“Llevo cuatro años viviendo en el hospital donde trabajo”, la realidad de uno de los miles de empleados registrados que cayeron en la pobreza

Christian Guiñez tiene 53 años, secundaria completa, nunca terminó los profesorados que empezó. Es empleado administrativo del hospital Durand, en Caballito, dependiente de la ciudad de Buenos Aires. Recibe a los pacientes del servicio de hematología, algunos con anemia, otros con leucemia. “Hay que ponerles el cuerpo”, cuenta. Cuerpo tiene, pero casa, no.

En 2018 perdió a su madre jubilada, con la que vivía en un departamento que alquilaba en el barrio hasta que su sueldo ya no le alcanzó. Al año siguiente lo desalojaron. Se fue a vivir con un amigo pero la convivencia no funcionó: “Me dijo que en su casa no entraban las cosas de toda mi vida, empecé a vender y a tirar todo. Pero, además, hubo desinteligencias: él era taxista de noche y yo iba a la mañana al hospital. Me tuve que conseguir otro lugar, pero entonces vi que los valores ya no estaban como antes”.

Sus compañeros de trabajo le ofrecieron quedarse a dormir en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el mismo Durand, hasta solucionar su situación habitacional. “Ya llevo cuatro años viviendo en el hospital donde trabajo”, se lamenta Christian, en un país donde uno de cada siete empleados en blanco vive en situación de pobreza.

Cuando se mudó al centro sanitario, ni Christian ni nadie se podía imaginar que en marzo de 2020 comenzaría una cuarentena que duraría casi ocho meses. “Cuando salimos, vino una crisis inflacionaria terrible, el mismo departamento que yo había visto a $20.000 subió a $90.000, la canasta básica no subió tan astronómicamente como los alquileres”, comenta el empleado administrativo.

Hace dos semanas vio que había monoambientes cerca por $75.000 a $85.000, pero aparte debería abonar las expensas, cuando él gana $190.000. “Es más de lo que puedo pagar”, calcula. La canasta básica para no ser pobre (que incluye alimentos y gastos de salud, educación, transporte y vestimenta, pero no vivienda) está en $232.000 para una familia de dos adultos y dos niños, según el Instituto de Estadística (Indec). Pero los trabajadores de ATE en el Indec elaboran una canasta de consumos mínimos que contempla el alquiler y se eleva a $ 363.000.

“Yo colaboro acá en todo lo que se pueda porque también hay gastos: colaboro con los asados, el papel higiénico”, cuenta Christian. “Mi idea es dejar de vivir en el hospital pero las circunstancias no colaboran y los gobiernos tampoco. Me siento bien acá, útil en acompañar a la comunidad, contenido porque es importante lo psicológico. Estoy en esta situación por circunstancias de la vida, no sólo por el salario y la inflación. Pero la inflación empeoró, todos los días lo noto en la comida, y mi salario sigue estancado”, sostiene.

Para Christian, “desde que a la ciudad llegaron [Mauricio] Macri y [Horacio Rodríguez] Larreta la política para la salud y la educación es malísima”, porque, según dijo, “sacan recursos y derivan a obra publica y publicidad”. “El gobierno nacional hace un poco más, aunque no lo que debiera. El problema habitacional es un problema de los gobiernos de Macri y Alberto [Fernández], debería haber una ley seria de alquileres para el sector más humilde, gravar la vivienda ociosa. Lo inflacionario es más que nada responsabilidad del gobierno de Alberto y los salarios, del gobierno de la ciudad”, analiza.

Dice que el 13 votará en las primarias por Juan Grabois: “Me habla a mí, a los de abajo”. En las generales se resignará a elegir a Sergio Massa: “Es el mal menor frente al arco de la derecha más recalcitrante y al menos está con [Axel] Kicillof, 'Wado' [Eduardo de Pedro] y Cristina (Fernández de Kirchner)”.

Uno de cada siete trabajadores en blanco es pobre

En el “Informe sobre situación del mercado de trabajo” que elaboró en abril pasado el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las economistas Mariana González y Cecilia Garriga advirtieron sobre el ascenso de la pobreza al 40% a fines de 2022 y que entre los empleados registrados o en blanco el 14,5% era pobre. Es decir, sin contar a cuentapropistas ni a quienes no están registrados.

Ganar menos que la canasta básica para una familia de dos adultos y dos niños no significa necesariamente ser pobre. El conjunto familiar debe ganar menos que ese nivel para serlo. Claro que esa cesta no incluye el alquiler, ni el costo de construirse una casa propia o de pagar alguno de los escasos créditos hipotecarios que existen. La pobreza afecta al 45,6% de los empleados en negro y al 44,1% de los trabajadores independientes no profesionales.

“Trabajadores registrados pobres siempre hubo, pero ahora están en un punto alto”, analiza Garriga en un 2023 con 115% de inflación, el mayor nivel en 32 años. Su colega González señala que se detectan casos como las empleadas de casas particulares, los de comercio (muchos pequeños locales pagan mitad en blanco y mitad en negro, pero también hay trabajadores pobres en grandes cadenas), los municipales u otros que tienen muchos hijos. “En el gobierno de Cristina, menos del 10% de los trabajadores registrados era pobre. Con Macri subió al 15%”, completa González.

“Compramos $30.000 en carne, nada de vaca, yo cocino con pollo”

Claudio es contratado de la municipalidad de San Isidro y cobra $107.000 por 48 horas semanales. Con el presentismo suma casi $5.000 más, un total de $112.000. Poda árboles, corta el césped o, en camión, entrega colchones y mercaderías en comedores o, cuando hay elecciones, como ahora, reparte boletas del intendente y precandidato a gobernador Gustavo Posse, compañero de dupla del larretista Diego Santilli.

Lleva 11 años en el puesto, pero no cobra antigüedad. “Nueve años cobré horas extra, pero me las sacaron cuando armamos el Sindicato de Empleados Municipales de San Isidro (SEMSI)”, cuenta Claudio. “A veces salgo a hacer remise porque mi señora no tiene trabajo y tenemos cuatro hijos, de 18, 16, 10 y 8 años”, cuenta. Por los tres menores cobra la asignación familiar de $40.000, con lo que totaliza $152.000 por mes. Viven en la villa La Cava. Su hijo mayor terminó la secundaria y es repartidor de Rappi.

“No compramos ropa cara. Cuando los chicos me piden una zapatilla o un pantalón, a uno le compro y al otro le digo que este mes no puedo, que espere al que viene”, explica Claudio. “Compramos $30.000 en carne, nada de vaca, yo cocino con pollo, gastamos otros $30.000 en mercadería. Me voy a Pablo Nougues, Gran Bourg, José C. Paz para buscar precio. Gracias a Dios nunca me faltó el plato de comida, pero compramos menos cantidad y menos calidad. Para el vacío de primera calidad no me alcanza. Lo del remise me ayuda a zafar. Me cuesta pagarle a mis hijos un curso o estudio”, relata el empleado municipal de San Isidro.

Votará a Massa y para intendente, al bullrichista Ramón Lanús, rival de Macarena Posse, la hija del actual jefe comunal y nieta de su antecesor. “A Lanús lo escuché y me gustó. Y Massa me gusta por la gestión que está haciendo, vamos a probarlo. Está sacando a flote la economía, la inflación subió, pero la está peleando día a día, como nosotros, los trabajadores. No hay que olvidar que agarraron el gobierno en pandemia”, concluye Claudio.

El secretario general del SEMSI, Horacio Reynoso, advierte que los empleados administrativos y de servicios de su municipio ganan por 35 horas semanales un básico de $103.000 más $10.000 si tienen secundario completo y $5.600 por presentismo si son de planta. “Yo tengo 30 años de antigüedad y gano $227.000”, cuenta Reynoso.

En el sector de salud cobran un básico de $142.000 por 48 horas semanales. “Ellos sí pasan los $232.000 de la canasta básica entre antigüedad, presentismo y extras por enfermero o mucamo”, describe el gremialista. “De los 6.700 empleados municipales acá, el 70% es contratado y no cobra antigüedad. En la mayoría de los municipios la realidad es la misma, no hay distinción por color político, hay mucha informalidad, hay cooperativas, personal en negro. En general los municipios del interior de la provincia pagan menos, pero también algunos del conurbano como José C. Paz. Pensá que, pese a todo, San Isidro es el sexto que mejor paga. El mejor es Bahía Blanca. Ojalá que Massa cumpla su promesa”, dice Reynoso.

Aludía a que en plena campaña el ministro de Economía advirtió: “No puede ser que tengamos empleados municipales que cobren menos que lo que se paga un plan social”. El precandidato presidencial prometió una paritaria nacional, como la que tienen los docentes, como guía para que después las provincias se alineen. Por lo pronto, los municipales, como otros empleados en blanco, pasan penurias.

AR/JJD