Mirador económico

Sólo un mes y medio para bajar el déficit y la inflación

Martín Guzmán, el martes, en una cooperativa en Almirante Brown. Apoyo de los movimientos sociales alineados al Gobierno.

Martín Guzmán sólo cuenta con un mes y medio para bajar el déficit fiscal y cumplir así con una de las tres metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el segundo trimestre. El mismo tiempo del que el ministro de Economía dispone para reducir la inflación a menores niveles que los provocó el shock de la guerra de Ucrania en marzo (6,7%) y abril (6%).

Guzmán, fortalecido en su debilidad, descarta un plan Austral y convoca a empresarios y sindicalistas para desindexar expectativas de inflación

Guzmán, fortalecido en su debilidad, descarta un plan Austral y convoca a empresarios y sindicalistas para desindexar expectativas de inflación

Vía online, el staff del FMI -con el brasileño-israelí Ilan Goldfjan a la cabeza- está finalizando la revisión de las tres metas del primer trimestre (las otras dos son la reducción del financiamiento monetario del Tesoro y la acumulación de reservas). Se trata de un trabajo arduo y detallado, más allá de que se sabe que los objetivos han cumplido entre enero y marzo. Pero es ocasión para controlar cómo marchan las metas del segundo trimestre, cuya concreción siembra dudas tanto dentro del gobierno de Alberto Fernández como entre los operadores del mercado financiero. El objetivo más incierto es el referido al rojo de las cuentas públicas. En el equipo de Guzmán están satisfechos con que se hayan concretado la semana pasada y la actual las audiencias públicas para subir y segmentar las tarifas de gas, luz y agua, sin que los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hayan puesto obstáculos. El encarecimiento de estos servicios públicos, con su impacto en la inflación y en el humor social, tampoco servirá para reducir sino, en el mejor de los casos, mantener el nivel de subsidios, engrosados por el efecto de la invasión rusa a Ucrania en la cotización internacional del gas importado.

En el Palacio de Hacienda esperan que el FMI comprenda que no es lo mismo un desequilibrio coyuntural por el conflicto bélico que uno estructural. De todos modos, admiten que el conflicto bélico puede llevar a que cambie el escenario macroeconómico del acuerdo con el Fondo, en cuanto a una mayor inflación prevista (60%, en lugar de 45%), pero no se modificarán las metas.

Si no se pueden recortar las subvenciones, ¿entonces cómo se llegará a cumplir con el objetivo fiscal? En el albertismo descartan la opción que en su momento eligió Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, de meter el bisturí en cada ministerio. Consideran que se trata de una alternativa que pelearía a Guzmán con todo el Frente de Todos, ya no sólo con el cristinismo. Entonces apuntan a las partidas que más pesan. Por un lado están los subsidios a la energía y al transporte público, que esta semana fueron motivos de discusión porque los colectiveros del interior pararon 24 horas en un país que destina el 85% de las ayudas al boleto al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por otra parte aparecen las transferencias a las provincias y la obra pública. Varios son los gobernadores peronistas que se quejan de que los giros de la Nación les llegan con atraso, pero en el ala de la ortodoxia justicialista del Gobierno desaconsejan profundizar esta tensión con quienes deberían ser aliados de Fernández en la puja con Cristina Kirchner. Los jefes provinciales pueden bloquearle al Ejecutivo más proyectos en el Congreso, como ya hicieron la vicepresidenta y diversos lobbies empresariales con varias iniciativas económicas que enviaron Guzmán y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En el peronismo recomiendan, en cambio, el sutil método de licuar el gasto con la inflación, dado que las partidas se actualizan con rezago respecto de la suba de precios. También queda la opción de acotar la inversión pública, con el consiguiente daño en la infraestructura económica y social.

Pronto, el Gobierno debería emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el presupuesto 2022, según se estableció en el acuerdo con el FMI y también en función de la revisión actual del staff del organismo. Allí quedaría plasmado el reparto de fondos para cada uno de los ministerios y, por tanto, cuáles serían los afectadas por eventuales ajustes. Por ahora, el Ejecutivo se maneja con el presupuesto 2021, pero a partir de la segunda mitad de año, con la inflación mediante, las diversas reparticiones alcanzarían los techos de lo que pueden erogar y se quedarían inactivas.

En el Ministerio de Economía confían en que pueden lograr la meta fiscal gracias al aumento de recaudación impositiva y sin ajustar el total de las erogaciones. Destacan que en el primer cuatrimestre los ingresos tributarios crecieron 4 puntos porcentuales por encima de la inflación. Los de contribuciones patronales y aportes laborales se elevaron 8 puntos por arriba gracias a que el empleo continúa recuperándose y el salario también se incrementa por el adelantamiento de paritarias que impulsaron Guzmán y su par de Trabajo, Claudio Moroni, en diálogo con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y con dos de los tres líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer y Carlos Acuña. Pablo Moyano, ausente. El ministro de Economía quiere esperar a que pase el shock inflacionario de la guerra para volver a sentarse con empresarios y sindicalistas y convencerlos de que moderen las expectativas de alzas de precios y sueldos. Ya se juntó con ellos con el mismo objetivo a principios de 2021, pero poco caso le hicieron. A comienzos de 2022 ni lo intentó porque estaba enfrascado en la negociación con el FMI.

En las últimas semanas, Guzmán se reunió con empresarios, gobernadores y ahora también con movimientos sociales para buscar adhesión al programa económico que firmó con el Fondo. “No queremos atrasar el dólar, el salario ni las tarifas sino que las expectativas se coordinen alrededor del programa. Pero no sólo debemos explicarlo sino cumplir las metas. Cuando no las cumplamos, fuimos. Tendrán que ver para creer. Es así en un país con décadas de incredulidad. Tenemos pruebas trimestrales hechas por un auditor riguroso como el FMI, pero es un camino que ayuda en las expectativas: ir cumpliendo nos sumará credibilidad”, confían en el equipo económico. Allí consideran que no hay margen para salirse del camino y que Fernández, pese a sus dudas constantes, tiene la certeza de que debe cumplir con el Fondo.

En el albertismo no todos están tan seguros. Hay quienes temen por la capacidad “asombrosa” de su líder para postergar decisiones, como la de dónde ajustar. Por eso vaticinan un incumplimiento de la meta fiscal con el Fondo. Son los mismos que consideran que Guzmán es un extraordinario economista, pero debería renunciar, ahora que el cristinismo ha calmado sus reproches hacia él, quizás consciente de que estaba dañándose a sí mismo. No sólo la figura de la vicepresidenta se deteriora junto a la del Presidente sino que además hay dirigentes fieles a Cristina Kirchner que se sienten molestos con las diatribas de Máximo Kirchner o Andrés “Cuervo” Larroque contra un ministro del gobierno que ellos integran. Los albertistas que prefieren un recambio en Economía son los que piensan que se necesita una figura menos desgastada en la interna y en el mercado para revertir las expectativas inflacionarias. Les gusta Emmanuel Álvarez Agis, de la consultora PxQ, pero quizás sufriría las mismas críticas cristinistas y de la ortodoxia financiera que Guzmán. Además ya ha dejado en claro que sólo asumiría un cargo si lo dejaran ubicar a todo un equipo propio, no como el ministro actual, que debe convivir con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, o el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en un gobierno que acostumbra poco a echar funcionarios. Esos albertistas no objetarían a Roberto Lavagna, que tampoco está dispuesto a entrar al Gobierno, pero no les gusta Martín Redrado, la figura central de los economistas que convocó Sergio Massa a un asado la semana pasada. Aquel encuentro en el quincho de la casa de Tigre del presidente de la Cámara de Diputados le sirvió al anfitrión para mostrar a Fernández y a Cristina Kirchner que cuenta con un pelotón de expertos, entre ellos los socios de la consultora Equilibra, Diego Bossio y Martín Rapetti, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Peirano, y el subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Lisandro Cleri. En el albertismo desconfían no sólo del perfil ideológico del ex presidente del Banco Central sino del modo de gestionar cajas del propio Massa y ponen como ejemplo el reparto de subsidios del Ministerio de Transporte, que encabeza Alexis Guerrera. Pero más allá de los nombres, ¿quién quiere ponerse al frente de Economía en la actualidad? Quizás sólo Guzmán, que pone más energía en cumplir con el FMI que en bajar la inflación, según sus críticos. Fernández no puede cederlo porque perdería aún más autoridad, agregan.

Alimentos

Desde que comenzó el Gobierno, el 10 de diciembre de 2019, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita, viene advirtiendo que el precio de la comida debe ser el centro de la gestión. Lo hacía en aquel entonces en discusiones con Santiago Cafiero, que era jefe de Gabinete y hoy es canciller. Los alimentos ya venían subiendo con Macri y ahora se elevan más que la inflación. En el albertismo señalan que no deben sacarle el ojo a la carne, la leche y el trigo. El ministro de Agricultura, Jorge Domínguez, que se jacta de tener línea directa con Fernández, Cristina Kirchner, Massa y el papa Francisco, descarta que los cortes bovinos y los lácteos se encarezcan más que los precios en general, pero apunta a la “impericia” de Feletti por la demora de dos meses en instrumentar el fideicomiso del trigo. Reconoce abusos de la cadena productiva del cereal y sus subproductos para remarcar más que lo que subió la cotización internacional de este grano a partir de la guerra. Enojado con el secretario de Comercio Interior por sus constantes reclamos de subas de retenciones, el ministro de Agricultura está dispuesto a dimitir si algún día le hacen caso al contador cristinista. El peronista de Chacabuco y su equipo técnico, entre quienes destacan Matías Lestani, Obdulio San Martín y Rodolfo Acerbi, convencieron a Guzmán de que un alza de los derechos de exportación no serviría para disociar los precios locales de los internacionales ni tampoco para incrementar la recaudación tributaria. Sucede que Agricultura ya abrió el registro de exportaciones 2023 para 10 millones de toneladas de trigo de la próxima cosecha de diciembre, la operaciones fueron anotadas y pagarán, por tanto, el nivel de retenciones actual, por más que las suban de ahora en adelante. Cualquier aumento que se decida no recolectaría más gravámenes sino que los productores de trigo almacenarían el cereal, desabastecerían el mercado interno y acotarían el ingreso de divisas por exportación, según le explicaron los técnicos de Domínguez al ministro de Economía. Agregaron que nunca la ley de abastecimiento se ha podido aplicar para asegurar el suministro de granos, dadas las dificultades operativas y políticas para ir a registrar campo por campo. En cambio, confían en que la suba de tasas de interés vaya aplacando la inflación, por lo menos hasta fin de año, cuando suele rebrotar. Añaden que el encarecimiento del crédito también alienta al campo a liquidar exportaciones para cubrir sus gastos, en lugar de solventarlos con préstamos. Esa liquidación favorece a su vez el cumplimiento de dos metas del acuerdo con el FMI: la de reducción del déficit fiscal, por mayor recaudación, y la de acumulación de reservas, que viene floja porque a fuerza de inflación en mayo está comenzando a atrasarse el tipo de cambio oficial.

La pelea entre Domínguez y Feletti ha llevado a que los técnicos de Agricultura no aporten ideas a la instrumentación del fideicomiso que debería hacer bajar los precios del pan, las pastas, las pizzas, las tartas y las tapas de empanadas. Los molinos harineros se muestran reacios a participar sin esa intervención. Desde marzo pasado se subieron las retenciones a los derivados de la soja (aceite, harina y biodiesel), se acumularon impuestos por US$ 400 millones, pero aún esperan ser usados para subvencionar los subproductos del trigo, cada vez más alejados del paladar de los pobres. En los otros dos fideicomisos vigentes, que se crearon para abaratar el aceite, la harina y los fideos, había terciado el ministro de Agricultura. Al menos Guzmán sí se sentó esta semana a conversar con el secretario de Comercio Interior para avanzar en el mecanismo del trigo. El ministro le reprocha falta de ejecución, al tiempo que Feletti le recuerda que él no puede frenar la escalada de precios sino que es responsabilidad de la política económica. Débil, el Presidente tampoco pone orden en la interna que obstaculiza la acción.

En el peronismo aseguran que la pelea intestina se adelantó para llegar a marzo próximo todos unidos para enfrentar a Juntos por el Cambio. Claro que tanta riña afecta a las expectativas económicas y, por ende, a las electorales. Al menos, la actividad y el trabajo siguen expandiéndose, a pesar de la inflación y la trifulca política. Este jueves el Indec le dará buenas noticias al Gobierno: informará el crecimiento de la economía en el primer trimestre, se prevé que llegue al 7%. Son las novedades que el Frente de Todos debe reforzar para evitar que continúe creciendo el cada vez más reiterado e influyente sermón neoliberal contra el Estado, su gasto, sus empleados y sus empresas, similar prédica a la que en los finales de los 80 antecedió la receta de ajuste y privatizaciones que impulsó Carlos Menem, figura ahora reivindicada desde Macri hasta Javier Milei.

AR

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