Opinion/ Economias

Economía y elecciones: la trampa de votar con el bolsillo

En las elecciones puramente legislativas el pasado económico inmediato pesa, pero no es tan determinante como en las presidenciales

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¿Es la economía? James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña electoral de 1992, pensaba que la elección se definiría por la percepción que tuvieran los votantes sobre cuál candidato los beneficiaría más económicamente. Tal vez la mayoría de los votantes decida por razones ideológicas o de identidad partidaria, pero si esos votantes están divididos, definen los votantes “neutrales”. Y entre las motivaciones de su voto está la expectativa de que su situación económica puede mejorar si gana un determinado candidato. No se atan a nadie: en cada votación eligen a quien creen que les conviene más.

Una elección presidencial define quién gobernará en el futuro, pero como el futuro es incierto se tiende a mirar al pasado. Entonces, es crucial la visión que tengan los votantes independientes, cuyo voto no está decidido de antemano, sobre si su situación económica mejoró o empeoró debido a las gestiones gubernamentales recientes, en la medida en que a dichas gestiones las perciba vinculadas a algún candidato. Es posible que en 1995 mucha gente creyera que el gobierno de Carlos Menem era corrupto pero igual votara por su reelección; percibían que su situación económica era mejor en 1995 que en 1989, cuando asumió Menem, y que la continuidad de las políticas que llevaron a esa mejora estaban más garantizadas con él que con sus adversarios.

Un par de indicadores de “la situación económica” podrían ser el consumo y la inflación. La política económica de un gobierno no debería juzgarse únicamente por estas variables; pero inciden en el humor social.

Un par de indicadores de “la situación económica” podrían ser el consumo (privado y público) y la inflación. La política económica de un gobierno no debería juzgarse únicamente por estas variables; pero inciden en el humor social, y están asociadas con otras, como el desempleo y la pobreza; cuando crece la economía, lo hace el consumo y bajan el desempleo y la pobreza. 

Miremos cada elección presidencial a la luz de los períodos previos. En 2007 el kirchnerismo ganó las elecciones apoyado en un crecimiento del consumo del 8% anual y una inflación creciente, pero relativamente tolerable (promedio: 7% anual). En los cuatro años siguientes la inflación se aceleró a 22% anual, pero el consumo creció a muy buen ritmo (6% anual) a pesar de la crisis financiera internacional, lo que seguramente influyó en la cómoda reelección de Cristina Fernández de Kirchner.

En los siguientes 4 años el consumo creció apenas 1% anual y la inflación se aceleró a un promedio de 29% anual. Esto habría incidido para que, en noviembre de 2015, una mayoría ajustada de votantes buscara un cambio y consagrara presidente a Mauricio Macri. Cuatro años después, Macri fue claramente derrotado en primera vuelta; resultado esperable, teniendo en cuenta que en su gobierno el consumo se contrajo a un ritmo de 2% anual, mientras la inflación promedió casi 40% anual.

En general, a los candidatos presidenciales que representaban la continuidad de las políticas le ha ido bien o mal según la evolución de la situación económica en su pasado inmediato. Un caso especial fue la elección de 1999. Entonces, quien se comprometió a mantener la política económica, Fernando De la Rúa, no era candidato del gobierno sino de la alianza opositora. Su triunfo electoral pudo deberse, al menos en parte, a ese compromiso: gran parte de los votantes se aferraba a la continuidad. Cuatro años más tarde ya quedaba claro que esa política había conducido a una tremenda crisis. En los meses previos a la votación de abril de 2003 hubo fuerte recuperación económica e inflación en descenso; entonces, el candidato Kirchner prometió continuidad de las políticas económicas, lo que probablemente fue decisivo en su triunfo.

Parecería que en las elecciones puramente legislativas el pasado económico inmediato pesa, pero no es tan determinante. En las de 1997 y 2013 habría incidido el desgaste de gobiernos que llevaban más de 8 años en el poder, más que suficientes para que se denunciaran varios casos de corrupción. En las de 1985 y 2017 la mejora económica previa a las elecciones era de muy corto plazo, pero habría encendido, en muchos votantes, la esperanza de que las cosas comenzaban a mejorar. Y es probable que algo similar ocurra en 2021: los oficialismos ganarían en la mayor parte de los distritos, con sustento, entre otras cosas, en una actividad económica que estaría “rebotando” al menos 7% este año.

Pero los éxitos de corto plazo en materia de consumo e inflación no necesariamente son señal de buenas políticas económicas. Solo para dar dos ejemplos, en 1999 la convertibilidad se combinaba con déficits fiscal y externo insostenibles; dos años más tarde la recesión se hacía intolerable. En 2017 los déficits fiscal y externo eran los más altos en casi tres décadas, y ambos se financiaban con deuda pública externa que ese año creció casi US$40.000 millones y que en pocos meses se mostró insostenible. En ambos años una parte importante de los votantes respaldó las políticas que conducían a la crisis.   

Hay señales capaces de indicar si la economía avanza sobre terreno firme o no. Entre ellas, se destacan los “déficits o superávits gemelos” (fiscal y externo) y la evolución de la deuda externa. ¿Por qué no se presta más atención a estas señales?

Hay señales capaces de indicar si la economía avanza sobre terreno firme o no. Entre ellas, se destacan los “déficits o superávits gemelos” (fiscal y externo) y la evolución de la deuda externa, particularmente la pública. ¿Por qué no se presta más atención a estas señales, mirando al futuro, en lugar de concentrarnos exclusivamente en la situación presente?

Hay, al menos, dos motivos. Por un lado, para gran parte de la gente no resulta claro cuáles indicadores habría que mirar; entre otras cosas, porque ve que los economistas que aparecen en los medios masivos de comunicación no se ponen de acuerdo en cuanto a las relaciones de causas a efectos. Se ha llegado a afirmar que no es importante bajar el déficit fiscal, porque puede financiarse con emisión monetaria, sin consecuencias negativas. ¿Cómo es posible decir esto, con tanta evidencia que lo desmiente? Porque es posible encontrar evidencia (engañosa) a favor. La economía no es una ciencia exacta; en demasiadas ocasiones es posible torturar los datos hasta que sostengan lo que uno quiere. Esto ha permitido que en más de una ocasión los partidarios de un gobierno afirmaran que su política económica estaba bien rumbeada hasta pocos meses antes de caer en una crisis.

El segundo motivo es que se puede mentir sobre los indicadores cuyos efectos directos no repercuten en forma inmediata sobre el bienestar. El consumo y la inflación son percibidos por la gente; por más que le digan que la inflación es 10% anual, si en realidad es 25%, la gente se da cuenta. Pero no es lo mismo si hablamos del déficit fiscal o el externo, o la deuda pública.

Por ejemplo, se suele sostener que el gobierno de Macri encontró un enorme déficit fiscal en 2015 y terminó en 2019 con las cuentas equilibradas; lo primero es cierto, lo segundo es mentira. Con datos oficiales, el déficit de 2019 fue equivalente al 3,7% del PBI; y, si no computamos como ingresos a la emisión monetaria cedida al Tesoro en forma de “Utilidades del Banco Central”, fue 4,6% del PBI. Ambos números son parecidos a los del año 2015.

A principios de 2016 los funcionarios decían que la situación de deuda era cómoda, lo que le permitiría emitir títulos públicos internacionales por decenas de miles de millones de dólares; en 2019, la deuda había llegado a tal magnitud que el mismo gobierno no pudo hacer frente a los vencimientos. Y, sin embargo, se ha llegado a decir que durante esa gestión la deuda pública creció menos que cuando el país no accedía al mercado internacional de deuda ni a financiamiento del FMI. Todo es cuestión de manipular en forma conveniente las estadísticas.  

Otro ejemplo: en la década de 1990 la atención de los analistas era dirigida hacia el déficit fiscal, que parecía menor de lo que en realidad era, porque se lo ocultaba con “contabilidad creativa”, al registrar gastos como “inversión financiera”. En 2001 quedó claro que el Estado no tenía reservas financieras, pero ya era tarde. La evolución de la deuda pública ofrecía una visión más certera de la realidad, pero había un fuerte interés en subestimar su importancia.

Ambos problemas (falta de acuerdo en cuanto a los efectos de variables económicas sobre el bienestar, y falsedad de información) no tienen su ámbito de discusión principal en reuniones académicas donde se contrastan argumentos y se busca honestamente llegar a consensos, sino en medios de comunicación, frecuentemente al servicio de intereses partidarios. Los medios profesionales, que deben hacerse cargo de las noticias que difunden, resultan más creíbles que los mensajes anónimos en redes sociales. Pero vivimos en tiempos de “periodismo militante”, más interesado en adoctrinar que en informar hechos tal cual ocurren. Entonces, entran en acción formidables maquinarias propagandísticas para convencer a la población de que todo lo que hizo un gobierno está bien, o que todo estuvo mal.

Los medios profesionales, que deben hacerse cargo de las noticias que difunden, resultan más creíbles que los mensajes anónimos en redes sociales. Pero vivimos en tiempos de “periodismo militante”, más interesado en adoctrinar que en informar.

Ante esto, es lógico que mucha gente juzgue a los gobiernos a partir de su “ahora”: cómo evolucionó la situación económica durante cada gestión. Con el problema adicional de que dicha situación puede verse afectada por hechos ajenos a la misma, como pandemia, sequía, crisis internacionales o “herencia recibida”. Por ejemplo, en la presidencia de Alfonsín (1983-1989) la deuda externa aumentó fuertemente, pero no para financiar al gobierno, sino por acumulación de intereses impagos: el gobierno militar previo había endeudado irresponsablemente al país, de modo que, en un contexto de altas tasas de interés internacionales, el servicio de la deuda era imposible de pagar.    

¿Es este un problema sin solución? Claro que no. La mayor parte de los países del mundo, incluyendo vecinos nuestros, no tienen los problemas de inestabilidad económica que tenemos nosotros. Parecería que han generado anticuerpos contra esos problemas, capaces de reaccionar a tiempo antes de que sea necesario llegar a terapia intensiva.

Deberíamos generarlos nosotros. Ya tendríamos que tener en claro las cosas que hay que evitar: el endeudamiento creciente con el sector privado; la emisión monetaria como medio de financiar un gigantesco déficit público (salvo en situaciones muy excepcionales, como el de la “cuarentena dura” del año pasado); el “dólar barato” (retraso cambiario) que termina provocando déficit externo. Y también deberíamos tener en claro cosas, vinculadas con las anteriores, que hay que mejorar, como la eficiencia del gasto público.

¿Cómo vamos ahora? En parte porque la crisis económica 2018-2019 lo hizo inevitable, en parte por la suba de precios internacionales de productos de exportación, y en parte por decisiones del Gobierno, ha habido una moderación del déficit fiscal y una mejora en las cuentas externas. Pero en los últimos meses se evidencian dos tendencias preocupantes: la baja del déficit fiscal se ve frenada por mayores subsidios estatales a las tarifas, particularmente de electricidad y gas; y se está “pisando” al dólar oficial para que suba bien por debajo de la inflación, lo que, de persistir, agudizará los problemas del sector externo de la economía. Cabe la esperanza de que, superadas las elecciones, esas políticas se modifiquen. Pero lo ideal sería que no sean usadas como instrumento electoral de corto plazo; a la larga, terminan siendo contraproducentes.  

FE

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