Massa negociará con opositores un presupuesto que prevé bajar la inflación de 95% al 60% y elimina beneficios impositivos

Habla Massa y escuchan Alberto Ferńandez y la secretaria de Energía, Flavia Royón, este jueves, en la presentación del nuevo Plan GasAr.

El ex presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, envió este jueves a la noche el proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso. Y planea darse varias vueltas por sus antiguas dependencias para negociar en privado con referentes de la oposición para que en el año electoral el Gobierno no se quede sin ley de gastos, como ocurrió este 2022. Promete hacerlo en secreto para evitar que “no lo vivan como un agravio a su interna”, según altas fuentes del Palacio de Hacienda. Discutirá con ellos bajo la amenaza de que si no hay presupuesto, se vendrá el shut down, como le llaman en Estados Unidos al cierre de la administración pública por falta de acuerdos sobre el gasto en el Capitolio. Incluso advertirá que se pondría en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura.

¿Y ahora qué podrá ayudarnos a bajar la inflación?

¿Y ahora qué podrá ayudarnos a bajar la inflación?

Pero no será fácil la tarea de Massa. Deberá convencer a los opositores, o al menos a las palomas, de un proyecto de presupuesto que reconoce que la inflación finalizará el año en 94,5%, en torno del pronóstico del mercado, pero que bajaría abruptamente en 2023 al 60%, igualmente elevado para un año en que el quizá el ministro aspire a la Casa Rosada, aunque por ahora lo niegue. ¿Cómo reducirá el índice de precios al consumidor (IPC)? Con la reducción del déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022 al 1,9% acordado también con el organismo en 2023, lo que permitiría acotar la emisión monetaria para financiar el rojo. En el abogado tigrense, guiado por su viceministro, el economista Gabriel Rubinstein, prevalece la idea ortodoxa de que la financiación monetaria es la base de la inflación. Eso, sí también se ufana de haber conseguido financiamiento de organismos multilaterales en su reciente gira a EE UU y advierte de que tampoco convalidará cualquier tasa de interés que le pida el mercado para tomar deuda que venza en 2024.

Los números

¿Y cómo descenderá el déficit? El gasto en general subirá 64%. Es decir, si baja la inflación al 60%, las erogaciones aumentarán en términos reales, sobre todo porque casi la mitad de ellas son jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo que se actualizan por la fórmula que depende del salario y la recaudación. Incluso se anticipa que se repitan eventuales bonos de refuerzo para jubilados en caso de que la inflación melle otra vez el poder de compra. Es que si el IPC termina el año que viene en el 84%, como temen bancos y consultoras relevadas por FocusEconomics, entonces el gasto se licuaría. Pero más allá de artilugios, Massa aspira a recortar partidas por dos lados. Por uno, por la segmentación de tarifas de energía, cuyos subsidios bajarían del 2,2% del PBI al 1,6%, con un ahorro del 0,6%; y de transporte, cuyas subvenciones caerían del 0,5% al 0,4% del PBI, una tajada del 0,1%. Se prevé que las tarifas aumenten según su la evolución del costo. Por otra parte, el ministro apuesta a todo o nada a que el gasoducto Néstor Kirchner se termine en la fecha fijada del 20 de junio, de modo tal de que se recorten las importaciones de gas en el invierno. Este jueves, al anunciar la prórroga del Plan GasAr de ayudas a la producción, le reclamó al cristinista Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina SA, que cumpla el plazo, mientras existen la zanahoria de que por cada día que se anticipe el fin de obra las empresas constructoras de Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (Sacde), Carlos Wagner (Esuco) y Carlos Mundin (BTU) cobrarán 100.000 dólares más y el palo de que por cada jornada de atraso serán multadas con una cifra similar. Es que el gas natural licuado (GNL, el que viene por barco) se pagó este invierno en promedio US$ 30 el millón de BTU (unidad de medida), mientras que el local cuesta 3,50. Massa les advirtió este jueves a las petroleras que hacen crecer Vaca Muerta (léase YPF; Tecpetrol, de Techint; PAE, de la británica BP y los Bulgheroni; Pampa, de Mindlin, y la francesa Total) que sigan manteniendo precios bajos.

La iniciativa también prevé una separata para eliminar algunos beneficios impositivos que representan el 2,4% del PBI y que si se podan, acotarían el déficit por debajo incluso del 1,9%. La idea promete polémica. No le caerá nada bien a Nicolás Caputo, dueño de Mirgor y amigo del alma de Mauricio Macri, ni a Rubén Cherñajovsky, propietario de Newsan y de buen vínculo con el embajador Daniel Scioli, porque eliminará la ventaja que permite a la industria electrónica fueguina pagar sólo 7% de impuestos internos. También vaticina debate porque insiste una vez más con eliminar la exención del impuesto a las ganancias a los jueces y otros beneficios que existen para alguno sectores financieros y para los integrantes de directorios de empresas.

Presupuesto “realista”

Massa confía en que esta vez habrá ley porque considera que es un proyecto “realista”, a diferencia del “teórico, sin anclaje en la realidad” del ex ministro Martín Guzmán para 2022, que preveía una inflación del 33%. Finalmente se triplicó. Sin embargo, es de esperar que algunos opositores cuestionen la proyección del 60% en 2023. Pero el ministro lo considera acorde con el momento actual de la economía mundial, con la guerra de Ucrania que amenaza meter en recesión a Europa, con el consiguiente impacto global.

La iniciativa presentada este jueves prevé que el PBI crezca por tercer año consecutivo, por primera vez desde 2006/2008, pero un modesto 2%. El equipo de Massa calcula que en 2022 se expandirá 4%, con caída leve al final de año, a partir de lo que considera la “crisis financiera de junio”, anterior a la renuncia de Guzmán. Eso dejaría un arrastre negativo para el comienzo de 2023. Pero espera que llegue a las elecciones de octubre con un nuevo repunte que compense el deterioro inicial. El dólar oficial costaría en promedio $ 219 y a final de 2023, $ 269, con lo que subirá a mayor ritmo que la inflación pero sin un salto brusco.

No se tocarán impuestos, ni para arriba ni para abajo. Eso incluye las retenciones, cuya renovación se incluirá en el presupuesto como cada año. Los salarios públicos se ajustarán por inflación y con negociaciones particulares de cada sector estatal. En cuanto al sueldo privado, el Gobierno pretende recuperarlo porque considera que viene de cinco ańos de caída “brutal”.

AR

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