patagónicos

“Me quieren desalojar; mi contrato extendido terminó el 31 de marzo y no me quieren renovar, y no encuentro vivienda”, se lamenta María Belén que ahora vive de prestado, en Bariloche. Lucio, de General Roca, en tanto, explica que está “alquilando sin contrato, en negro” y paga 25.500 pesos por mes por un departamento que también usa de oficina. “Es mi trabajo este lugar y me quieren desalojar. Quiero que intervenga AFIP con el propietario”, dice. Eric, una persona LGTB de Villa Regina, denuncia: “Tengo deuda en el alquiler, me quieren desalojar. No tengo trabajo y no me puedo ir de la vivienda. No consigo nada y estoy en una situación personal muy mala”.

Son todos casos de la Provincia de Río Negro, y situaciones similares se multiplica por toda la geografía patagónica.

La no renovación por parte del Gobierno nacional del decreto 320 del 2020 que estableció la última prórroga de la norma que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres, provoca una situación de profunda gravedad social en la Patagonia.

Miles de inquilinos acumulan mes a mes deudas con los propietarios de los viviendas, o deben recurrir a la venta de muebles y objetos personales para poder afrontar el pago, mientras los precios de los alquileres aumentan sin control.

Así se desprende de una serie de encuestas realizadas por organizaciones que nuclean a inquilinos de las distintas provincias de la región.

En las últimas horas, la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR) planteó al ministro de Gobierno provincial, Rodrigo Buteler, a la Senadora Silvina García Larraburu, y al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que “por lo menos se cumplan los aspectos del decreto 66 (última prórroga) en relación a la mediación previa al desalojo, y la disponibilidad de programas estatales de disposición de viviendas para inquilinos que deben dejar sus viviendas”, explicó Roberto Díaz, referente de la organización.

En Río Negro, un promedio del 77,4% de los inquilinos/as destinan entre el 30% y el 80% de su ingreso al pago del alquiler. Así, según la encuesta de UIR que se renueva bimensualmente, el 40,3% de los inquilinos no puede pagar el alquiler completo, lo cual genera deudas acumulativas que compromete la continuidad del vínculo con el propietario.

“Pagué con mucho sacrificio la deuda del 2020, pero siguen aumentando y no puedo ser una nómade de acá para allá. No entré en ningún plan de vivienda”, se queja Maia, vecina de la localidad de Allen, en el Alto Valle. “No me alcanza el dinero para pagar los aumentos en los alquileres. Me siento súper insegura, ya que soy madre soltera con un hijo discapacitado y la mitad del sueldo se va en alquiler”, agrega.

Según los relevamientos -que en Santa Cruz realiza la Asociación de Inquilinos de esa Provincia; en Chubut el Sindicato de Inquilinos; y en Neuquén la Federación de inquilinos- el 27,6% “debe entre un mes y seis meses de alquiler en lo que va de la pandemia”. El 40,9% de los encuestados dijo “ganar menos dinero que los meses anteriores”.

Aseguran que ya se concretaron un 7% de desalojos, mientras que un 24,9% de los inquilinos sufrió “hostigamiento y amenazas”.

Si bien la realidad por ciudad es muy distinta -con incrementos mayores en localidades turísticas o petroleras-, los aumentos de los precios de los alquileres en Neuquén oscilaron entre un 40 y un 120% en los últimos meses. 

En Santa Cruz, en tanto, más de la mitad de los inquilinos -un 54%- no pudo pagar el alquiler de abril de forma completa; motivado en parte porque hasta abril de este año, el aumento medio en los alquileres fue del 14%. Si se tienen en cuenta los últimos doce meses, el aumento totaliza la cifra de 67,4%, señala el informe al que accedió elDiarioAR.

La no renovación por parte del Gobierno nacional del decreto 320 del 2020 que estableció la última prórroga de la norma que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres, provoca una situación de profunda gravedad social en la Patagonia.

Adriana, una inquilina de Bariloche, dice a la UIR que “desde julio del 2020 que quieren que abandone la propiedad por falta de pago y porque la permutaron. Me citaron a una mediación privada, antes que finalice el decreto (que extendía el plazo de prohibición de desalojos) y no pude acceder a un abogado del Estado porque mi marido es monotributista, pero no tenemos ingresos desde marzo 2020. Hace 28 años que alquilamos y si bien tuvimos problemas en alguna oportunidad, siempre tratamos de cumplir” Y asegura que “esta es la peor situación que atravesamos y difícilmente la podamos revertir sin ayuda del gobierno, necesitamos por favor algún plan de desendeudamiento y la posibilidad de acceso a una vivienda propia”.

La situación se agravó por la pandemia y la cuarentena: la reducción de ingresos de los sectores populares y medios no propietarios, complicó el pago de los alquileres, y a la vez se redujo la oferta de viviendas para alquilar.

Roberto Díaz, de la UIR, puntualizó que las organizaciones de inquilinos “acompañamos las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno nacional, pero decimos que tiene que haber medidas económicas y legales para que la población pueda atravesar la segunda ola” de Covid. “No podemos dejar solos a los inquilinos ante el mercadeo, sino el esquema se vuelve solo meritocrático: si podés pagás y tenés donde vivir, y si no te quedás en la calle”.

Pocos días antes del vencimiento del DNU firmado en 2020 por el Presidente Alberto Fernández y la consecuente caída de la restricción de desalojos, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, planteó que se haría “uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres”, que especifica que “los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación”.

“No habrá extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”, dijo Ferraresi en marzo de este año.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de los inquilinos aseguran que tales mediaciones no se cumplen, y que no se produje el blanqueo de la relación contractual tal como reclama la AFIP.

El ministro también había anticipado que se aceleraría el ritmo de construcción de viviendas, para bajar la demanda de alquileres y disminuir la presión sobre un sistema que no da respuesta adecuada a la situación de quienes deben alquilar. “La solución es que la Argentina construya vivienda”, dijo y confió en que “las 264 mil soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres”.

“La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler, y no desde un sistema financiero sino desde un sistema de recupero solidario”, agregó el ministro.

El Plan Casa Propia, en ese sentido, “se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55 mil viviendas en todo el país”, detalló.

Sin embargo, las soluciones habitacionales no llegan. Díaz explicó a este medio que consultaron al Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) de Río Negro sobre el acceso a viviendas para aquellos que no pueden pagar un alquiler. “No hay una sola unidad habitacional en disponibilidad. No hay solución habitacional alguna”, resumió, y aseguró que ese panorama se repite en todas las provincias patagónicas.

Las encuestas en Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz coinciden en que aproximadamente un 40% de los inquilinos consultados se endeudó a través de créditos privados para poder afrontar el pago del alquiler; el 29,3% ajustó otros gastos; y el 19,1% vendió muebles y otros objetos de su propiedad para poder estar al día.

La situación de miles en la Patagonia la resume Nélida de Cipolletti. “No me alcanza el dinero para pagar los aumentos en los alquileres”, dice, “me aumentaron el 155% y como no arreglamos, nos tenemos que ir y entregar la casa pintada. Si no lo hacemos el propietario ejecutará el pagaré. A raíz de esta situación, estamos acondicionando un galpón sin agua, sin luz ni gas. Ya pasamos por esto en el 2002”.

SR