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Inflación: no es una cuestión de control, sino de coordinación

El Gobierno se ilusiona con una inflación que ronde el 60% cuando en realidad se observa un piso de 90% para este año.

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Nuevamente preocupa la inflación luego de que se conociera el dato de enero. El Ministerio de Economía insiste con la idea de que la política macroeconómica debería conducir a una desaceleración de la tasa de inflación. Las razones principalmente se encuentran en una expansión menor de la cantidad de dinero para financiar al Tesoro, algo que podría ser auspicioso pero no en un contexto donde el público rechaza al peso para tenencia. La caída de la demanda de dinero genera un exceso de liquidez igual al de la emisión por señoreaje, agravado actualmente por la emisión endógena que provocan los pasivos remunerados del BCRA.

Por otro lado, la política fiscal si bien está haciendo su proceso de ajuste, tampoco es una reducción del déficit sustancial que pueda provocar una reducción de precios por merma de la demanda agregada. Nuevamente, la huida del peso genera un efecto de compensación de esa demanda.

Básicamente el país está en un proceso de inflación inercial, el solapamiento de contratos que se actualizan constantemente le dan un impulso propio a la suba de precios y eso genera expectativas hacia delante que provoca que se mantenga ese comportamiento. Es complejo salir de este tipo de inflación porque requieren un cambio de régimen, pero qué asegura que una nueva política económica implique un “cambio de régimen” es una pregunta que deberían empezar a realizarse quienes deseen gobernar este y los próximos años.

El diagnóstico de la oposición muchas veces esgrimido es que el fracaso de la gestión económica residió en el gradualismo, lo que implica que bajo esa premisa que en una nueva gestión alcanzará con una política de shock. Cerrar el bache fiscal y el financiamiento monetario es más una condición necesaria que suficiente en estos contextos e incluso el tiempo en que se realiza esa corrección es una cuestión de segundo orden mientras exista, lógicamente, financiamiento, pero principalmente una visión del lugar a donde converge la economía a mediano plazo. El ejemplo actual grafica bastante esa situación; una corrección fiscal en 2022 y 2023 que no tiene efecto en la nominalidad debido a que no se asume, ni se lo pone en palabras, al ajuste fiscal y monetario, sino que incluso se esconde en el discurso.

De ahí que la perspectiva del rumbo a mediano y largo plazo que trace la próxima gestión será más importante que la velocidad del ajuste en sí mismo. Esto no quiere decir que no haya que hacer el trabajo necesario para cerrar el déficit fiscal, sino que implica no poner el carro delante del caballo. Cerrar el agujero fiscal per se como si fuera un objetivo en sí mismo no dará resultados, no será suficiente.

Posiblemente para guiar el proceso de desinflación posiblemente haya que recurrir a reglas vinculantes tales como un ritmo de depreciación determinado del peso, una dinámica nominal muy pautada del ritmo de variación del gasto público, una política monetaria consistente, entre otras. En resumen, una concatenación de elementos de política monetaria, fiscal y cambiaria coordinadas y consistentes internamente entre ellas. Incluso, la política distributiva en un país como el nuestro se vuelve una tarea conjunta del BCRA y el Ministerio de Economía.

La dificultad de prometer inflación del 60% anual es que genera comportamientos inconsistentes, no hay una pauta creíble y el resultado puede ser peor que el que existiría en un escenario donde la pauta fuera más realista

Por lo pronto, para el 2023 no se puede esperar a tener grandes resultados en el corto plazo. El Gobierno se ilusiona con una inflación que ronde el 60% cuando en realidad se observa un piso de 90% para este año, en caso de que no existan situaciones de estrés financiero, algo de lo que no estamos exentos.

La dificultad de prometer inflación del 60% anual es que genera comportamientos inconsistentes, no hay una pauta creíble y el resultado puede ser peor que el que existiría en un escenario donde la pauta fuera más realista. Esto sucede debido a que cuando no existe una señal clara, el comportamiento es el sálvese quien pueda, y el que puede se protege de la inflación futura aumentando los precios y los salarios corren atrás de esa dinámica aumentando los costos y dándole más inercia al proceso.

En el cortísimo plazo no vemos chances de que la inflación mensual comience con 3%. Febrero posiblemente encuentre un piso más que un techo en el 6%. Para el mes de marzo el aumento de precios regulados nuevamente mantendrá un guarismo elevado para el registro mensual de aumento de precios.

Los esfuerzos por controlar precios o firmar acuerdos de aumentos de precios bajo una pauta no suplen al rol de coordinación que tiene que efectuar la política económica desde el discurso. Es decir, no es una cuestión de control, sino de coordinación. Algo en lo que falló sistemáticamente el actual gobierno.

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