La Corte de EEUU se alinea con Trump y limita los poderes de los tribunales para frenar su agenda ultra

La súper mayoría de la Corte Suprema de EEUU que tiene Donald Trump opera. Y mucho. Este viernes se ha alineado con el presidente de EEUU para limitar la capacidad de los jueces de bloquear la agenda del presidente. Así, el Tribunal ha limitado el alcance geográfico de los fallos de los jueces de instancias inferiores contra el veto de Trump a la nacionalidad por nacimiento –pendiente de estudio de constitucionalidad–, lo que deja en vigor el decreto de Trump allá donde no se haya recurrido. La orden del Supremo entrará en vigor dentro de 30 días.

“Es una decisión increíble, con la que estamos muy contentos”, ha declarado Trump este viernes: “El Tribunal Supremo ha logrado una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho, al rechazar el uso excesivo de mandamientos judiciales a nivel nacional para interferir en el funcionamiento normal del poder ejecutivo”.

Según Trump, “los jueces han intentado dictar la ley para toda la nación. En la práctica, esto significaba que si cualquiera de los casi 700 jueces federales no estaba de acuerdo con la política del presidente de los Estados Unidos debidamente elegido, podía bloquear la entrada en vigor de dicha política, o al menos retrasarla durante muchos años, atascándola en el sistema judicial. Esto fue un abuso de poder colosal, que nunca se había producido en la historia de Estados Unidos antes de las últimas décadas”.

“Ahora podemos presentar rápidamente una demanda para proceder con numerosas políticas que se han impuesto erróneamente a nivel nacional”, ha anunciado Trump: “Y algunos de los casos serían el fin de la ciudadanía por nacimiento, que ahora pasa a primer plano y que estaba destinada a los bebés de los esclavos. No estaba destinada a personas que intentaban estafar al sistema y entrar en el país de vacaciones. Esto nos permite finalmente ganar ese caso, porque cientos de miles de personas están entrando en nuestro país buscando la ciudadanía por nacimiento, y no estaba pensada para eso. Estaba pensada para los bebés de los esclavos”.

Trump decretó que se negara la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que se encuentran en el país de forma irregular. Y el Supremo este viernes no ha entrado a estudiar la constitucionalidad de la medida, pero sí a que haya jueces de instancias menores que puedan bloquear órdenes del presidente en todo el país.

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los hijos de madres que se encuentran en el país de forma ilegal. Este derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la Enmienda 14 de la Constitución.

Lo que sí ha hecho Tribunal Supremo es respaldar la solicitud del presidente Trump de reducir las órdenes nacionales que durante meses han bloqueado la prohibición de su Administración de conceder la ciudadanía automática a los bebés nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros, una medida clave en la agenda de Trump por restringir la inmigración.

Los tres jueces progresistas del tribunal discreparon de la sentencia, que devuelve los casos a los tribunales inferiores para que determinen las implicaciones prácticas de la decisión.

La Administración Trump había pedido a los jueces que redujeran las órdenes impuestas por tres jueces de tribunales inferiores que bloquearon la entrada en vigor de su política en todo el país mientras se examina su legalidad en los tribunales.

La esencia del fallo del Supremo es que el Congreso, al crear los tribunales federales inferiores en la Ley Judicial de 1789, no otorgó a los jueces de los tribunales de distrito la facultad de dictar mandamientos judiciales a nivel nacional o universal que prohíban la aplicación de una política gubernamental (presumiblemente ilegal) contra cualquier persona.

Así, los jueces de los tribunales de distrito solo podrían conceder medidas cautelares a demandantes específicos.

La mayoría conservadora ejerce

La decisión, tomada por 6 votos contra 3 y redactada por la jueza Amy Coney Barrett, supone una importante victoria para Trump y podría permitir que se reformule la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos, aunque sea de forma temporal.

La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según indicaron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que se siga impugnando su legalidad. Los jueces tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente de restringir la ciudadanía por nacimiento, dejando potencialmente esa cuestión para otro momento.

La sentencia del tribunal también parece poner fin a la capacidad de los jueces federales individuales de congelar políticas en todo el país, una poderosa herramienta que se ha utilizado con frecuencia en los últimos años para bloquear políticas instituidas por las administraciones demócratas y republicanas.

Jueces de todo el espectro ideológico han criticado estas llamadas medidas cautelares a nivel nacional, argumentando que fomentan la búsqueda del juez más favorable y eluden indebidamente el proceso político al permitir que un solo juez detenga una política en todo el país.

La decisión del Supremo significa que un decreto firmado por Trump que pone fin a la práctica de conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos entrará en vigor en 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida.

Los detalles sobre cómo se aplicará la política no quedan claros.

El caso legó al Supremo a raíz de un decreto firmado por Trump el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, que pretendía rehacer el principio conocido como ciudadanía por nacimiento, que forma parte de la Constitución desde hace más de 150 años.

El anuncio provocó inmediatas impugnaciones legales por parte de 22 estados liderados por demócratas y organizaciones de defensa de los migrantes, así como de mujeres embarazadas preocupadas porque a sus hijos no se les concediera automáticamente la ciudadanía. En cuestión de días, un juez federal de Seattle, John C. Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva.

Los jueces federales de Maryland y Massachusetts también emitieron órdenes para suspender la política. Los tres jueces extendieron sus órdenes a todo el país, incluso a los estados que no habían presentado impugnaciones legales.

El 13 de marzo, la administración Trump presentó una solicitud de emergencia pidiendo a los jueces que evaluaran si tales medidas cautelares a nivel nacional eran legales.

En una vista celebrada el 15 de mayo sobre el caso, el Tribunal Supremo discutió las afirmaciones de la administración Trump de que los jueces de los tribunales inferiores se habían excedido en sus competencias.

Los jueces tenían dos preocupaciones principales. Varios se mostraron escépticos sobre el hecho de que los jueces federales pudieran paralizar las medidas ejecutivas en todo el país, en lugar de solo para las partes directamente involucradas en el litigio, que era el núcleo del caso, explica The New York Times.

Pero muchos de los jueces también parecían preocupados por las consecuencias prácticas de permitir que la orden ejecutiva entrara en vigor, aunque fuera de forma temporal y solo en algunas partes del país. Algunos de los jueces cuestionaron cómo podrían evaluar rápidamente la legalidad de la orden ejecutiva, que la administración no les había pedido que revisaran.

La cuestión subyacente –la legalidad de la ciudadanía por nacimiento– es una cuestión constitucional fundamental en EEUU. La práctica de conceder automáticamente la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense, incluso si sus padres no son ciudadanos, se ha considerado durante mucho tiempo un principio básico de la ley de inmigración.

La 14.ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, declaró que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

En 1898, el Tribunal Supremo confirmó ese derecho en un caso histórico.