Duque defendió la militarización de ciudades y volvió a acusar a “grupos organizados”

El presidente de Colombia, Iván Duque, insistió este sábado en defender la decisión de enviar más militares a las ciudades que registran mayores índices de violencia desde el inicio de las protestas callejeras, a fines de abril, y reiteró que existen “grupos armados, organizados, de las disidencias” que no se plegaron al acuerdo de paz con las exFARC detrás de algunos disturbios.

Duque visitó la tarde de este sábado la ciudad de Popayán, en el departamento Cauca, donde encabezó una reunión del Consejo de Seguridad y dio después una breve alocución con algunos anuncios, junto al gobernador, Elías Larraondo, y al alcalde Juan Carlos López Castrillón.

“Popayán vio acciones graves, de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad, de agresiones a la infraestructura pública”, lamentó Duque, para quien “detrás de muchos de estos hechos están grupos armados, organizados, como La Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, grupos de las disidencias” de las exFARC, que no entregaron las armas cuando se firmó la paz en 2016.

La Dagoberto Ramos y La Jaime Martínez son los nombres con los que se conocen a columnas de las exFARC que se mantienen en la ilegalidad después de la firma de los acuerdos de paz que transformaron a la guerrilla en un partido político.

El mandatario denunció en un mensaje trasmitido por su Twitter que detectaron “movimiento de dinero de esas organizaciones para que se mantengan esos actos con pagos que oscilan entre los 70 mil (18 dólares) y 100 mil pesos (26 dólares) a quienes cometan esas acciones” y definió en un 25% el aumento de militares en la ciudad, “siempre en estricto apego a la ley y a la protección de los derechos humanos”.

No es la primera vez que Duque vincula la violencia y las muertes alrededor de las protestas a grupos guerrilleros; sin embargo, aún no presentó ninguna prueba.

A diferencia de su discurso de la noche del viernes en la convulsionada Cali, Duque esta vez repasó algunas iniciativas “históricas” de inversión social en el departamento Cauca, entre las que enumeró el Plan Social, la construcción de nuevo aeropuerto en Popayán “que ya tiene avances”, proyectos de infraestructura social y planes de educación y desarrollo agropecuario.

“Colombia unida rechaza esa violación flagrante a los derechos de los ciudadanos y Colombia unida debe salir adelante haciendo de la seguridad un valor democrático, sin violencia y sin que tengan que ser negociados nuestros valores y principios”, afirmó el presidente.

Duque visitó el viernes Cali y este sábado Popayán como gestos de reafirmación de las políticas de su Gobierno en materia de seguridad porque fueron dos de las ciudades en las que se registraron las peores acciones de violencia.

Y en Cali mismo anunció “el máximo despliegue de asistencia militar” a la Policía Nacional para esa ciudad, aunque después, por decreto, extendió esa medida a 8 de los 32 departamentos del país y otras 12 ciudades.

La decisión siguió a la jornada de movilizaciones declarada por el primer mes del paro inicial que sacudió al país entero, que terminó con escenas de violencia en varias ciudades con ataques a alcaldías, sedes bancarias y comercios, represión policial a algunas columnas e incendios a cabinas de peaje y colectivos de transporte urbano, y tiroteos entre civiles.

En medio del rebrote de violencia, aún no está claro si fallecieron 6 personas o 10, como informó el Gobierno de Cali, pero sin precisar cómo sucedieron todas las muertes y su vínculo con los ataques, represión e incidentes.

Pero de todas maneras, este escenario y la militarización decretada por Duque marcarán el diálogo que este domingo deben retomar el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP).

En principio, ambas partes estaban cerca de destrabar las garantías para las protestas pacificas, lo que permitiría después, sí, debatir el pliego de demandas concretas que tiene el Comité, pero las decisiones y las muertes de las últimas horas permiten especular con un retroceso en las gestiones.

Pese que el Comité exigía la desmilitarización de las calles, Duque firmó el decreto 575 que dispone la “asistencia militar” para los departamentos de Valle del Cauca –donde se encuentra Cali-, Nariño, Cauca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y par a estas 13 ciudades: Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira (Valle del Cauca); Pasto e Ipiales (Nariño); Popayán (Cauca); Bucaramanga (Santander); Pereira (Risaralda); Madrid y Facatativá (Cundinamarca) y Neiva (Huila).

La “asistencia militar” es, según la ley, “el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

El mismo Duque explicó que la decisión implica triplicar el número de uniformados en cada región y el decreto ordena “superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia”, autoriza el levantamiento de los bloqueos y cortes, y deja a los jefes de Gobierno locales el eventual dictado de toques de queda.

Las víctimas

Mientras en Cali se registraron este viernes 6 muertes vinculadas a las protestas –un funcionario habló de 10, pero hay 4 en investigación-, en Popayán fue incendiada parte de la alcaldía.

Con este trasfondo, Duque no solo anunció la militarización, sino que además prometió que se acelerarán “todas las órdenes de captura por estos hechos” e insistió en que procurará “la protección de los corredores y el desbloqueo como principio, como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos”.

En una clara respuesta a esta decisión, el CNP emitió un comunicado en el que reiteró su defensa de los bloqueos y los cortes de calles, rutas y autopistas como “parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas”.

“Hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. El Comité defiende el derecho a la protesta pacífica, derecho que incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico de hacerla”, señaló un documento de la plataforma multisectorial.

Con todo, el CNP también condenó “todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la fuerza pública, como los que realizan los particulares” y rechazó especialmente “la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social”.

El Gobierno suele decir que existen “actos vandálicos organizados por grupos” que en algún caso vinculó a la guerrilla, aunque nunca presentó pruebas ni brindó precisiones.

Además, ahora decidió responder a los cuestionamientos internacionales por la represión policial, con una defensa extra: envió una carta a ocho organizaciones para reclamar que se analicen también las violaciones a los derechos humanos que sufren las fuerzas de seguridad.

En una carta firmada por el ministro de Defensa, Diego Molano, se pidió “un llamado a la valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de la fuerza pública”.

El texto fue dirigido a las representantes de la ONU y la OEA sobre DDHH, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, a la CIDH, la Cruz Roja, a Human Rights Watch (HRW) y a Amnistía Internacional, entre otras.

Sin embargo, el titular de HRW, José Miguel Vivanco, cuestionó el decreto de Duque porque, consideró, tiene un “un peligroso vacío” ya que las órdenes “no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los derechos humanos”, lo que “puede tener consecuencias irreparables”.

Mientras tanto, siguen creciendo los pedidos para que se autorice una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta vez fue la Defensoría del Pueblo y la ONG Temblores –clave en la recopilación de denuncias- las que lo reclamaron. Esta última la consideró como una forma de “desescalar la violencia y a esclarecer la situación de violaciones a derechos humanos”.

CRM con información de la agencia Télam