El Gobierno defiende el envío de un diplomático a la toma de posesión de la Asamblea Nacional venezolana: “Es un gobierno legítimo y legal”

El acto de asunción de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, que será controlada mayoritariamente por el oficialismo, contó ayer con la presencia de un diplomático argentino. Fue Eduardo Canale, subalterno del encargado de negocios -Eduardo Porretti, el representante diplomático actual, dado que Argentina no tiene embajador en Caracas-, quien asistió a la ceremonia, junto a enviados de Cuba, Bolivia, México, Irán, Turquía, Rusia, India y Egipto, entre otros. Un número importante de países como Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, Canadá, Brasil, Uruguay Colombia, Ecuador y Perú no reconocen al nuevo órgano legislativo y, consecuentes, no mandaron representantes.

“Es un gobierno legítimo y legal. Más allá de que tengamos algunas diferencias y cuestionamientos con la situación de Derechos Humanos expresada en el informe Bachelet, la situación es esa. Las elecciones se hicieron, la oposición no participó y se cumplió con la constitución venezolana. Es la posición que venimos sosteniendo”, expresó una fuente de Cancillería, con pedido de reserva de identidad, ante la consulta de elDiarioAR. El mes pasado, el Gobierno se había abstenido de votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que desconocía el resultado de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en las que la mayor parte de la oposición no participó y el madurismo se hizo con el control de más de dos tercios de la Asamblea Nacional.

El diplomático argentino que había sido invitado, sin embargo, no era Canale sino Porretti, el encargado de negocios y máximo representante ante Caracas. De hecho, en la ceremonia fue su nombre el que fue anunciado por Jorge Rodríguez, el presidente de la nueva Asamblea. Desde Cancillería confirman que el envío del número 2 respondió a una decisión deliberada del Ejecutivo. “Mandamos una representación de segundo nivel para cumplir, pero también, al mismo tiempo, dar una señal de no tener un perfil demasiado relevante en la ceremonia”, dijeron. 

El Gobierno mantiene una posición oscilante con Venezuela. Por un lado, reconoce a Maduro como presidente, una reversión de la política del gobierno de Mauricio Macri, que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino. También reconoce a la nueva Asamblea Nacional y, por ende, se abstuvo de rechazar la declaración de la OEA. Sin embargo, el Gobierno apoyó el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que se describen y denuncian violaciones a los Derechos Humanos.

“Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos y por la crisis política económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del Covid-19”, dijo en ese momento el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas.

Esa postura ambivalente del Gobierno argentino le ha valido críticas desde diversos flancos. La oposición lo critica por un presunto apoyo a Maduro mientras miembros de la propia coalición del Frente de Todos, como Alicia Castro (que renunció a asumir como embajadora en Rusia tras el apoyo al informe Bachelet) al igual que funcionarios de Maduro, piden por un mayor respaldo al gobierno venezolano. “Tiene la piel delicadita”, dijo Diosdado Cabello, el ahora jefe de la bancada oficialista en la Asamblea, sobre Alberto Fernández.

“No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asumase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”, completó Cabello, uno de los hombres de peso en la estructura de poder venezolana. 

El oficialismo recuperó ayer el control de la Asamblea Nacional, el último poder público que le quedaba por asumir. En paralelo, la oposición, a cargo de Juan Guaidó, ratificó la continuidad del mandato conseguido tras las elecciones legislativas del 2015, una maniobra que aumenta los roces con el gobierno.

NZ