Zara Snapp, especialista en política de drogas: “México está en un momento histórico para pasar del mercado ilegal de cannabis a uno legal”

México se encuentra a unas pocas semanas de convertirse en el mercado legal de cannabis más grande del mundo. En noviembre pasado, el Senado aprobó la legalización para uso recreativo, una ley que debe tratar la Cámara de Diputados antes del 30 de abril. El martes, el gobierno publicó los lineamientos para la producción y uso medicinal. 

Zara Snapp es cofundadora del Instituto RIA, una asociación civil que investiga y busca incidir en la política de drogas, magíster en política pública de la Universidad de Harvard y autora del libro Diccionario de drogas (Ediciones B, 2015). En esta entrevista con elDiarioAR, la referente del tema en México reflexiona sobre el proceso que se abre en México con la legalización del cannabis y su posible impacto en una guerra contra el narcotráfico que ya lleva 15 años y ha dejado un saldo de más de 70.000 desaparecidos. 

¿En qué momento se encuentra México respecto a la regulación del cannabis?

México ha avanzado mucho, principalmente gracias al litigio estratégico. Hemos tenido dos procesos paralelos que se han llevado a cabo durante los últimos cinco años. El primero es la cuestión del uso medicinal, con una ley aprobada en 2017, una ley tímida, impulsada por la presión mediática de muchos casos de pacientes de niños con epilepsia y las exigencias de sus familiares, que permitía la importación de productos con menos del 1 por ciento de THC pero no contemplaba el autocultivo para pacientes, por ejemplo. Esa ley fue aprobada, pero después nunca fue reglamentada. Es la Corte Suprema la que obliga a la Secretaría de Salud a publicar este reglamento, que es lo que salió esta semana. 

Al mismo tiempo, en 2015 ganamos el primer caso en la Corte sobre el uso adulto, que reconoce que la prohibición de poder cultivar cannabis en tu casa para consumo personal sin fines de comercio viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En México necesitas cinco casos consecutivos para poder lograr la jurisprudencia, que llegó el 31 de octubre de 2018. Ahí empezamos esta discusión nacional sobre el tema y al rato llegó el nuevo gobierno. Con la confluencia de estos dos factores, la Corte Suprema manda una notificación al Congreso con un plazo de 90 días para legislar sobre el asunto, que luego fue prorrogado por la pandemia. En noviembre se aprobó en el Senado la ley para uso medicinal y adulto (también conocido como recreativo) y la Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de abril para tratarlo. Diría que México está en un momento histórico, donde puede aprovechar la oportunidad de transitar de un mercado ilegal, donde somos el segundo país productor de cannabis ilegal en el mundo, a uno legal, en el que garantizamos los derechos de las personas usuarias e implementamos medidas afirmativas hacia las comunidades cultivadoras.

En la discusión sobre la legalización aparecen argumentos que van desde el derecho de personas usuarias, los potenciales beneficios económicos del mercado y hasta el impacto en el narcotráfico. ¿Cúal fue el enfoque que primó en el Congreso? 

Creo que hubo una mezcla de intereses. Hubo muchos senadores que incluyeron el tema de derechos. Es decir, que además de los beneficios que va a traer la industria legal a México, también se habló de las libertades y la necesidad de reconocerlas. Hay una idea también de que con la regulación es posible reparar el daño a las personas usuarias y las comunidades. La ley contempla al menos un 40% de las licencias de cultivo solamente para las comunidades afectadas: ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas, es decir, comunidades que han tenido sus cultivos erradicados durante la prohibición. Eso es un gran reconocimiento, aunque nosotros quisiéramos –y estamos exigiendo– que sea del 80%. También existe una restricción para puntos de venta: las empresas sólo van a poder tener tres puntos de venta por estado, para evitar que haya 50 tiendas de la misma empresa en un mismo estado. Yo veo una voluntad para crear un modelo que reconoce lo que ya existe y que impulsa algo que beneficia a México. Porque para nosotros esta ley no es sólo regular por regular: es regular para que los recursos de la policía que se usan para perseguir a personas usuarias vayan a delitos de alto impacto y que se dejen de erradicar cultivos. Es importante pensar esto como un cambio en la relación Estado-sociedad.

Es regular para que los recursos de la policía que se usan para perseguir a personas usuarias vayan a delitos de alto impacto y que se dejen de erradicar cultivos. Es importante pensar esto como un cambio en la relación Estado-sociedad.

Hay activistas que alertan sobre la posibilidad de que los intereses de las grandes empresas extranjeras productoras de cannabis terminen primando en la regulación. ¿Lo ves como un riesgo potencial?

Sin dudas es un riesgo. Nosotros llevamos años escuchando empresas canadienses que vienen a foros y hablan abiertamente de su interés en invertir en el mercado mexicano para poder aprovechar la mano de obra barata. Lo han dicho literalmente. Para nosotros esto no va si se trata de instalar una industria extractiva más a las que ya existen en el país. En el reglamento que se publicó esta semana, por ejemplo, si tu ves los requisitos que necesitas para hacer un medicamento sólo las farmacéuticas están en condiciones de hacerlo. Pero ese tipo de demandas, junto a las del autocultivo, no iban a ser incorporadas en esta reglamentación, que corresponde a la ley aprobada en 2017. Por eso estamos esperando a que se apruebe en Diputados la ley de uso adulto, que va a ampliar las posibilidades.

¿Cómo crees que va a impactar la legalización del cannabis en la llamada guerra del narcotráfico?

Esto no se va a acabar con la regulación del cannabis, porque hay muchas otras sustancias y actividades involucradas. Desde mi organización abogamos por la regulación legal de todas las sustancias psicoactivas, entendiendo que es mejor que haya seguridad sobre la calidad, que no debe quedar en manos del crimen organizado y que se trata también de quitarles recursos. En México es difícil porque existe una integración fuerte tanto a nivel local como a nivel nacional entre las autoridades y el tráfico de sustancias. No podríamos traficar la cantidad de sustancias que traficamos como país si no hubiera involucramiento por parte de las autoridades.

Pero creo que va a tener un impacto positivo, en primer lugar, en cómo perseguimos delitos. Si legalizamos y descriminalizamos, entonces el Estado ya no va a gastar tiempo y recursos que podrían ir para investigaciones de los delitos que realmente nos preocupan. En México hay una tasa de impunidad del 98%. Y si no perseguimos esos delitos de homicidio, extorsión, feminicidio y desaparición, estos van a seguir sucediendo. Otro lugar donde se va a registrar un impacto positivo es que ya no va a haber una relación de conflicto del Estado con las personas que cultivan, que han llevado a desplazamientos de comunidades y enfrentamientos. Y también tengo la esperanza –y en esto soy optimista– de que quienes participan en el mercado ilegal, que son muchos, decidan pasarse a la legalidad. Al fin y al cabo, en el mercado ilegal también se pagan impuestos como sobornos y compra de armas. Entonces en el tránsito a la legalidad también pueden reducirse los costos. Por último, creo que este va a ser un primer paso importante para luego seguir con otros. Con la regulación vamos a desestigmatizar la planta y nos vamos a dar cuenta que las personas que consumen no son unos locos. Va surgiendo una especie de salida del closet psicoactivo, donde empiezas a hablar de tu consumo con familiares para erradicar ese miedo. 

Con la regulación vamos a desestigmatizar la planta y nos vamos a dar cuenta que las personas que consumen no son unos locos. Va surgiendo una especie de salida del closet psicoactivo

¿Hacia qué nuevo paradigma crees que debería ir México con su política de drogas?

Yo esperaría que nos pudiéramos mover hacia una dirección donde se garanticen los derechos de las personas usuarias y se reconozca que, cuando existe un uso problemático –que existe en el 11% de las personas que usamos sustancias ilegales–, ese uso está mucho más vinculado a la situación de la persona que a la sustancia. La pregunta entonces es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de esa persona sin pensar en la abstinencia como el fin último. Es un cambio a largo plazo que tiene que estar acompañado de una mejor y más amplia educación sobre drogas y sustancias psicoactivas: necesitamos entenderlas para poder crear políticas sobre las mismas y la educación también puede fortalecer la prevención y el retraso de la edad de inicio de consumo. Es un cambio cultural. Hay mucha gente que está en el movimiento a favor de la legalización del cannabis pero se espanta cuando les hablas de otras drogas, por lo que es nuestro trabajo debatirlo. Esta idea de que erradicando la oferta va a cambiar la demanda no ha funcionado. Y, además de no funcionar, ha hecho muchísimo daño. 

En el 2021 se van a cumplir 15 años del inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, con un operativo que lanzó en ese entonces Felipe Calderón y que continúa hasta hoy. ¿Cúal ha sido el saldo de esa política?

Cada año estamos perdiendo más de 30.000 personas por homicidios dolosos. Principalmente hombres jóvenes sin oportunidades. Es esa violencia la que explica la disminución en la esperanza de vida en México. Por otro lado, en estos quince años hemos tenido más de 70.000 desaparecidos, y en la mayoría de los casos hay una colusión para no encontrarlos, o porque la autoridad estuvo involucrada, o porque alguien está protegiendo a otro grupo. Cuando tú vas a denunciar la desaparición de un familiar, la respuesta más común por parte de la autoridad es que seguro estaba haciendo algo, cuestionando la validez de la vida y el valor de esa persona. Hay familias que no han parado de buscar en los últimos diez, doce años. Son ellos los que se convierten en peritos e investigan. Hasta ahora sólo se ha avanzado en la identificación de algunas personas y lugares, gracias a la colaboración del equipo de antropología forense argentino y a la persistencia de las familias, que no han descansado.  El Estado ahora está un poco más involucrado, gracias a ciertos funcionarios públicos, pero en general ha estado ausente durante todo este proceso. Y eso es devastador. Nosotros como país vamos a tener que hacer un camino de reconciliación muy grande que ahorita no estamos contemplando, porque esto no ha parado y seguimos acumulando casos todos los días. 

Nosotros como país vamos a tener que hacer un camino de reconciliación muy grande que ahorita no estamos contemplando, porque esto no ha parado y seguimos acumulando casos todos los días

En las próximas semanas, la Cámara de Diputados seguramente aprobará la legalización del cannabis para uso recreativo. ¿Cúal es el paso siguiente?

Bueno, si se hacen cambios en Diputados la ley deberá regresar al Senado, pero nosotros estamos pensando desde ahora en la implementación. Eso va a depender también de como salga la ley. Si no hay una descriminalización efectiva, entonces vamos a tener que estar documentando todos los casos de abuso y presentando iniciativas para mejorar esa parte. Seis meses después de la publicación de la ley en el boletín oficial, se supone que ya tiene que estar listo el Instituto de Regulación y Control: ahí vamos a estar siguiendo quienes van a conformarlo. Estaremos atentos también a la reglamentación, para ver los detalles y empezar a acompañar e impulsar a las comunidades a que ellos apliquen a las licencias de cultivo para llenarlas y demostrar que hay una demanda de estas comunidades para participar en el mercado. El autocultivo para ese entonces ya va a estar permitido. Ojalá eso signifique el comienzo de la transición a un mercado legal.

JE