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Guzmán prepara un plan plurianual que baje el déficit fiscal con crecimiento y sin ajuste del gasto

Guzmán habla entre Mercedes Marcó del Pont y Cecilia Todesca Bocco.

Alejandro Rebossio

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Contra reloj, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prepara el programa económico plurianual que prometió el domingo de la derrota electoral el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado anunció que ese plan “contemplará los mejores entendimientos” que su gobierno “haya alcanzado con el staff del FMI (Fondo Monetario Internacional) en las negociaciones que lidera” Guzmán, “sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”. A principios de diciembre, lo presentará a un Congreso donde en ambas cámaras necesitará algo más que el apoyo de bloques aliados para alcanzar la mayoría absoluta. Lo que se apruebe será la base del acuerdo que busque con el FMI.

Aunque el plan podría sancionarse sin los votos de Juntos por el Cambio (JxC), el Gobierno aspira a que al menos parte del principal bloque de la oposición lo respalde en la votación en general. En el cristinismo consideran que JxC estará en un “brete” cuando se le reclame que apoye un programa confeccionado junto a los técnicos del Fondo, el mismo al que el gobierno de Mauricio Macri pidió un préstamo récord en 2018 y con el que firmó dos acuerdos de ajuste que ahora deben renegociarse ante la imposibilidad de pago a partir de marzo próximo. “¿Con qué cara van a decir a la sociedad que no aprueban lo que se pactó con el FMI?”, se preguntan. A su vez, en el equipo económico consideran que el directorio del FMI, donde pesan las potencias como Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia, también estará en aprietos de aprobar un plan económico “soberano” que el Gobierno haya consensuado con la oposición en el Congreso.

El equipo de Guzmán espera que se pueda abrir una grieta entre las palomas y los halcones de Juntos por el Cambio. Si bien Macri no quiere negociar con el Gobierno y se ufana de que cerraría en cinco minutos un pacto con el FMI, en el oficialismo dan por seguro que negociarán con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros líderes distritales. “A Larreta, con sus aspiraciones presidenciales para 2023, no le sirve el quilombo”, razonan sobre los efectos de un eventual impago al organismo.

En el proyecto de presupuesto 2022, que Guzmán presentó el 15 de septiembre y que por ahora ni se discutió en el Congreso, hay algunas proyecciones macroeconómicas para los próximos años. La economía crecería el año próximo 4% -el doble de lo esperado por bancos, consultoras, universidades y centros de estudios relevados por el Banco Central-; en 2023, el 3% -más que el 2% predicho por el mercado- y en 2024, el 2%. Al igual que en la renegociación de la deuda con el sector privado en 2020, el ministro prefiere prometer un crecimiento modesto, similar al que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, y no soñar con expansiones nunca vistas a partir de las cuales se proyectan ingresos que jamás aparecen. Del déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda), sólo se dice que sería del 4% del PBI en 2021 -el mercado prevé que ronde el 3%, a pesar de la crítica de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al “ajuste” de Guzmán- y del 3,3% en 2022 -también podría ser menor a lo esperado por el presupuesto, alrededor del 2%-. Del rojo en 2023 y 2024 ni se habla, pero el Gobierno aspira a que el equilibrio fiscal recién se alcance en cuatro años, es decir, en 2025.

El presupuesto prevé que la inflación termine 2021 en 45% -de enero a octubre ya roza el 42% y el mercado espera un 51% a diciembre-, que baje al 33% en 2022 -analistas pronostican 49%-, un 25% en 2023 -las predicciones privadas hablan de 36%- y un 20% en 2024. El dólar oficial subiría de los $ 100 actuales a 131 a fines de 2022, a 161 en 2023 y a 189 en 2024, según la proyección de Guzmán. En el mercado lo ven a 158 a fines del año próximo y a 204 para terminar 2023, con el nuevo gobierno, de acuerdo con el sondeo de la firma FocusEconomics entre bancos y consultoras.

Al comienzo de su gobierno, Fernández decía que no quería un plan. En dos semanas presentará uno que prometa una reducción del déficit fiscal pero sin bajar el gasto público. “Hay que demostrarle al frente interno que no hay ajuste”, reconocen en el equipo económico. Aseguran que bajarán el rojo con más ingresos y sin recortes del nivel general de erogaciones ni de aquellas más sensibles como las jubilaciones, que de por sí ya fueron podadas por este gobierno. Guzmán sí quiere impulsar la obra pública a costa de disminuir los subsidios a las tarifas de energía y transporte de quienes las pueden pagar. En el cristinismo ahora reconocen el valor del equilibrio fiscal y de la segmentación de tarifas por nivel de ingresos y coinciden con Guzmán en que el camino hacia allí debe ser gradual, no de shock como plantearon Macri y el FMI en 2018.

Para el ministro, no hay que frenar el crecimiento logrado en 2021. “Es la primera vez que vas a negociar con el Fondo cuánto vas a crecer, no cuánto vas a ajustar”, sostienen en su equipo. Macri, en cambio, pactó un recorte que hundió la economía en los últimos dos años de su gestión. En el Gobierno destacan que el único problema actual de la balanza de pagos de la Argentina radica en los vencimientos de deuda con el FMI. Se supone que este organismo fue creado para solucionar este tipo de desbalances en los países.

En el entorno de Cristina Kirchner, cuyo principal asesor económico sigue siendo Axel Kicillof, consideran que después de cuatro años de Macri y dos de pandemia, es decir, seis de crisis, se requiere un plan de reconstrucción por seis años, que impacte en las elecciones de 2023. Así se lo expresó Kicillof a Guzmán en una reciente reunión cuyas fotos fueron difundidas por Economía. Ese programa debe definir, según el gobernador bonaerense, qué sectores económicos serán la fuente de crecimiento para después de que el Estado coordine los incentivos que despejen la incertidumbre actual y animen el sector privado a hundir capital en determinadas industrias, sectores agrícolas y de hidrocarburos. En YPF, por ejemplo, esperan con ansiedad que se apruebe el proyecto de ley de fomento a su rubro. Además de los incentivos a las empresas, el cristinismo aboga por un plan público de infraestructura y vivienda que también aliente a las compañías.

En el entorno de la vice saben que el Fondo está interesado sólo en el orden macroeconómico y responden que es condición necesaria pero no suficiente para crecer. Por eso prevén tensión en la negociación: “Veremos si sólo les importa el equilibrio fiscal o si entienden que desde los años 30 en adelante la experiencia mundial demuestra que de la crisis se salió con más expansión”. Opinan que si el plan se centra en la reducción del gasto público, incluido recortes de subsidios y licuación de otras erogaciones corrientes, terminarán afectándose los ingresos. Admiten que el problema radica en el financiamiento del déficit fiscal, pero consideran que si el país pacta con el FMI un sendero hacia el equilibrio, es probable que aparezcan otras fuentes de recursos que no sean sólo la emisión monetaria. Incluso, en la medida en que la economía crezca y se recupere la demanda de dinero, la impresión de billetes ya no sería un problema, según su opinión. “El tema es cuando se acumulan excedentes y se van a la inversión financiera. Pero si aumenta el crédito privado para consumir e invertir, se recupera la demanda de dinero”, alegan.

Pero en el cristinismo temen que sus argumentos sean desoídos en el Fondo en la medida en que se debilita su directora gerenta, la búlgara Kristalina Georgieva, cuestionada tras el escándalo de las estadísticas chinas, y se fortalece la posición de David Lipton, el ortodoxo asesor del Tesoro de Estados Unidos y ex número dos del FMI cuando este le otorgó el préstamo a la Argentina de Macri. “Cuanto más tiempo pasa, es peor porque los que nos bancan pierden peso y ganan los duros”, analizan en el entorno de Cristina Kirchner. Claro que fue ella quien retrasó el acuerdo porque no quería comprometerse a ajustes durante la última campaña electoral. Y en la medida en que pasa la pandemia, el FMI estará menos comprensivo de la necesidad de la Argentina de gastar para revertir la crisis de 2018/2020.

Pero en las huestes de la vicepresidenta no sólo advierte dificultades para pactar con el Fondo. También desconfían de la oposición: “No tienen ningún interés en que se pongan por delante los intereses del pueblo antes que los del capital internacional. Macri dijo que arreglaría en cinco minutos, es decir, hay que hacer lo que dice el FMI. Entonces, quizá al FMI le parezca mejor esperar dos años para negociar más fácil con el próximo presidente. Menos mal que el resultado electoral del domingo dejó suspenso sobre quién ganará en 2023 porque ese suspenso fuerza al Fondo a negociar ahora. Si la oposición ampliaba su diferencia sobre nosotros, no había posibilidad de acordar con el FMI, no había incentivos para el Fondo ni para Juntos por el Cambio para llegar a un acuerdo. Con el resultado ajustado, ya no es posible que lo bloqueen”. Veremos.

AR

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