Bolivia investiga si Chile y Brasil ayudaron en el golpe contra Evo Morales
El Gobierno de Bolivia reveló este sábado que investiga si Chile y Brasil tuvieron alguna participación en las protestas del 2019 que sirvieron de antesala para el golpe de Estado contra Evo Morales.
“Se está observando, se va a investigar cuáles son las relaciones que hayan podido existir en ese momento en ayudas y coadyuvaciones (contribuciones) desde Chile y desde Brasil”, explicó el vocero gubernamental Jorge Richter, en referencia a los Gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro, respectivamente.
El Gobierno boliviano acusó previamente a Ecuador y Argentina de enviar armamento y material antidisturbios en noviembre de ese año. Richter habló por una radio de los sindicatos de cocaleros sobre las denuncias realizadas hace una semana por el canciller Rogelio Mayta contra el expresidente argentino Mauricio Macri.
Macri fue acusado de haber ayudado con armas y municiones al Gobierno de facto de Jeanine Áñez, que por entonces reprimía las protestas de los partidarios del expresidente Morales, obligado a renunciar. El expresidente argentino negó tajantemente las acusaciones.
El presidente Luis Arce afirmó en los últimos días que en octubre y noviembre de 2019 se gestó un “golpe de Estado” contra Morales y que esa iniciativa fue apoyada por varios Gobiernos y ONGs estadounidenses.
Según Richter, el Gobierno de Arce espera que la Fiscalía argentina pueda ayudar a esclarecer el rol de Macri, quien rechazó las acusaciones.
En junio, el Gobierno boliviano también responsabilizó al entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno de haber despachado a Bolivia “munición de guerra” y equipos antimotines.
Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en las protestas de fines de 2019 se registraron al menos 35 muertos, la mayoría en las masacres de Sacaba y Senkata.
Richter afirmó además que “30 integrantes del grupo Alacrán de la Gendarmería” están en condiciones de declarar ante la Justicia argentina sobre la presunta “colaboración” que el gobierno de Macri le habría brindado al golpe de Estado en Bolivia.
Según consigna el diario Página 7 de Bolivia, el portavoz del gobierno del presidente Arce se refirió de esta forma a las investigaciones judiciales iniciadas contra los funcionarios de Cambiemos por contrabando agravado, en base a una denuncia presentada por el Ejecutivo argentino, luego de que se conociera el envío de materiales represivos por parte de la gestión de Macri a la nación andina, en noviembre de 2019.
“No son temas simples, sus declaraciones en Argentina sacarán muchas cosas más a relucir. Son 30 gendarmes del grupo Alacrán que deben declarar sobre la colaboración que prestaron al Golpe de Estado en Bolivia y el apoyo que le dieron al régimen de facto de Jeannine Añez”, afirmó durante una entrevista radial que reprodujo este medio en su edición online.
Para el vocero hay en el caso del envío de armas “muchos elementos, absolutamente importantes, que nos van a permitir llegar a conclusiones políticas válidas respecto a lo que ocurrió en aquellos días y la coincidencia con el quiebre constitucional y la fortaleza que obtuvo en ese momento la señora Áñez para instalar un gobierno de facto en el país”.
La investigación la impulsó el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien entendió que “una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.
El fiscal entregó el viernes su dictamen al juez Javier López Biscayart a quien le requirió, además, que habilite la feria judicial para avanzar con esta investigación para la que pidió medidas a desarrollar tanto en este país como en Bolivia donde, según informes periodísticos locales, fueron encontradas más de 25.000 municiones antidisturbios de origen argentino.
La acusación alcanza además a otros seis exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos entre los que sobresalen, por sus eventuales responsabilidades en la maniobra investigada y los cargos que ocuparon en el Poder Ejecutivo, el exministro de Defensa Oscar Aguad y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“La persona que habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, escribió el fiscal, mientras que a Aguad le endilgó la supuesta “provisión del avión que transportó el equipo humano y material”.
El representante del ministerio Público Fiscal también imputó a los funcionarios de Gendarmería que habrían participado de la preparación del envió de armas a Bolivia: ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde.
Con información de la agencia Télam
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