Como Jair Bolsonaro, Milei busca privatizar los medios públicos: ¿podrá?

Durante la campaña de Javier Milei, los medios públicos tuvieron mucho menos protagonismo que durante la de Mauricio Macri. En 2015, las preguntas sobre 678, Diego Gvirtz, Fútbol para Todos y la Ley de Medios eran corrientes e incluso se asomaron también con cierta recurrencia en 2019, dirigidas a Alberto Fernández.

Esa centralidad no existió en 2023 y no llama la atención. La rotación mediática de Milei en el último año tuvo como base la pantalla de La Nación+ y una red de cuentas en plataformas sociales privadas y masivas, además de que los medios públicos salieron de la agenda política más allá de algunos destellos cortos y de baja intensidad. También, hubiera implicado meterse con tecnicismos demasiado específicas de dependencias públicas que el presidente electo tal vez todavía desconoce: en definitiva, la narrativa antiestatal de Milei se materializó en una motosierra, no en un bisturí.

Sí aparecieron los medios públicos bajo la forma del exabrupto, casi como de costado, especialmente la TV Pública. Ramiro Marra habló privatizarla, del valor del edificio para el real estate (“Me imagino una torre de 100 metros donde está ATC, sería un re negocio”) y de la línea editorial de Pakapaka (“Un chico me dijo una vez que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos los buenos”); Lilia Lemoine le dio una definición errática a una cronista de la TV Pública. Le dijo que la iban y después se desdijo: la iban a privatizar. Le sugirió que procurara “ser una buena trabajadora”.

Al día siguiente de ganar el balotaje, Milei respondió ante una pregunta de Eduardo Feinmann que iban a privatizar Radio Nacional, Télam y la TV Pública, y retomó una frase de Hernán Lombardi versión 2015, la de “Ministerio de la propaganda”, aunque sin prometer arreglarlo –como hacía el funcionario–, sino liquidarlo, inaugurando una discusión que promete sostenerse por meses y tal vez años. Por el momento, ya se activó la maquinaria multiplataforma de los señalamientos falsos, superficiales o dañinos que están lejos de querer discutir la problemática con la seriedad que demanda.

Gobierno nuevos, ideas repetidas 

No es la primera vez que un gobierno busca privatizar medios públicos. Ni en el mundo ni en Argentina. Dos casos recientes muestran que los resortes políticos, sindicales e institucionales no hacen tan fácil la decisión.

En 2019, el gobierno de Boris Johnson hizo propia una diatriba que había pululado ya antes para privatizar Channel 4 en el marco de una (otra) ofensiva conservadora contra los medios públicos. No lo consiguió, especialmente debido al fuerte rechazo que generó en la industria audiovisual. El gobierno que lo sucedió dio de baja la iniciativa aunque aprovechó la discusión que se generó a su alrededor para habilitar algunos cambios, como autorizar a que empiece a producir internamente. Otro caso es EBC, la Empresa Brasil de Comunicação, puesta en marcha en 2007 por Lula y cuya privatización fue anunciada por Jair Bolsonaro ya en su campaña con un tufillo a venganza. Antes, Michel Temer había golpeado a la empresa cambiando la ley que la había creado. Bolsonaro fue más allá. Además de sumarla a la lista de empresas a privatizar, extremó el partidismo y la censura, según denunciaron sus trabajadores. En un informe de los empleados de la EBC y del sindicato de periodistas de Rio de Janeiro, Distrito Federal y San Pablo, contabilizaron 193 horas de interrupciones a la programación de TV Brasil con eventos de gobierno entre agosto de 2021 y julio de 2022. Al asumir Lula, detuvo el proceso de privatización de esta y otras empresas públicas.

En Argentina, el propio Canal 7 tiene su historia de intentos de privatización. Muy cerca de haber sido lanzado, con la televisación del acto del 17 de octubre de 1951, Perón decidió en 1953 licitar las redes de telecomunicaciones, en parte porque la oposición criticaba la centralización facciosa de la comunicación y en parte porque podía asegurarse dueños amigos para las tres redes en cuestión. La Red B, que contenía Radio Belgrano y el flamante Canal 7, fue para Jorge Antonio, empresario del primer cordón de amistad de Perón, quien veía en esta adquisición un negocio en términos de infraestructura (promover la importación y a la vez la fabricación de televisores) y uno en términos de contenidos, como esbozó en su libro ¿Y ahora qué?: “Pensaba, con justa razón y según la experiencia universal, que debíamos montar nuestros propios equipos de publicidad, relaciones públicas y propaganda”. Su objetivo, dijo, era promover la “conciencia industrializadora”,

Mientras el canal perteneció a Antonio, en sociedad con Víctor Madanes, lo dirigieron Blackie y Cecilio Madanes. Pero con el golpe de Estado de 1955, el nuevo gobierno de facto fue directamente a buscar a Antonio. Aramburu derogó las licitaciones de los medios llevadas a cabo por el peronismo e inició una serie de causas contra el empresario por el marco de esta privatización y otros supuestos negocios espurios que tienen un lugar protagónico en ese libro de “pintoresco título”, como definió Rodolfo Walsh, llamado El libro negro de la Segunda Tiranía. 

En 1955 y de la mano de la “Revolución Libertadora”, el canal volvió a la órbita estatal para siempre. Ganas de privatizarlo no faltaron, pero tampoco sobraron. Más acá en el tiempo, el menemismo fue errático al respecto. Primero, dejó a ATC afuera de la ley de reforma del Estado. Canal 7, decían quienes defendían que siguiera estatal, sería un canal propio en medio de un nuevo mapa mediático imprevisible. Esa idea vino aparejada de un “como si”: hacer que la propuesta del canal se mostrara similar a la de los privados. Por algo el slogan que inmortalizó Gerardo Sofovich en 1991 fue Ahora También Competimos. Pero no ganó y casi todas sus figuras, desde Grondona hasta Mirtha Legrand, lo abandonaron durante los 90 para nutrir las fulgurantes pantallas privadas.

Menem habla con Mirtha Legrand en la pantalla de ATC en la pantalla de la privatización de SOMISA (Archivo Prisma - RTA)

El rumor de la privatización fue el status quo de los 90. En 1992 ATC cambió de razón social y se convirtió en una Sociedad Anónima. Por esos años, sonaba muy fuerte Televisa como interesada en adquirir un paquete accionario. Había obstáculos: el parlamentario era uno, los trabajadores otro, la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas otro (no querían que se sumara otro canal a competir) y la ambivalencia del propio Carlos Menem, probablemente el más decisivo. 

Cuando comenzó su segundo mandato, sin embargo, el presidente promulgó un decreto para licitar la frecuencia 7 y cambiar el canal estatal al número 4, mucho menos potente. Su interventor presentó al canal en convocatoria de acreedores por el pasivo que declaraban los síndicos. Fue la jueza María Elsa Uzal, en cuyo juzgado había caído la convocatoria, la que atendió al pedido gremial para frenar la licitación y pidió avales por 100.000 pesos para habilitar una medida cautelar. Embanderado en la antiprivatización como otros miembros de la oposición al menemismo, el actor y diputado Luis Brandoni sumó su casa como garantía para conseguir el aval ante el banco, como también lo hicieron trabajadores del canal. La jueza ordenó no innovar.

En 1998 vino otro intento con renovada intensidad, en un contexto de crecimiento de holdings mediáticos. La iniciativa de privatización se peleó con festivales, cortes de calle y manifestaciones en premiaciones planificados por todos los sindicatos con representatividad en el canal –entre los que suele haber más rispideces que acuerdos–. A ellos se les sumaron reclamos por parte de gente renombrada de la cultura y pesos pesados de la Alianza. De la posibilidad certera de que se abriera una licitación –en la que Tinelli, Julio Ramos y el grupo CEI querían eventualmente participar–, un volantazo de último momento terminó en la sanción de una ley que establecía la creación de Radio y Televisión Argentina, una Sociedad del Estado.

El mercado del estado, el estado del mercado

Desde siempre, pero especialmente desde que el kirchnerismo les dio un lugar protagónico al frente de su “batalla cultural” contra el Grupo Clarín, los medios públicos representan también un símbolo y una potencial privatización no se discute desde el punto de vista de la estrategia, la viabilidad, ni se deja supeditada a un análisis serio e independiente para entender cuál es su aporte al interés público. Tampoco se habla de la muy dinámica situación de la industria audiovisual plataformizada y quiénes podrían estar interesados en adquirirlos. El tono es más bien el del desprecio y la revancha: Milei, inaugurando una “tecnocracia a ojo”, argumentó su privatización diciendo que el 75% del tiempo que se habló de La Libertad Avanza se hizo de una manera muy negativa. La privatización, como en el caso de Lemoine, se parece más una amenaza que una política pública.

En Argentina, los medios públicos son, en realidad, estatales, aunque puedan incluir programación de interés público: los presidentes del ejecutivo deciden presidente y vicepresidente del directorio de Radio y Televisión Argentina (que no incluye Télam). Y una innovación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el desfasaje para que un presidente de la Nación tenga que convivir dos años con un presidente de RTA apuntado por el presidente anterior, cerró la grieta: nunca nadie lo cumplió y todos los presidentes de RTA renunciaron apenas asumió un nuevo presidente de la Nación. 

Es, también, momento de asumir sus taras históricas: en el caso de la TV Pública, un funcionamiento interno más bien opaco y una dependencia del poder de turno que se materializa ya no solo en funcionarios sino también en programas, productoras y hasta invitados a un panel, cosa que atenta contra una credibilidad sostenible a lo largo del tiempo. Pero también es necesario que se los piense como una verdadera política pública: los medios administrados por los estados pueden ser –y muchas veces son– distintivos y estratégicos para el desarrollo, la cultura y la industria audiovisual en un contexto comunicacional fragmentado, hipercomercial y transnacional.

La TV Pública es y fue durante casi toda su historia la pantalla de programación cultural y artística de calidad que no tenía lugar en ningún otro lado, además de un semillero de productores, conductores y programas que hicieron historia, desde La noticia rebelde hasta El otro lado, Hola Susana, Fútbol de Primera, Okupas o la versión argentina de En terapia. Junto con Télam y Radio Nacional, sostienen una red comunicacional nacional con una misión federal imprescindible y la infraestructura técnica necesaria para digitalizar y salvaguardar archivo audiovisual, radial y fotográfico de enorme valor patrimonial que, hoy, con redacciones periodísticas en proceso de achicamiento, está en verdadero riesgo de extinguirse. Es fundamental emprender una agenda constructiva para pensar y defender el porvenir de los medios estatales, en contra de una privatización imprudente e impulsiva, que quiere imponer los términos del debate a todo o nada.

NS/DTC