Sin presencia de funcionarios clave, se discute la suba de la tarifa de electricidad

Lubertino pidió que la audiencia no sea solo un "trámite formal"

Con un arranque accidentado por problemas técnicos que obligaron a un cuarto intermedio, se realizó la segunda jornada de audiencias públicas para definir el aumento de tarifas de electricidad y gas. Al igual que ayer, la audiencia virtual se desarrolló en ausencia de los principales funcionarios del área. 

La segunda jornada, que giró en torno de los precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), estuvo presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras. Ayer ese rol lo ocupó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto. 

En una breve exposición inicial, Usandivaras explicó que actualmente el Estado subsidia el 81,85% del costo total de la demanda residencial de electricidad. Ayer Videla Oporto precisó que, en el caso del gas, ese dato es de 75,6%.

Por otra parte, se ratificó el esquema de segmentación ya planteado públicamente por el Gobierno, que dispone de la eliminación de los subsidios para el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo, una suba de hasta 21,27% anual para quienes tienen tarifa social y de hasta 42,7% para el resto de los usuarios. 

De acuerdo con el modelo teórico presentado, un usuario promedio sin tarifa social que pagaba $1.315 en enero pasó a desembolsar $1.610 en marzo, luego de que se aplicara el primer tramo de ajuste, a cuenta del porcentaje definido para todo el año. “Después de considerar los planteos que surjan de esta audiencia, pasará a costar $1.876”, se informó, dejando en evidencia el carácter no vinculante de la instancia de debate.  

La exdiputada María José Lubertino fue la primera en exponer de la lista de 49 oradores, que disponen de 8 minutos cada uno. En representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán y del secretario de Energía, Darío Martínez, y consultó si al menos estaban “escuchando” las exposiciones. 

“Muchos tenemos expectativa de que este Gobierno marque una diferencia con el anterior, y que las cuestiones que se planteen en esta audiencia se tengan en cuenta; que sea una instancia de participación ciudadana y no un trámite formal”, apuntó. Por otro lado, recuperó extractos de una solicitada que fue publicada este miércoles por distintas organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que “el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas”. 

Jimena Latorre, diputada de Juntos por el Cambio, dijo en su intervención que, “después de un enorme esfuerzo” de la gestión de Mauricio Macri, en 2019 un usuario pagaba casi 80% del costo eléctrico y más de 90% del costo del gas. “Este problema estaba prácticamente resuelto”, señaló, y cuestionó que por “torpeza” del Gobierno actual se hubiera revertido la situación de los subsidios. Latorre señaló, además, que el informe presentado por el Ejecutivo “no dice nada del gasto fiscal” del esquema propuesto y que “seguramente” no se le podrá hacer frente con los recursos del Estado. 

Federico Méndez habló en representación de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país. Dijo que la actualización propuesta es solo para el costo estacional de la energía, que representa el 58% del costo final de las boletas. El resto es el valor agregado de distribución (donde interviene Edenor), el transporte y los impuestos. “Es un tratamiento desigual e injusto para el resto de los segmentos de la cadena y puede tener consecuencias en la provisión del servicio y llevar a la judicialización de la situación”, sostuvo. Según precisó, la distribución eléctrica recibió un aumento solo del 30% entre enero de 2019 y marzo de 2022.  

“Resulta llamativo el caso de YPF, una empresa del Estado que ajustó sus precios 223%” en el mismo período, cuestionó Méndez. “Es decir que el Estado decidió cuidar sus propios precios a pesar del impacto que el aumento de la nafta tiene sobre el resto de los precios de la economía, es decir, sobre la inflación”.

Para el ejecutivo, “los ingresos disponibles en los hogares son limitados” y “que otros servicios aumenten el 100% o 200% y la distribución eléctrica solo 30% es injusto, arbitrario e inconstitucional”. “Lo más grave es que pone en riesgo la calidad del servicio y posibles apagones”, apuntó.

Mañana se realizará la última jornada de audiencia pública, que estará centrada en el esquema de segmentación. 

DT

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