Entrevista

Ana Castellani, secretaria de Empleo Público: “Las personas que no se vacunaron por propia voluntad tienen que venir a trabajar”

Ana Castellani, secretaria de Empleo Público.

Estacionada quedó la extensa trayectoria académica y científica de la socióloga Ana Castellani. Desde que en diciembre de 2019 debutó como funcionaria pública, está entregada al cargo de secretaria de Gestión y Empleo Público, a las órdenes del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En los últimos días tuvo en sus manos decisiones clave: desde la revisión de las paritarias de los empleados públicos, castigados en el poder de compra en los últimos seis años más que los trabajadores en general, hasta la convocatoria para que vuelvan a la presencialidad a partir del 1º del mes próximo.

Cómo será el regreso a la presencialidad de los trabajadores estatales, provincia por provincia

Cómo será el regreso a la presencialidad de los trabajadores estatales, provincia por provincia

¿El 15% de los empleados públicos aún no se vacunó con una dosis?

Sí, un porcentaje muy bajo. Se supone, no se sabe bien. Es lo que sabemos hasta ahora. Esta vuelta a la presencialidad no es la presencialidad completa, que tenías antes del 20 de marzo de 2020. Vos tenés un protocolo que cumplir en cantidad de personas por metro cuadrado. No todos los edificios pueden cumplirlo. Podés encontrarte algún edificio donde toda su dotación puede ir a trabajar al mismo tiempo y otro donde es imposible. Entonces lo tenés que dividir en burbujas. Es lo mismo que en el sistema educativo. Algo de la dotación va a quedar alternando remoto y presencial. Eso a partir del 1º de septiembre porque hay que dar tiempo a varias cosas. Una, a adecuación de los protocolos a cada edificio. Después tenés que pedirle su situación frente a la vacunación, que se obtiene oficialmente desde el sitio de Mi Argentina para que sepamos fehacientemente cuál es el estado ante la vacuna: si tiene una dosis, dos, qué dosis, cuando te la pusiste. Hasta ahora teníamos de palabra que el 15% estaba sin vacunas, pero ahora habrá que ver los certificados y seguramente eso da menos. Primero, porque el proceso de vacunación avanza y segundo, porque algunos habrán dicho que no estaban vacunados y lo estaban. Con ese universo de no vacunados hay que sentarse cara a cara con el médico legal, laboral, para que diga cuáles son los motivos de la no vacunación. El tipo te puede decir “no pude en el momento en me llegó el turno” o “no me llegó el turno”, “no estaba” o “estaba enfermo” o “tuve que esperar porque tuve Covid”. Entonces ahora te podés ir a vacunar y tenemos la posta para que vayas. Puede haber una parte muy minoritaria que diga “no me quiero vacunar”. Entonces el médico tratará de dejarle muy claro cuáles son los problemas de no vacunarse, los riesgos a los que está expuesto, tratará de persuadir de la importancia de vacunarse. Algunos van a insistir en que no, porque hay gente que no se vacuna por motivos religiosos y contra eso no hay un discurso médico que pueda. Entonces esas personas firmarán la declaración jurada en donde consta que no se vacunaron por propia voluntad, que han sido informados de todos los riesgos que tienen y todas las medidas de cuidado que tienen que extremar por sí y por los demás. Pero tienen que venir a trabajar. Esto fue objeto de discusión. Es una tensión.

Tensión con los compañeros de oficina que no van a querer cruzarse con ellos…

Es lo que está pasando, de hecho. Pero tampoco podíamos dejarlos laburando exclusivamente de manera remota. No es una elección.

¿Por qué quieren volver a la presencialidad y no siguen con el trabajo remoto?

Tengo una primera respuesta legal e institucional. Es contundente. Después viene la política. La legal institucional es que no hay regulación para el trabajo remoto en el sector público.

¿Y la ley aprobada el año pasado?

Es para el sector privado. Las condiciones de trabajo en el sector público nacional se convienen en paritaria. ¿Por qué no podemos encarar esta discusión? Tenemos encuestas hechas, sabemos ventajas y desventajas, tenemos un proyecto de legislación comparada con otros países. No esquivamos el tema, pero no estamos en condiciones normales, donde la dotación puede estar en presencialidad completa. Cuando termine la pandemia, podremos regular la forma de trabajo remoto de una parte de la dotación que seguramente convendrá tenerla de manera remota. Ahora, ¿en qué condiciones ganará más o gana menos? ¿Ahorra porque no viene o gasta porque paga su Internet? Toda esa regulación está en discusión y se tiene que hacer cuando no tengamos que recurrir al trabajo remoto por necesidad. Con el trabajo remoto en pandemia, los sindicatos nos acompañaron sin marco legal de respaldo porque lo entendieron como una emergencia, porque no nos quedaba otra, porque si no, no podía funcionar la administración pública.

En las oficinas públicas se comenta que hay gente que casi no trabaja desde hace un año y medio y se resiste a volver a la oficina, mientras otros en sus casas trabajaron más que nunca…

Vamos a los datos. El 22% de los empleados públicos de la Nación estuvo siempre en la presencialidad. Eso fue aumentando y ya a fin de año estaba cerca del 40%. De la mayoría que tuviste en la casa, no llegó al 5% los que no trabajaban porque su tarea no tenía sentido si no era presencial. La señora que me trajo el café estuvo un año sin venir porque yo me hice el café. No voy a culparla porque estuvo sin hacer nada. Pero el grueso del laburo se pudo hacer remoto porque el grueso del trabajo en el Estado no es la atención al público, eso no es ni un cuarto. Tres cuartos básicamente implementan políticas públicas, o se muere la rueda para que una decisión política se haga realidad.

La gente lo pudo hacer en su casa…

Sí, porque teníamos el sistema de gestión electrónica de los documentos.

Y la gente tenía su computadora propia…

Al principio, la mayoría usaba la computadora propia y después nosotros nos ocupamos. Les mandamos las computadoras a sus casas, las netbooks, las de escritorio, en la medida en que las pudieran recibir, si tenían lugar donde poner una compu de escritorio, en las peores condiciones, porque tenías a todos los pibes educándose adentro. El sistema estallaba los fines de semana y en la noche porque era cuando la gente podía trabajar. Hubo algunos que decían “yo no tengo computadora, no me puedo conectar”. Yo me ocupé de que todo tuviera computadora en mi secretaría. En todos los lugares hubo un grupito que se resistió a laburar, pero frente a este prejuicio instalado hay una demostración empírica de que el Estado siguió en función.

Hubo retrasos en los trámites jubilatorios...

Eso tiene una explicación. Casi un cuarto de los 200.000 empleados públicos civiles, más o menos 40.000, está atendiendo al público. Los tenés concentrados en AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), PAMI (Plan de Atención Médica Integral), Renaper (Registro Nacional de las Personas) y Migraciones. Después, las superintendencias, los registros. AFIP enseguida hizo una reconversión electrónica de todos los trámites y dio un salto cualitativo, cambió algo de su política de comunicación y atención al cliente, ahora contesta todo. A Anses le costó un poco, pero empezó a moverse. Implementó de manera remota el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de manera remota, el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), las asignaciones, el seguro de desempleo. Pero con los trámites jubilatorios hay algo de la constatación fehaciente que se hace solamente presencial. En la Anses había algo de gestión electrónica, pero era complicado para el tipo de población que atiende. Las UDAI (Unidad de Atención Integral) estaban con una parte de la dotación laburando adentro, pero no pudieron recibir público hasta septiembre. Eso cambió precisamente porque no había forma de seguir sosteniendo la suspensión de los trámites jubilatorios. Se adecuaron todas las UDAI para ponerles acrílicos. Igual atienden con turnos, con la mitad de la dotación, porque no te da la distancia. Quedó el 80% laburando de manera presencial, menos los que eran grupo de riesgo. Eran un montón las comorbilidades, pero con la vacuna todo eso fue desapareciendo y las únicas que quedaron son los trasplantados, los pacientes oncológicos y las embarazadas. Más del 70 u 80% ya no es más un factor de riesgo para volver.

Pero casi un año después todavía hay retrasos en la Anses por la dificultad para conseguir turnos.

Sí, porque tenés todo el paquete atrasado. Es lo mismo que pasó con el Renaper. El DNI lo podés hacer todo por internet, pero hay un paso en el que tenés que ir a poner la huella y sacarte la foto. También hay que evitar en la tramitación online, que también generó mucha estafa y mucho negocio de gestor.

El discurso libertario de moda vuelve sobre la crítica sobre la cantidad y la calidad de los empleados públicos. ¿Usted qué opina?

Para mí hay un error de enfoque si la cuestión se plantea en la cantidad. ¿Por qué? Porque no hay un número mágico. La cantidad de empleados públicos va a depender en gran medida de que sea óptima para las acciones que quieras desplegar. Si un Estado quiere desplegar, por ejemplo, un programa como el Conectar Igualdad, que antes no existía y tiene alcance nacional, necesita conformar el área para esa situación. Migraciones tenía una dotación, vino la pandemia y la tuviste que incrementar en 300 personas porque tuviste que poner un montón de controles migratorios nuevos. Los gobiernos pueden decidir que el Estado intervenga más o menos. Si vas a poner más regulaciones, vas a hacer más acciones, vas a brindar más bienes y servicios, eso solo no se puede construir. Por ejemplo, nosotros queremos concursar los cargos que están hace años sin concursar: son 28.000. ¿Puedo con el mismo equipo que antes concursaba a 600 concursar a 28.000? Aumentar la dotación no está ni bien ni mal, depende de lo que tenga que hacer. La segunda cuestión es contratar los que están están preparados para llevar adelante las funciones. Ahí está el foco que hay que poner. Más que cuánto es la calidad. No podemos decir necesitamos más y punto. Necesitamos tener conciencia de que la calidad del empleo público es crucial para construir capacidad de acción desde el Estado. El Estado no va a poder actuar con eficacia y con eficiencia, pero yo pongo el acento en la eficacia. La eficacia es quiero llevar esto de acá a acá. La eficiencia será si lo logré con la combinación costo beneficio más óptima. Pero si lo hice con el costo beneficio más óptimo para llevarlo al otro lado… Necesitamos que las personas que implementan esas decisiones políticas estén formadas para llevar eso adelante. Y eso tiene niveles de capacitación muy disímiles que van desde los cuadros profesionales hasta los más operativos, que tienen que saber manejar bien el sistema electrónico de documentos, que si cometen un error en un expediente todo va para atrás

¿Y qué están haciendo para mejorar esa calidad del empleado público?

Hay una cantidad de medidas que aluden a algo fundamental que es este Programa de Formación y Capacitación, que es más amplio que nunca antes. Esta secretaría hoy capacita a todos los empleados del sector público nacional y hemos puesto todo el presupuesto en pos de eso y en pos de hacer un programa federal. Vamos a las provincia, las estamos financiando a través del Consejo Federal de la Función Pública, implementando capacitación y formación para empleados provinciales y municipales. Incluimos además empresas, organismos descentralizados, organismos mixtos, bancos. Porque la ventanilla del Estado es una para la ciudadanía. O sea, para un ciudadano común, la ventanilla de provincia, Nación o municipio es el Estado. Ahí la pandemia nos vino bárbaro porque convertimos toda la oferta de capacitación a modo virtual. Eso nos dio mucho impacto y el costo es menor que hacer la implementación territorial. Pero, a diferencia de la gestión anterior, que dejaba que vos construyeras tu propia aventura en materia de formación y capacitación, nosotros establecimos líneas prioritarias en donde fue más inductiva la necesidad de capacitación. Atención a la ciudadanía es una. Entonces arreglamos con AFIP, Renaper, Migraciones, Ministerio de Trabajo. Estamos a diez mil personas por cuatrimestre. No vamos a lograr todo en un año. Pero de acá a 2023, la idea es que todo ese personal haya tenido un trayecto formativo en atención a la ciudadanía. El otro eje es integridad y transparencia, porque hay algunos organismos como AFIP, Migraciones, Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria), de control y fiscalización. Después está el género, que viene como una política más general, que es la capacitación en prevención de violencia de género, equidad, igualdad de género en el marco de la ley Micaela. Y después hay más para la administración pública: los de planificación y evaluación de políticas. Después están los ejes más operativos o con habilidades transversales como comunicación, manejo de datos, informática, nociones de programación, manejo de alguna herramienta muy concreta de Excel. Pusimos mucha guita y mucha cabeza ahí. 

Volviendo a la cantidad, en el último año creció 2,4% el empleo estatal en toda la Argentina, más que el empleo privado…

Las áreas nacionales que aumentaron son obras públicas, salud, ciencia y tecnología y el incremento no llega al 5%.

El otro día hablaba con una sindicalista y decía que se tiene que crear empleo, pero no solamente en el sector privado sino también en el Estado o las cooperativas. ¿Coincide?

No creo que el Estado tenga que crear empleo porque hay que compensar el empleo que no crea el sector privado. Pero no digo que el Estado no tenga que crear empleo, porque capaz lo tiene que crear por estas necesidades que son propias de la acción estatal.

Usted dijo hace un momento los términos “dotación óptima”, muy usados por el ministro de Modernización de Cambiemos, Andrés Ibarra…

Ibarra ha usado el término, pero terminó avalando solamente dotaciones mínimas. Y puedo dar fe, porque la dirección depende de nosotros. Nosotros la convertimos a una Dirección de Análisis y Planificación del Empleo Público. Esa dirección estaba con la indicación en 2018 de que se hicieran todas las áreas de dotación mínima, no óptima. Y después el tema es lo ridículo que fue el análisis de dotación óptima durante el macrismo porque aplicaron la misma planilla que está copiada de la que se utiliza en el sector privado, desconociendo las heterogeneidades enormes que hay con el sector público. Fueron a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) a cuestionar por qué había esa cantidad de inspectores en el reactor. Hubo que contestar y muchos organismos no firmaron el análisis de dotación por estar en desacuerdo con lo que decía el análisis de dotación.

Sé que quieren mejorar la carrera científica y sanitaria en el Estado…

Una de las áreas más castigadas en términos de dotaciones y de presupuesto durante la gestión anterior fue ciencia. El sector público nacional tiene 16 organismos de ciencia y tecnología. No los creó el kirchnerismo. Son todos anteriores. Algunos se remontan a la década del 60, 70, 80. Son distintos momentos históricos en donde el Estado creó organismos para resolver necesidades muy estratégicas y concretas. Ejemplos, la CNEA, la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional del Agua y el Mar, el Antártico. El único que después de la década del 90 ingresó gente con concurso todos los años fue el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Los otros 15 organismos no pudieron concursar. Ni siquiera tenían abiertos los escalafones científicos para concursar. Se estaban deteriorando sus dotaciones a niveles que los dejaban fuera de operatividad, Son organismos con objetivos históricos más los nuevos que van proponiendo los tiempos. Con el equipo estoy laburando en análisis por área, salud, ciencia y tecnología, organismos de control, cultura. También tengo los promedios salariales de cada uno de esos sectores. Podemos trabajar en una política común de fortalecimiento de los recursos humanos. El resultado fue el plan de fortalecimiento de todos esos 15 organismos que se anunció hace tres viernes. La primera medida más notoria es la apertura de 1.000 cargos.

¿Eso está dentro de los 28.000 que usted nombraba antes?

No, son 1.000 nuevos. Los 28.000 son de regularización de gente que hace diez años, 15, que está laburando. Estos 1.000 son para de verdad fortalecer dotaciones en 15 organismos que se están quedando, porque acá la gente se va, se muere o se jubila o se toma el retiro voluntario.

Esta semana le mejoraron el aumento salarial a los empleados estatales: 40%, en lugar de 35% acordado en mayo, y con revisión en enero para asegurar que le ganen a la inflación, después de tantos años de pérdida de poder de compra…

Nosotros les ofrecimos a los sindicatos adelantar las cuotas que ya teníamos pactadas y definir una cuantía mayor para cumplir con el objetivo de ganarle a la inflación. Así que en eso estamos trabajando, para que mañana podamos tener ese número acordado y cerrado y cerrado. En enero nos volvemos a juntar.

Todos los trabajadores vienen perdiendo contra la inflación en los últimos años, pero más los estatales…

No hay nadie dentro del sector registrado que más haya perdido en los últimos cinco años que en el sector público nacional, y me refiero al Poder Ejecutivo. El Legislativo perdió menos y el Judicial no perdió. Para la mayoría de los empleados estatales, la pérdida fue mayor al 40%, el doble prácticamente que en el sector privado registrado. ¿Por qué? Porque en el sector público se pierde de entrada desde 2016. Por supuesto, los que peor la pasaron son los trabajadores informales en un proceso inflacionario creciente.

¿Cuál es la solución?

Nuestro objetivo era en 2020 recuperar el poder adquisitivo. Eso implicaba cerrar una paritaria dos o tres puntos por encima de la inflación. En pos de eso llegamos y lo primero que pusimos fue una suma fija de 4.000 pesos para todos los salarios inferiores a 60.000, que fue algo que también se había hecho en el sector privado. Después vino la pandemia y el eje del Estado en materia de recursos fiscales fue precisamente los trabajadores informales y del sector privado. Acá les garantizamos todos los puestos de trabajo y el cobro integral del salario. Ahora, este es el año donde podemos hacer lo que queríamos el año pasado.

Hablando del trabajo informal, ¿qué pasa con los monotributistas que trabajan para el Estado en todos los niveles del Estado, nacional, provincial, ciudad de Buenos Aires, municipal?

Vamos a ponerle blanco sobre negro a eso. En el Estado nacional hay menos de 5.000 contratos de locación de servicios, que son los contratos de monotributo, de un total de 200.000. Su proporción es ínfima. Esa proporción está centrada en locaciones de servicio, asesoramiento, muchos informáticos, porque los tenés que contratar así para poder ofrecerle una retribución medianamente acorde con el mercado, porque si tenés para pagarles con la escala del empleo público no llegás a 110.000 pesos y no te vienen por ese dinero. Nosotros propiciamos todo el pase a designación transitoria de aquellos que eran relaciones encubiertas. Hoy eso está muy focalizado en algunos lugares que siguen teniendo también financiamiento con otra modalidad.

Usted había escrito en 2019 que el gobierno del Frente de Todos debía tener cuatro ejes: unidad, eficacia, desafiar el sentido común sin soberbia y ejemplaridad en cuanto a integridad y transparencia. El festejo de Olivos puso en tela de juicio este último eje.

Ese episodio no opaca los otros puntos. Pero primero pongamos en contexto el episodio. El episodio fue indiscutiblemente desafortunado, no debería haber existido. Es un error. Y el Presidente pidió disculpas por eso. Yo más que eso… Esa reunión estuvo mal en el marco de todo lo que se hizo con el manejo de compras que se tuvieron que hacer para alimentos, respiradores. Yo tengo que evaluar la integridad y la transparencia de la gestión en todos esos planos. El gobierno actual se ha manejado muy apegado a la norma, incluso en contexto de emergencia, donde ameritaba hacer adecuaciones para garantizar rápidamente que vos tuvieras eso. O sea que el error no le pega al corazón de la transparencia de la gestión pública. No invalida ni lo que ha hecho el gobierno que Alberto Fernández preside, ni la unidad, ni la efectividad de la gestión, ni la comunicación. Yo creo que todas esas cosas se tienen que recomponer por toda la cantidad de cosas que se hicieron, el esquema de la asistencia que se ha dado a la producción y al trabajo, que nunca alcanza, porque la pandemia dinamitó sectores enteros, la tarjeta Alimentar, que fue directa a las madres de menores de 14 años. A mí no me parece que el error haya horadado el eje de gestión de integridad y transparencia.

AR

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