La Justicia chilena archiva la denuncia de la Policía contra LasTesis: “Es un avance en el respaldo a la libertad de expresión”

La policía chilena comenzó el 2021 con un revés judicial. Un tribunal de Valparaíso archivó la causa abierta contra las cuatro integrantes del colectivo feminista LasTesis, creadoras del himno conocido a nivel mundial “Un violador en tu camino”, por los delitos de atentado contra la autoridad y amenazas.

Carabineros presentó una denuncia en junio del año pasado en contra de Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres por la publicación de un vídeo contra la violencia policial “Manifiesto Against Police Violence”, registrado junto a integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot y difundido un mes antes en redes sociales. La grabación muestra a las activistas chilenas con mascarillas y manifestándose pacíficamente en el exterior de una comisaría de policía, desde donde repudian prácticas policiales ejercidas durante el estallido social de octubre de 2019 y la pandemia. Los uniformados interpretaron la grabación como una llamada a la violencia contra la institución y lo denunciaron. 

Ahora una jueza le dio la razón a las cuatro mujeres. En una audiencia celebrada este lunes, la magistrada decidió suspender definitivamente el proceso y dar por válidos los argumentos del Ministerio Público, que sostenía que “el hecho investigado no es constitutivo de delito”. La juez no pudo acreditar que existiera una relación entre los dichos del grupo feminista y las agresiones a la policía que se señalaban en la denuncia.

Tampoco se probó que las declaraciones que aparecían en el vídeo hubiesen generado un peligro para los uniformados. “Queda esclarecido que las palabras a las que se les atribuyen ser portadoras de un injusto típico de amenazas se profieren en el contexto de un vídeo [...] dentro de un contexto de carácter artístico”, indica el fiscal Cristian Andrade en la solicitud de sobreseimiento aceptado por la jueza. El texto señala que la polémica expresión que aparece en el audiovisual “Fuego a los pacos, fuego a la yuta” , nombre con el que en el país se conoce a la policía, “lo más que podría estimarse es como una proposición de atentado”, sin embargo, aclara, el Código Penal chileno precisa que “estas conductas en actos preparatorios son impunes por regla general”.

Un proceso penal “vago y sin fundamentos”

“Esperamos que ningún colectivo artístico o artista en Chile tenga que enfrentarse a un proceso judicial por el contenido de sus obras. Esperamos que todas, todes y todos podamos crear con libertad y sin miedo a la persecución y censura”, expresaron LasTesis tras conocer la decisión judicial. “También esperamos que los recursos públicos se inviertan en luchar contra la impunidad de abusadores sexuales, violadores y feminicidas; contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y de las violaciones de los derechos de mujeres y disidencias; y por la liberación de las, les y los presos políticos de la revuelta”, añadieron en su comunicado, en relación a los más de 200 jóvenes que, tras más de un año, permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio por las movilizaciones que empezaron en octubre de 2019. 

“Esto es un gran avance hacia la labor de las personas defensoras de los derechos humanos”, comenta a elDiario.es la abogada de las activistas, Karinna Fernández. Para ella, la decisión de la jueza también avanza en el “respaldo a la libertad de expresión en Chile”, sobre todo en relación al uso del “arte como herramienta para combatir la violencia de género” y puede interpretarse como “un rechazo a la criminalización de la protesta social”.

La abogada destaca “la falta de seriedad de la denuncia” y pone énfasis en “lo absurdo” de la acusación y de un proceso penal “vago y sin fundamentos”. De hecho, el fiscal señaló en su escrito que los antecedentes de la denuncia no cumplen “los requisitos de seriedad y verosimilitud de las amenazas” que exigen los delitos imputados. Andrade descarta la relación causal entre las expresiones contenidas en el vídeo y los ataques que se produjeron en las comisarías porque estos ocurrieron antes de la difusión del audiovisual en las redes sociales: “Aquello que pasó meses antes de ser grabado el vídeo no puede ser atribuido causalmente a éste”, argumenta. Y agrega: “Ni literal ni contextualmente es posible obtener de todo el vídeo alguna alusión a lugares, personas, épocas, medios a emplear en los que se pudieran dar pretendidos atentados contra carabineros”.

Aunque el caso se da por cerrado y la decisión de la jueza no es apelable ni recurrible, Karinna Fernández subraya que la investigación, que duró meses, estuvo en manos “de los mismos agentes que realizaron la denuncia”. La defensora también recuerda que contemplaba un delito penal incluido en el Código de Justicia Militar, cuyas normas “buscan proteger bienes jurídicos castrenses que no deben aplicarse a civiles, según el ordenamiento internacional”. 

Preocupación internacional 

Durante la investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano independiente vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y encargado de proteger los derechos humanos en el continente, mostró su preocupación por el proceso penal abierto en contra de las artistas y alertó de que podría criminalizar expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión. También un grupo de expertos de la ONU solicitó retirar los cargos en contra del grupo e incluso actrices de Hollywood, entre ellas Natalie Portman, Julianne Moore o Milla Jovovich firmaron una petición dirigida al gobierno de Sebastián Piñera en el mismo sentido. 

La posición del Ejecutivo –a través del Ministerio de Interior– siempre fue de respaldo públicamente a los uniformados: “La institución tiene todo el derecho para ejercer las acciones que estime conveniente para proteger la dignidad y la imagen de la institución”, dijo Gonzalo Blumel, titular de la cartera cuando se presentó la denuncia. Además, en una carta de respuesta a la ONU, Interior expuso que “no podría considerarse que las expresiones punibles formen parte de la esfera protegida de la libertad de expresión”.

El colectivo, que ha sido nominado por la revista estadounidense Time como una de las 100 personalidades más influyentes del 2020, explicó hace meses en una entrevista que la demanda les provocó una sensación de “hostigamiento” y la calificaron de “intento de intimidación y amedrentamiento”. “Somos artistas, podemos decir lo que queremos en ese sentido porque la literalidad aquí no tiene sentido, estamos en un terreno de la metáfora, de la poesía [...] Es realmente sacado de una novela de fantasía, no tiene mayor sentido”, expresaron entonces. El tiempo y la Justicia les dieron la razón.