Opinión - Panorama económico

Vuelve la interna por las tarifas en una campaña con escándalo y sin dólares

Alejandro Rebossio Panorama económico rojo

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No sólo sobre el festejo de cumpleaños de la pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, se discute fuerte puertas adentro en el Frente de Todos (FdT). Tres días después de que voten en las primarias, termómetro del humor social, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cumplirá con el ritual de todos los 15 de septiembre, fecha en que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de Presupuesto del futuro año en el Congreso. Ese día se conocerán las perspectivas para 2022, aunque también para el cierre de 2021. Por ejemplo, a cuánto prevé Guzmán la inflación para el año actual, seguramente por encima del 40%, después de fallar en su meta del 29%. También se sabrá cuánto dicen que aumentarán las tarifas de la energía. 

En septiembre de 2020, el ministro había prometido al presentar el Presupuesto que el gas y la electricidad se incrementarían como la inflación. Pero ya se sabe que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se opuso y se ajustó menos del 10%. Sus hombres en la energía, "los Federicos", el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, impusieron su posición. En nada quedó la orden de Guzmán de despedir a Basualdo en abril pasado por sus demoras en implementar la segmentación de tarifas según los ingresos de los clientes.

Sin la virulencia de aquella vez, detrás de bambalinas y en plena campaña, ha regresado el debate por las tarifas dentro del FdT. Ya no por el 2021 electoral sino por el 2022 en el que la Argentina deberá arribar sí o sí a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si no quiere "defaultear". Guzmán viene trabajando en una propuesta sobre segmentación con los secretarios de Política Económica, Fernando Morra, y de Energía, Darío Martínez, que cuenta con el apoyo técnico de su subsecretario de Coordinación Institucional, Santiago Yanotti, y del asesor presidencial en asuntos energéticos, Ariel Kogan. Si la tarifas no se segmentan, igual deberán elevarse pero “progresivamente, sin tarifazos como los de (Mauricio) Macri”, sugieren en Economía. ¿Qué opinarán "los Federicos"? Será materia de discusión mientras continúa el escándalo que golpea directo a un presidente que ordenaba cuarentena estricta, mientras festejaba el cumpleaños de su pareja en la Quinta de Olivos. Este caso, similar al de otros líderes en el Primer Mundo, y el del vacunatorio VIP, repetido en otros países latinoamericanos, nos recuerdan que al final la pandemia no nos iba a mejorar como especie.

El Presupuesto de 2022 hablará de recuperación económica y de un camino gradual hacia el equilibrio fiscal, que comenzó ya este año. Es de esperar que la oposición lo tache como de ajuste, pero el Gobierno corre con la ventaja de que lo anunciará 72 horas después de las primarias y dos meses antes de las elecciones generales del 14 de noviembre. Para cuando se llegue a las urnas a votar a los candidatos definitivos las proyecciones de Guzmán quedarán en el olvido. 

El equipo económico también analiza si deberá incluir en 2022 una partida de auxilios a empresas y personas en caso de rebrote del Covid-19. En 2021 no la preveía, pero debió incorporarla de emergencia. Claro que los bancos internacionales están evaluando que en los países desarrollados -y vacunados- donde ha comenzado una ola de la variante Delta la actividad económica resiste. 

Precisamente, el Gobierno apuesta a la reactivación de la actividad para ganar las elecciones. Mientras en la intimidad Guzmán discute por las tarifas y conversa con técnicos del FMI o el asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, en público habla de reforzar, aunque sea un poco, el consumo con planes de financiación y adelantamiento de la revisión de la paritarias, al tiempo que se normalizan más actividades antes frenadas por el coronavirus. Este lunes la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani, reabrirá la discusión por los sueldos de los empleados estatales: el Gobierno ofrecerá a los sindicatos que el 35% de aumento gradual previsto hasta febrero próximo se adelante a 2021 y que se agreguen más puntos para 2022, de modo tal que le ganen a la inflación. La semana pasada, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, reabrió las paritarias de los maestros y de los profesores universitarios, pero sus propuestas fueron rechazadas. El sueldo inicial de un docente de primaria es $ 34.000, apenas por encima de la canasta básica de una familia para evitar la indigencia, que supera los $ 28.000. Los profesores de las altas casas de estudios quieren que el alza del 35% se anticipe de febrero a octubre y que se termine el año con diez puntos porcentuales más, de modo de llegar al 45%. 

Trotta también visitó esta semana la CGT y les contó a sus líderes que ingresarán por el Senado cuatro proyectos de ley de su área sobre justicia educativa, formación docente, tecnología y educación superior. Claro que la cúpula de la central obrera peronista está más entretenida con otra elección, la de su nuevo secretario general. Para ese cargo hay cinco candidatos, tres de la actuación comisión directiva y dos que se alejaron en los últimos años, incluido el camionero Pablo Moyano, hermano de Facundo, que renunció a su banca después de que el Frente de Todos excluyera de sus listas a postulantes que sugería el padre del clan, Hugo. ¿El otro candidato por fuera sería el gremialista bancario y candidato a diputado del FdT, Sergio Palazzo? “Olvidate, la CGT es peronista, no va a venir a dirigirla un radical”, contestan los de adentro, mientras las bases sindicales cuestionan a la dirigencia por el cuarto año consecutivo de pérdida salarial. Del lado de la patronal, la Unión Industrial Argentina (UIA) plantea qué sucederá con la minoría de trabajadores que no se quieren vacunar.

Después de un primer semestre de austeridad fiscal, Guzmán no sólo busca mejorar los ingresos para alentar el consumo y bajar la pobreza sino que también apoya a sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, en diversos planes para facilitar que las empresas tomen empleados en blanco, en especial jóvenes, que sufren el doble de desempleo (20%) que la población en general (10%) y que a veces carecen de los requisitos para ser contratados por empresas como Toyota. Por eso, los planes Te Sumo, Argentina Programa (de capacitación en informática) o Práctica (de empleo en cultura). Tanto Guzmán como Kulfas y Moroni están en la mira del cristinismo y tienen en sus manos las dos principales preocupaciones que manifiestan los votantes en los focus groups' que contratan desde el gobierno nacional hasta el porteño: el trabajo y los precios, que inquietan más que la vacunación, asunto que desvela, pero a los de mayor edad. No será fácil que el kirchnerismo y sus aliados ganen las elecciones medio término en la provincia de Buenos Aires: la última vez que se impusieron en esa instancia fue en 2005, las perdieron en 2009, 2013 y 2017. 

El índice de precios al consumidor (IPC) del 3% en julio que se informó este jueves demostró lo difícil que es bajarlo. En el gabinete económico advierten que las altas cotizaciones de las materias primas y la recomposición de márgenes tras las cuarentenas aún impactan en la Argentina, pero también en países de baja inflación que baten sus propios récords en décadas, como Brasil, México, Estados Unidos o Alemania. También señalan que el IPC no es elevado por un exceso de emisión monetario o una devaluación del peso, como pronosticaban analistas de la City a principios de año. Visto lo ocurrido, consideran que la inflación sólo descenderá a niveles moderados cuando pase la pandemia y en la medida en que se mantengan firmes en su convicción de que la solución será gradual y no se alcanza bajando el déficit fiscal y la emisión monetaria a cero de un día para el otro, como intentó sin éxito el programa del FMI y Cambiemos.

En el combate contra la inflación preocupa el dólar. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, considera que el tipo de cambio oficial continúa competitivo, dadas las cotizaciones de las materias primas y la apreciación del real brasileño. Por ahora puede seguir actuando como ancla antiinflacionaria e incluso después de las elecciones del 14 de noviembre debería retomar el ritmo alcista pero no a la par de la inflación, como ocurría en 2020. A fines de julio se habían empezado a calmar las cotizaciones paralelas del dólar, pero a fuerza de intervenciones del Central que resultan costosas en términos de reservas. Además, los inversores optan por dejar de financiar al Tesoro y eligen dolarizarse en el contado con liquidación (CCL). Por eso, Pesce reaccionó este jueves en tándem con los jefes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, con nuevos controles al CCL. En concreto, los compradores de dólares girados al exterior deberán contar con una cuenta propia en el extranjero donde recibirlos y ya no podrán operar con una caja de su agencia de liquidación y compensación (ALYC).

El torniquete provocó el viernes una resurrección del blue, de $ 178 a 181. En el Gobierno prevén que el ruido en el mercado dure "tres días" hasta que se estabilice y esperan que las medidas sirvan para disminuir la intervención del Central y para alentar a que las ALYC dejen de operar como casas de cambio y ayuden a canalizar fondos hacia el financiamiento del Estado y las empresas. Hay que ver si sus clientes así lo desean. Por lo pronto, las autoridades sostienen que los compradores del CCL que operaban con cuentas externas de las ALYC estaban eludiendo el impuesto a los bienes personales porque declaraban que tenía un crédito en el extranjero, en lugar de una tenencia allí. Así también evadían el gravamen a los créditos y débitos, que debe pagarse por cada transferencia bancaria de este tipo. Por último, en el Gobierno advierten que hasta ahora se desconocía a quiénes pertenecían los fondos que se operaban en el CCL, lo que constituiría un incumplimiento de la normativa internacional contra el lavado de dinero.

“Esto refuerza la idea de que el Gobierno hará lo que sea para evitar que se le escape el tipo de cambio”, comentan en un banco europeo. “Al principio, impactará en los precios, pero cerrará más canillas ante un segundo semestre donde habrá menos dólares, pasada la cosecha; peor resultado fiscal, por las elecciones; más necesidades de financiamiento, lo que obligará al Tesoro a ofrecer bonos de más corto plazo o dólar-linked y al Central, a emitir más, lo que pone un piso alto de inflación para los próximos meses. Pueden pisar el dólar y las tarifas, no tocar la tasa de interés, pero es difícil bajar la inflación del 2,5% mensual porque hay factores macroeconómicos que pesan. ¿Se puede evitar después de las elecciones un ajuste macro? Creemos que sí, puede que suba el dólar, pero no de una vez”, analizan en el banco europeo, donde opinan que el acuerdo poselectoral con el FMI depende de una cuestión geopolítica, como lo demostró la reciente visita del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la Argentina y su opinión a favor de ese pacto. 

AR

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