Con un techo de 15% de aumento, el Gobierno apura las audiencias para definir las tarifas eléctricas de 2021

El tope del aumento es de 15% pero el número final, que podría estar debajo del 10%, no está definido y formará parte de una paritaria política y económica en la cima del Gobierno que pivoteará sobre el mix que forman el año electoral, en clave consumo y repunte económico, junto a la negociación con el Fondo Monetario y el pulseo siempre en carne viva sobre la cuestión fiscal.

Con audiencias públicas programadas para el 29 y 30 de marzo, el plan del gobierno de Alberto Fernández es que en abril comience a regir un nuevo cuadro tarifario para el energía eléctrica que fije un incremento universal que luego se ajustará hacia arriba, según el consumo y el sector social, con la quita de los subsidios en distintos segmentos.

El esquema, que elDiarioAR reconstruyó de fuentes oficiales, choca con los requerimientos de las empresas, que solicitan aumentos muy superiores al 15%. “El Estado quiere llegar a un acuerdo compartido con las empresas pero estamos lejos porque ellos no quieren renunciar a los beneficios que les otorgó Macri”, apuntaron desde el gobierno.

Este fin de semana, el ENRE abrió el registro para participar de las audiencias, que el 29 serán para el transporte de energía mientras el 30 serán para distribución, un segmento que se concentra en Edenor y Edesur, las prestadoras de CABA y el Gran Buenos Aires, una de las cuales está en pleno proceso de cambio de manos.

En ese póker intervienen Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y Cristina Fernández que en su discurso de diciembre pasado en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata puso el foco en la cuestión salarios y tarifas

Dato al pie: la operación de venta de Edenor por parte de Marcelo Midlin al grupo que comparten Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, que elDiarioAR contó en diciembre, todavía no fue autorizada por el ente regular. Su expediente sigue en proceso.

En la previa de las audiencias públicas por el gas, se aceleró el trámite para la “adecuación de tarifas” eléctricas sobre un tablero de equilibrios difíciles: amortiguar el impacto sobre los hogares, no resentir la recuperación económica pero, a la vez, no aumentar de manera inmanejable la presión sobre las cuentas fiscales respecto a la madeja de subsidios que en 2020 superaron los 6.000 millones de dólares.

En ese póker intervienen Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y Cristina Fernández de Kirchner, que en su discurso de diciembre pasado, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, puso el foco en la cuestión salarios y tarifas, y desplegó su influencia en el sector, a partir de la presencia de funcionarios de su entorno en las áreas sensibles como la secretaría de Energía, a cargo del neuquino Darío Martínez, y los entes reguladores.

En 2020, se subsidió alrededor del 50% del consumo eléctrico. El proceso de retiro de esos aportes será “paulatino” a lo largo del 2021 y se aplicará en tándem con las distribuidoras, para disponer de la información más precisa para la segmentación.

En el proceso, el Gobierno “clausura” los “parámetros de la actividad que fijó el gobierno de Mauricio Macri” que fue, según apuntan las fuentes oficiales a elDiarioAR “nociva para los hogares, la economía y el sector energético”. En paralelo a las audiencias, se publicó la Auditoría sobre la sobre Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Edenor y Edesur durante la gestión Cambiemos, estudio que realizó el ENRE, comenzó con la intervención de Federico Basualdo y concluyó con María Soledad Manín.

Ese informe, hasta ahora confidencial, fue el insumo técnico y político para que Alberto Fernández delegara, mediante un decreto de diciembre pasado, en el ENRE la renegociación del cuadro tarifario con las empresas de electricidad y en el ENARGAS la referida a la del gas.

Tarifas opacas

La auditoria del ENRE sobre la gestión Cambiemos en materia de tarifas eléctricas indica en uno de los tramos que “el incremento tarifario no resultó adecuado para la obtención de los fines buscados por el marco regulatorio” porque “impactó negativamente en los ingresos de los hogares y de los sectores productivos”, “no redundó en una mejora considerable en la calidad del servicio” y “no mejoró sustancialmente la situación financiera de las concesionarias”, al punto que “el gobierno terminó realizando un acuerdo posterior para intentar revertir esa situación”.

En esa línea, la auditoría indica que “con el pretexto de gradualidad del ajuste económico se generaron diversos cuadros tarifarios opacos, que no permiten conocer sus costos reales, al tiempo que se aplicó una constante refinanciación de una aparente deuda por la aplicación de la RTI, que volvió imprevisible la aplicación de los mismos, con la consiguiente afectación del derecho de los usuarios a una información adecuada y veraz”.

La “evaluación técnica” de aplicación de la RTI detectó ocho puntos críticos que van desde el “Desempeño irregular del ENRE” a estimaciones erróneas en materia de crecimiento de la economía y demanda energética, entre otros puntos.

A su vez, según se desprende de ese estudio, el ENRE de la gestión Cambiemos “flexibilizó los parámetros de Calidad de Servicio de las concesionarias”. “A pesar de los ingresos garantizados por la RTI, las distribuidoras no mejoraron sustancialmente la calidad del servicio. En efecto, la mejoría registrada en algunos indicadores resulta, en buena medida, de las obras realizadas a través del FOCEDE, el Plan Más Cerca y otros Programas de Inversión durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”, indica el texto.

“La flexibilización de los parámetros para evaluar la calidad de servicio técnico permitió que las distribuidoras obtengan un mejor resultado del que hubiera resultado de aplicar la metodología anterior a la RTI. Esta modificación de criterios permitió minimizar sanciones y presentar como 'exitosa' a la política tarifaria, cuando en realidad lejos estuvo de serlo”, apunta la auditoría sobre la gestión que llevó adelante, en gran medida, Juan José Aranguren.

“Lejos de intensificar las inversiones para igualar la calidad del servicio entre los usuarios de la misma área de concesión, se legitimaron las asimetrías y desigualdades existentes en el servicio”, agrega sobre la calidad del servicio de las prestadoras.

PI