“No es el mismo escenario de 2020”: la explicación oficial de por qué no volverá el IFE

“No es el mismo escenario que en 2020. Al comienzo de la pandemia el 80% de la circulación se había parado, hoy se puede salir a trabajar ”, dicen en el Gobierno como explicación de por qué en un escenario de segunda ola de contagios y nuevas restricciones dispuestas para contenerla no desplegarán las herramientas que aliviaron a millones de argentinos un año atrás: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para informales y monotributistas de bajos ingresos, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para ayudar a empresas a pagar salarios.

En el gabinete económico consideran que hubo un “aprendizaje” a lo largo del año de pandemia y que las respuestas pueden ser mejor direccionadas, lo que ayudaría también a no desplegar el presupuesto más allá de lo prioritario. De hecho, proponen como instrumento principal el Repro II, que les exige a las empresas que lo solicitan una serie de datos para evaluar su situación, más allá de su nivel de facturación.

De acuerdo al análisis que hacen al en la Casa Rosada, el IFE englobó a un universo muy heterogéneo: mujeres y varones inactivos desde antes de la pandemia (no los llamados “desalentados” que dejan de buscar empleo porque no lo encuentran), “chicos jóvenes que deberían estar estudiando”, informales, personas que entran y salen del mercado de trabajo. Además, inicialmente se pensaba que alcanzaría a 3 millones de personas y terminó cubriendo a 9 millones, lo que le demandó al Estado un desembolso de $45.000 millones mensuales. 

“Con esas políticas tan inmensas no vemos en qué y en quién gastamos, y también tenemos que pensar en el equilibrio de la macro. Estamos comprometidos con las metas de nuestro presupuesto”, señalan. 

Si bien no descartan de plano ningún escenario, en el Gobierno consideran que los focos de contagio no son los espacios de trabajo sino que la propagación del virus se da sobre todo en los ámbitos sociales, donde las personas relajan los cuidados. Con ese diagnóstico, estiman que aún con un recrudecimiento de la pandemia no será necesario suspender la actividad económica al nivel de los primeros meses del 2020. 

Si bien en el Presupuesto 2021, que comenzó a elaborarse en abril del año pasado, no hay una partida asignada a un “paquete de Covid-19”, cerca del Presidente sostienen que eso “no quiere decir que no se puedan reasignar recursos en caso de ser necesario”, tal como se hizo el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, que comenzó con un presupuesto de $84.000 millones y terminó con uno de $240.000.

El equipo económico considera que el Repro II es una herramienta suficientemente “flexible” para responder a las nuevas necesidades de asistencia, y que se utiliza del mismo modo que se utilizaba antes el ATP. Actualmente implica un monto de $9.000 por empleado en sectores no críticos, de $12.000 en sectores críticos y de $18.000 para los trabajadores de la salud. Además, las industrias culturales y el turismo reciben un suplemento de $4.000 sobre los $12.000. 

Todavía está en plena discusión qué modificaciones se le harán a partir de las nuevas restricciones, pero adelantan que cubrirá a todos los sectores afectados y que incluso se podrían mejorar los montos de la ayuda. 

De acuerdo a los registros oficiales, en enero se asistió mediante el Repro II a 10.200 empresas que sumaron 350.000 trabajadores, lo que significó un desembolso de $4.500 millones. Al compás de la disminución de la curva de contagios, en febrero se asistió a 9.900 empresas y 300.000 trabajadores por un monto de $4.000 millones y en marzo se redujo a 7.600 empresas, 280.000 trabajadores y $3.800 millones. Con la segunda ola, esta tendencia a la baja se revertirá.

Para las personas que estaban cubiertas por el IFE, que no serán alcanzadas por el Repro, el Gobierno propone reforzar otras herramientas existentes: aumentar el presupuesto para comedores (que pasó de $5 millones en 2019 a $15 millones en 2020), el programa Potenciar Trabajo (que exige una contraprestación y creció 52% el año pasado) y fortalecer la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las becas Progresar. 

El recrudecimiento de la situación económica a partir de la segunda ola se cuela en todas las discusiones del Gobierno, algunas muy sensibles como la de la conveniencia o no de aumentar las tarifas de los servicios públicos. La intención del presidente Alberto Fernández es que se realice una segmentación para quitarle subsidios sólo a los que no lo necesitan, lo que no es algo sencillo desde el punto de vista operativo. Entre otras complejidades técnicas, se necesita realizar un reempadronamiento que permita ver quién es el usuario del servicio y no sólo quién es su titular para que, en caso de que no sea la misma persona, no se apliquen cambios que no corresponderían.

“Claramente hay gente que no necesita el subsidio, pero en este contexto no podemos cometer un error de cálculo y darle un sablazo a quien realmente lo necesita”, señalan.  Frente a este escenario, la idea del Gobierno es hacer una primera segmentación gruesa en los próximos meses y pulirla luego. Para el trabajo fino se buscará avanzar con el debate de la ley de emergencia tarifaria que el Presidente anunció en la Asamblea Legislativa. Según anticiparon en su entorno, se enviará al Congreso a la brevedad. “Alberto está apurado”, dicen. 

DT