El legado fiscal de la dictadura

La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR