Más feminicidios y desapariciones en México revelan “una realidad que las autoridades no quieren ver”

Colectivos de mujeres se manifiestan en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez (México) el 30 de abril.

María García Arenales


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No se trata de casos aislados ni de un fenómeno nuevo. Las mujeres en México desaparecen desde hace décadas con una impunidad casi absoluta. Si en los años 90 Ciudad Juárez se convertía en el epicentro de los feminicidios y desapariciones en el país, hoy son las niñas, adolescentes y mujeres de Nuevo León las que viven ese mismo miedo. En este estado fronterizo del norte mexicano, considerado uno de los motores económicos del país, ya hay más de 50 desaparecidas en lo que va de año, según datos oficiales. Muchas de ellas nunca regresarán. 

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Pese a los avances y la reforma de algunas leyes, aún se repite la misma historia. Las mujeres desaparecen de día y de noche, cuando tratan de llegar al trabajo, a la escuela o a una fiesta, sin importar si el trayecto es largo o corto. También siguen sufriendo el maltrato de las autoridades, según las irregularidades en las investigaciones denunciadas.

Dos casos recientes de mujeres desaparecidas han destapado la crisis que vive Nuevo León. El 7 de abril apareció en la zona metropolitana de Monterrey –la capital del estado– el cadáver de María Fernanda Contreras, de 27 años, con un fuerte golpe en la cabeza. De nada sirvió que la familia de la joven compartiera cuatro días antes con la Fiscalía la última ubicación de su móvil, ya que ninguna autoridad se presentó en el lugar y fue en una vivienda de esa misma zona donde luego se halló su cuerpo sin vida. Un hombre de 26 años fue detenido como su presunto feminicida. 

La indignación y las protestas desatadas por el asesinato de María Fernanda y las desapariciones de las últimas semanas en Nuevo León han obligado al Gobierno que dirige Samuel García a crear un grupo especial de búsqueda de mujeres y atención al feminicidio que estará a disposición de la ciudadanía y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, según informó el gobernador.

El otro caso que ha sacudido a este estado mexicano es el de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que el 22 de abril apareció muerta en una cisterna de un hotel a las afueras de Monterrey tras casi dos semanas desaparecida. Lejos de que las incógnitas se hayan resuelto y tras la destitución de dos fiscales por graves omisiones y errores en la investigación, aún se desconoce si Debanhi sufrió un abuso sexual o si se trata de un asesinato a manos del crimen organizado. La única certeza es que tenía un golpe en la cabeza.

Pesadilla en todo el país

Aunque son estos dos casos los que han puesto a Nuevo León bajo el foco de atención, entre enero y abril de este año ya han desaparecido 56 mujeres, según el registro nacional de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y tampoco es muy diferente la situación en el resto del territorio, de acuerdo con las expertas consultadas.

“Nuevo León es todo México. Lo que pasa en ese estado pasa en prácticamente la totalidad del país. Las mujeres estamos viviendo una pesadilla”, dice a elDiario.es la abogada feminista Patricia Olamendi, que asegura que existe un caldo de cultivo. “Una enorme impunidad que llega al 98% en los delitos cometidos contra las mujeres, un crecimiento del crimen organizado y una violencia desmedida provocada, sobre todo, por el machismo”, asegura.

Según cifras oficiales, son casi 100.000 las personas desaparecidas y no localizadas en México desde marzo de 1964 y hasta este mes de mayo. De esa cifra, más de 24.700 son mujeres (25%), principalmente de edades comprendidas entre los 14 y 19 años, “lo que abre una hipótesis importante de desaparición por trata y explotación sexual”, según la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.

La mayoría de las mujeres desparecieron a partir de 2007, justo después de que el entonces presidente Felipe Calderón iniciara la “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia para combatir a los cárteles de la droga con fuerza militar que también han aplicado los sucesivos mandatarios y que se ha visto acompañada del incremento de la criminalidad y la violencia en el país. Desde entonces, se ha mantenido una tendencia al alza en las desapariciones con pocas excepciones. 

En los últimos tres años, bajo el Gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido un aumento notable en el número de mujeres desaparecidas. En 2021 se alcanzó el récord de 2.800, según datos oficiales. Actualmente los cuatro estados con mayor índice de desaparición de mujeres son Jalisco, México, Tamaulipas y Nuevo León.

Para Olamendi el hecho de que las mujeres entren en el sistema de desaparecidas “ya es un problema, porque la mayor parte de esas niñas, adolescentes y mujeres son secuestradas, violadas y asesinadas”. Muchos de esos crímenes, además, no son clasificados como feminicidios, sino como homicidios, y por tanto no se pueden medir correctamente, según explica.

De hecho, así lo corroboran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que en 2021 fueron asesinadas 3.750 mujeres y niñas en México y solo 1.004 de esos casos se investigan como feminicidios pues la mayoría de ellos se han tratado como homicidios dolosos. Este enero fueron asesinadas al menos 292 mujeres y niñas en todo el país, y solo 75 de esos casos se investigan como feminicidios.

Falta de datos fiables

La falta de estadísticas y datos fiables también condiciona la forma en la que se atiende la violencia de género en México. “No solo se trata de que los datos reflejen cuántas mujeres han sido asesinadas, sino que queremos saber cuántas llegan violentadas a una sala de urgencias o qué pasa con los centros de refugio. Necesitamos tener una línea transversal de información que nos permita tener datos, donde podamos leer qué pasa con las víctimas, quienes son los agresores y si son reincidentes”, explica a elDiario.es Alicia Leal, emprendedora social y defensora de los derechos de las mujeres. 

Leal, que renunció recientemente a la Secretaría de la Mujer en Nuevo León al no encontrar condiciones para seguir trabajando de manera segura, recuerda que México cuenta con leyes para abordar la violencia de género “pero falta implementarlas” e insiste en la necesidad de homologar un código de procedimientos penales con perspectiva de género en todo el país.

“Tenemos que garantizar que los derechos de las mujeres viajen con las mujeres a cualquier parte del país, e independientemente del estado en el que se pueda cometer un delito, las mujeres puedan encontrar protección, porque eso a día de hoy no pasa”, asegura. 

Tal y como está planteada la actual ley de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en México, “cuyo objeto es coordinar instituciones en vez de garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres”, asegura Leal, no es posible identificar el problema y concentrar datos. Por ello, la experta aboga por un modelo amplio que coordine, homologue, mida y evalúe tanto los procesos como los resultados.

“Hay que crear engranajes para que este sistema funcione bien y que la sociedad civil y el Gobierno dejen de verse como antagonistas, porque necesitamos que fiscalía y seguridad pública trabajen de la mano también, que funcionen coordinadamente. Cuanta más gente haya vigilando los procesos, más difícil será que haya irregularidades, negligencias o corruptelas”, explica. 

Un presidente que “minimiza” el problema

Tanto Olamendi como Leal lamentan que haya autoridades en el país que minimicen el problema de la violencia de género, como es el caso del propio López Obrador, quien llegó a decir que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres eran falsas, cuando se estima que, de media, 11 mujeres son asesinadas cada día en México en casos de violencia de género. El mandatario también ha insinuado que los colectivos feministas mexicanos se han convertido en un movimiento opositor a su Gobierno.

“Tenemos una autoridad omisa que ve en el movimiento feminista enemigas y no mujeres que demandan el cumplimiento de sus derechos”, critica Olamendi, que fue representante de ONU Mujeres.

Olamendi recuerda que años atrás en México al menos hubo un trabajo conjunto entre Gobierno, organizaciones de mujeres, organismos internacionales y partidos políticos que ayudó a que se produjeran algunos avances. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aprobó la ley de paridad electoral; en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dio luz verde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que bajo el mandato de Vicente Fox (2000-2006) se desarrollaron programas sociales y “hubo un intenso trabajo con los institutos de las mujeres”, según Olamendi. Ahora, sin embargo, “con López Obrador ni siquiera hay diálogo”. 

“Hemos pasado a ser enemigas, no hay interlocución con ningún organismo gubernamental, y el presidente incluso se burla y dice que somos unas exageradas”, añade. El Gobierno, además, ha rechazado lanzar una alerta nacional de violencia de género, como reclamaban los colectivos feministas, a pesar del alto número de feminicidios y desapariciones de mujeres que acumula el país. En opinión de Alicia Leal, López Obrador “no quiere ver la terrible y dolorosa realidad” que atraviesan las mujeres en México “porque cuestiona muchos de sus principios, y por eso su mecanismo de defensa es minimizar el problema” de la violencia de género.

Olamendi considera que un primer paso hacia el cambio sería reconocer la violencia de género como un grave problema de seguridad, si bien México también necesita crear un plan de acciones concretas, que incluya una policía especializada, prevención en escuelas, mecanismos de protección y reparación a las víctimas y juzgados especializados que den una respuesta inmediata, entre otras medidas.

La esperanza es la movilización de las feministas en el país, que están consiguiendo algún cambio en la cultura popular, por ejemplo, que la televisión aborde la violencia de género. “Eso era impensable años atrás... Se trata el tema y hay una indignación social que antes no veíamos”, dice Olamendi. “Todo eso da esperanza porque quiere decir que la gente está comprendiendo la magnitud del problema y que ni la cultura machista ni este clima de impunidad pueden continuar. Lo único que nos puede salvar es esta conciencia feminista”, concluye.

MGA

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